Juana Rivas ingresa en prisión

La granadina, condenada a dos años y seis meses de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2016, entró voluntariamente en este recinto penitenciario a las 10.00 horas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el magistrado Manuel Piñar, que se negó a conocederle el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena por ser esta superior a dos años.

La defensa de la madre, el abogado Carlos Aránguez, estaba pendiente de que el juez se pronunciase sobre el recurso que interpuso contra el auto que enviaba a la granadina directa al penal por haber cometido un secuestro parental, pero su encarcelamiento se ha producido antes incluso de que este se haya resuelto, a tan solo un día de que finalizase el plazo otorgado por el órgano judicial.

En una nota de prensa, la defensa de Rivas aseguró que empleará «todas las vías legales para que esta situación dure el menor tiempo posible», con la vista puesta en la eventual estimación de su recurso. También recuerda en su comunicado que están «la clasificación en tercer grado penitenciario y la concesión del indulto total».

El indulto de Juana fue solicitado por su letrado el pasado 4 de mayo y se encuentra tramitándose en el Gobierno central, que es el que decidirá si perdona o no el castigo a la granadina, que siempre se ha escudado en que se quedó en España para proteger a sus hijos.

Cabe recordar que, cuando llegó a Maracena, donde vive su familia, la mujer denunció ante la Guardia Civil supuestos malos tratos y vejaciones por parte de su expareja y padre de sus hijos, el genovés Francesco Arcuri, siendo esta denuncia derivada por la justicia española a Italia, donde acabó archivada. Allí, en el país transalpino, donde de igual modo se dio carpetazo a otras denuncias posteriores de la granadina, existen, según su defensa, otras 'vivas' por supuesta violencia familiar, las cuales se acumularon.

El padre de los niños, Francesco Arcuri, cuyo letrado en España es Enrique Zambrano, regentaba una hospedería en Carloforte, al sur de Cerdeña, cuando la granadina sustrajo a los dos hijos menores de ambos. Actualmente, los niños viven allí con su padre, a quien el Tribunal de Cagliari otorgó su custodia exclusiva a raíz de un contundente informe pericial que no dejaba en muy buen lugar a la madre de Maracena.

Aparte del recurso que la defensa interpuso en el propio juzgado de lo Penal 1, está aún la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de Granada en caso de que el juez Piñar ratifique su decisión y desestime esa primera impugnación contra el auto de su encarcelamiento.

La pena que se impuso a Juana fue incialmente de cinco años de encierro, así como de seis años de privación de la patria potestad. Aparte debía pagar una indemnización a su expareja por el daño que le produjo al traerse los niños a España. Esa indemnización, que la Audiencia dejó en 12.000 euros, ya ha sido abonada gracias a aportaciones de particulares. La pena de privación de patria potestad se mantiene invariable.

Fue el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo el que, a finales de abril, revisó el caso de la madre de Maracena y, aunque confirmó su condena por sustracción de menores, estimó en parte su recurso de casación y le redujo la pena a la mitad por entender que había cometido un solo delito de sustracción de menores y no dos.

Esa decisión fue la que abrió la puerta a que Juana Rivas entrase, como este viernes ha sucedido, en un centro penitenciario para cumplir su condena, puesto que para que una pena de cárcel pueda ser suspendida el reo debe de cumplir una serie de requisitos legales. Estos son que el castigo sea igual o menor a dos años, que el reo haya pagado la responsabilidad civil y que carezca de antecedentes penales.

Pese a que el encierro de Juana era superior a dos años, su letrado confiaba en que el magistrado Manuel Piñar accedería a dejar en 'stand by' el encarcelamiento, dado que había solicitado su indulto, pero el juzgado siguió adelante con al ejecución de la sentencia.

En cuanto al futuro penitenciario de Juana, su defensa ya ha mencionado la posibilidad de que le sea concedido el tercer grado. Esta clasificación para un recluso debe ser propuesta por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, que está integrada por distintos expertos, y concedida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se halla en Madrid.

Si le es otorgado a la granadina ese tercer grado, podría salir y dormir en su domicilio, aunque sin la libertad condicional, según las fuentes penitenciarias consultadas, que indicaron que el tercer grado se reserva «para aquellos internos que, por sus circunstancias, estén capacitados para llevar un régimen de semilibertad».

Uno de los momentos claves del caso Juana Rivas fue cuando estuvo oculta con sus hijos durante un mes, en el verano de 2017, para evitar devolverlos a su progenitor, que siempre ha negado ser un maltratador. Tan solo consta un antiguo episodio en el que el hombre fue condenado tras un cruce de denuncias por una pelea protagonizada por ambos en 2009. El italiano aceptó en aquel entonces una pena de tres meses de prisión, la cual le fue suspendida. Nunca más, con posterioridad a aquel incidente, ha prosperado una denuncia de Rivas contra él.