El Consejo Consultivo avala la resolución del contrato del Palacio de Congresos después de 14 años
El órgano andaluz constata los «incumplimientos» por parte de la empresa adjudicataria y queda en el aire el futuro de estas instalaciones
El consorcio que gestiona el Palacio de Congresos de Granada (formado por la Junta al 66% y el Ayuntamiento al 34%) inició en mayo un ... proceso para revisar la concesión a la empresa adjudicataria de las instalaciones. La idea era conocer si procedía la resolución del contrato después de haber detectado incumplimientos económicos. Para tener las garantías jurídicas, los que tenían que tomar la decisión final, tenían que pasar por el trámite del Consejo Consultivo, para que este confirmase si debe acabar la relación contractual con esta concesionaria.
El Consejo Consultivo ya ha realizado un dictamen sobre el que tendrán que basarse las administraciones del consorcio para rescindir el contrato actual de gestión del Palacio que comenzó hace 14 años y que era por un periodo total de 25 años. La propuesta plantea interrumpir la concesión porque no se han cumplido los requisitos que se establecieron en el 2011.
El órgano consultivo dicta «favorablemente» a la propuesta de resolución del contrato, planteado por el propio Consorcio. El Consejo Consultivo indica que se le debe comunicar también la resolución de la concesión en un plazo de quince días desde que se adopte.
Como el consorcio tiene ahora que rescindir el contrato y acabar su relación con la empresa concesionaria del Palacio se abren dos escenarios. Uno de ellos sería que la Junta y el Ayuntamiento, como administraciones públicas gestoras de las instalaciones, se hiciesen cargo de su administración de manera directa; otro, sacar a concurso de nuevo la concesión, lo que podría acarrear el recurso en los tribunales de la actual concesionaria con futuro incierto.
La decisión firme del Consejo Consultivo deja en el aire el futuro del Palacio de Congresos, con una programación cerrada para 2026 y unas obras inminentes procedentes de fondos europeos para la modernización del edificio, que tiene más de 30 años.
El Consorcio ya inició el proceso de resolución del contrato anteriormente hace dos años exactamente, en noviembre de 2023, algo que no llegó a puerto. Ahora, en la segunda apertura del expediente, en junio de 2025, es cuando se ha pedido dictamen al Consutivo, algo que tendrán que gestionar y aterrizar tanto el Ayuntamiento como la Junta, a través de la Consejería de Fomento.
Precisamente, el estado del edificio es lo que ha quebrado la relación entre la empresa concesionaria y las administraciones gestoras del Palacio. No se ha llegado a un acuerdo entre las obligaciones de la empresa y las obras que tenía que realizar según contrato. La adjudicataria ha mantenido un pulso constante al entender que, de partida, el continente no presentaba las características físicas para todo el espectro de actividades que se habían planteado en la concesión. Un Palacio que no reunía ni siquiera las condiciones de seguridad y accesibilidad adaptadas a los tiempos ha sido el objeto de la disputa. También han influido las dificultades con las que se ha topado la empresa a la hora de ampliar su negocio con, por ejemplo, espectáculos en la cubierta del Palacio.
Concesión de 25 años
En diciembre de 2011 se formalizaron las características del contrato, en el que se adjudicaba a la sociedad 'Palacio de Exposiciones y Congresos S. A' con un canon variable de un 20,50% sobre los beneficios y otro fijo de 50.000 euros al año. Además incluía un plan de inversiones de 3,4 millones de euros a realizar durante los primeros ocho años de la concesión, establecida para que dure 25 años.
Las obras que tenía que hacer la empresa estaban relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, la seguridad en caso de incendio, la accesibilidad y las instalaciones audiovisuales.
Las conclusiones a las que llegó el Consorcio y que ha ratificado el Consejo Consultivo son que la documentación aportada por la empresa «no justifica ninguna de las inversiones que se deberían haber realizado».
El informe recoge que las principales actuaciones llevadas a cabo por la sociedad han estado encaminadas a la adaptación de la cubierta del Palacio a una zona de ocio y a la ejecución de un nuevo espacio de guardarropa y cafetería. «Todas ellas, sin la aprobación previa del consorcio», dice el documento.
Incumplimiento acreditado
El Consejo Consultivo indica en su dictamen que, a 30 de mayo de 2025, que la inversión justificada de la empresa es de «482.801 euros, muy inferior a la comprometida», y a la primera estimación que se hizo, y que queda por tanto acreditado «el incumplimiento» por parte de la concesionaria.
La empresa señala que no concibe que este proceso se produzca once años después del comienzo del contrato si el Consorcio consideraba que existía una situación de incumplimiento. «Se debería haber ejercitado dentro de una razonable inmediatez y nada de esto se hizo guardando silencio y, en consecuencia, su conducta ahora resulta contraria a la buena fe contractual».
El Consejo Consultivo concluye que «es evidente que hay sobrados incumplimientos de los términos de la concesión, que incluso pueden llegar a poner en peligro la seguridad pública con las responsabilidades que pueden derivarse». Para este órgano esto constituye «una grave infracción» de sus obligaciones y por eso dice que procede la resolución del contrato.
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