«Los ciudadanos se llevan una imagen negativa del Congreso. Lo que toca es ir todos juntos»
Jose Antonio Montilla | Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ·
«La suspensión de la actividad en la Universidad de Granada se debe a razones políticas o, en el mejor de los casos económicas, pero no sanitarias»Jose Antonio Montilla es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales; uno de esos cargos que suenan tan importantes y ... que el ciudadano de a pie se pregunta habitualmente en qué consistirá su trabajo. Es de los pocos que tiene despacho tanto en Moncloa como en el Congreso y en el Senado. Cordobés de nacimiento, granadino de adopción y trayectoria, la vicepresidenta Carmen Calvo tiró de él, entre otras cosas, por su perfil constitucionalista. Es catedrático de Derecho Constitucional desde 2004 y tiene una dilatada carrera en el ámbito universitario. Cuando llegó al Gobierno en 2018 estaba efervescente el conflicto catalán, ahora solapado –solo en parte– por la pandemia. Pasó el confinamiento en Madrid, volcado en la elaboración de textos jurídicos para gestionar una situación excepcional:«Aprendí que el ser optimista sirve para mantenerte fuerte en momentos muy duros». También ha sido uno de los interlocutores utilizados por el grupo socialista y por el Gobierno en las negociaciones conCiudadanos y en los 'armisticios' con Unidas Podemos. Para quien no lo supiera, en eso –más o menos– consiste su trabajo.
–Las Cortes jugaron un papel clave durante el estado de alarma. ¿Cuál fue su papel como secretario de Estado?
–Desde la perspectiva constitucional estaba en la elaboración de los decretos y órdenes y, además, trataba con los grupos. Lo sorprendente para mí fue que faltó comprender lo que nos estábamos jugando, no era momento de hacer partidismo ni de jugar a derribar al Gobierno. Era el momento de ir todos juntos y eso no se produjo. Que el PP no votará la prórroga del estado de alarma en un momento álgido de la pandemia nunca lo comprenderé, porque supone anteponer el interés partidista al interés general.
–¿Qué valoración hace del tono y el comportamiento en aquellos debates? Los ciudadanos siguieron más que nunca aquellas sesiones, se habrán llevado una percepción negativa de la política.
–Sin duda negativa. Y se mantiene ese tono bronco, tengo que decirlo. Vox ha llegado al Congreso con un discurso de odio y miedo. Lo peor no es su discurso, sino que contagia al PP. He oído cosas en el Congreso, y no solo dichas por Vox, que no ayudan nada a la imagen de la política. Tenemos que dejar una rendija abierta al acuerdo porque eso es lo que puede dar esperanza a la ciudadanía. Cuando dices que el Gobierno es criminal, eso cierra cualquier posibilidad de acuerdo. ¿Qué tiene que decir el Gobierno a eso? En la mayoría de las ocasiones, el Gobierno ha intentado dar otro tono, pero es muy difícil cuando escuchas las cosas que hemos escuchado.
–Tampoco la portavoz del PSOE es que emplee un tono excesivamente moderado. Y Unidas Podemos gusta de los golpes de efecto en el Congreso y en redes sociales. ¿Solo es achacable a Vox y al PP o toda la política está contaminada?
–Hay que distinguir al Gobierno del grupo parlamentario. Las intervenciones de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno no han tenido ese tono, ha estado en la llamada al acuerdo y al diálogo. Incluso las respuestas de los grupos que apoyan al Gobierno siempre han sido respuestas. Si te llaman hijo de terrorista es difícil que no reacciones ante eso. Lo que tocaba y lo que toca es ir todos juntos. Es absurdo actuar en clave electoral cuando además faltan tres años para unas elecciones.
–Visto lo que ha pasado en Madrid, ¿el estado de alarma era la única solución para las restricciones?
–El instrumento constitucional que hay para hacer frente a las pandemias es el estado de alarma, que permite limitar la libertad de circulación, de reunión... En marzo era la medida más adecuada. En este momento, cuando ya no hay estado de alarma, las comunidades están ejerciendo sus competencias y tienen la vía de la Ley Orgánica 3/86 para adoptar aquellas medidas que consideren oportunas. Pueden limitar algunos derechos fundamentales con intervención judicial. En Madrid, la Comunidad ha sustentado su orden en una ley ordinaria. Como vía supletoria se ha tenido que adoptar el estado de alarma, que no tiene que ver con el del 14 de marzo.
–Fue parte de aquellas conversaciones durante el estado de alarma. Si ahora hubiera que acudir a otro, ¿se dan las circunstancias políticas?
–En este momento de evolución de la pandemia hay vías jurídicas alternativas al estado de alarma. La relación del Gobierno con las comunidades autónomas es muy fluida. El conflicto de Madrid es la excepción. Si se produjera una situación asimilable a la del 14 de marzo, no me imagino la irresponsabilidad de no apoyar un estado de alarma. A veces olvidamos que hay comunidades que lo han hecho bien y conseguido reducir la incidencia de la pandemia.
–¿En Andalucía se está haciendo bien o habría que hacer algo más con el marco normativo actual?
–Cuando a la Junta le tocó gestionar la pandemia, las reglas estaban claras. Se establecieron varios criterios: aumento de rastreadores y refuerzo de la atención primaria. Es evidente que en Andalucía no se ha hecho el refuerzo de la atención primaria, el sistema se está manteniendo por el esfuerzo sobrehumano que están haciendo los profesionales. Se ponen enfermos y no son sustituidos. La estructura del sistema público de salud es todavía fuerte, aquí no ha sido desmontado, como en Madrid. Será desmontado si la derecha sigue gobernando durante más años. Si a finales de agosto escuchas al presidente de la Junta decir que el Gobierno adopte las medidas para que los niños puedan volver con seguridad a clase, cuando lo tenía que haber hecho la comunidad desde junio, te da la sensación de que ha habido cierto tancredismo; esperar para echarle la culpa al Gobierno.
–¿Cómo valora las medidas adoptadas esta semana en Granada?
–La suspensión de la actividad universitaria en Granada obedece a razones políticas o, en el mejor de los casos económicas, pero no sanitarias pues es evidente que las aulas, las bibliotecas o los laboratorios no han sido hasta aquí foco de contagio. Es lo que nunca debe hacer una administración en la lucha contra la pandemia. Y las restricciones de aforos y horarios son las medidas que deberían haberse adoptado antes, o al menos a la vez, que el cierre de aulas. Hay otro elemento a poner sobre la mesa: la importancia de la responsabilidad individual. En la lucha contra la enfermedad no basta con echarle la culpa a los políticos. Si te metes en un mogollón de gente cualquier contagio que salga de ahí no podrá ser rastreado. Tenemos que saber con quiénes hemos estado en la última semana. Y eso no depende de los políticos.
–Y, en paralelo a la pandemia, está la negociación de los presupuestos. ¿Es optimista?
–Poner en marcha el plan de recuperación y aprobar los presupuesto es a lo que teníamos que estar dedicados todos. Si sabemos que para poner en marcha las ayudas europeas necesitamos unos presupuestos como instrumento, cómo vas a estar en contra. Entendería que el PP se abstuviera porque no son sus presupuestos; aunque no creo que vayan a ser unos presupuestos de partido, porque las necesidades son muy claras y todos podemos coincidir en ellas. Puedo entender que el PP no los vote; ahora, que los bloquee no puedo entenderlo. Vox es antisistema, ni me lo planteo, pero el PP, que es un partido que ha estado en el Gobierno, que vote en contra yo no lo puedo entender. Creo que se conseguirá la mayoría suficiente con el resto de grupos. Otro escenario me parecería un fracaso, no del Gobierno, sino del país. Si algo he aprendido es que el Estado está por encima de los partidos.
–En esas conversaciones, ¿se cree el giro de Ciudadanos?
–Sí. Ciudadanos tuvo una actitud de colaboración en el estado de alarma, puso por delante lo que necesitaba el país en ese momento y también creo que entiende esto, que no puede dejar de apoyarnos los presupuestos.
–¿Los independentistas y nacionalistas pesan tanto?
–El Gobierno lo que pretende es sacar los presupuestos con el mayor apoyo posible. Cada uno tiene los votos que tiene. ERC tiene 13, pues ese es el peso. Y Ciudadanos tiene diez. La llamada del Gobierno no es a uno y otro grupo, es a todos. Son unos presupuestos del país, que pretenden reforzar los servicios públicos y encauzar los proyectos que se van a financiar con fondos europeos. Soy moderadamente optimista. En este momento es muy difícil decir que no a los presupuestos.
–Durante el estado de alarma se produjo una foto difícil de entender, aquella con Bildu.
–Bildu viene del odio. Igual que hay partidos que están anclados en el discurso del odio, Bildu viene de ahí y tiene voluntad de normalización, con toda la mochila que tiene. Cuando alguien pretende incorporarse al sistema, haría mal el sistema en cerrarle puertas. Esa es la situación de Bildu. El Gobierno ha demostrado que puede hablar con cualquiera.
–Pero a Vox no lo incluye.
–Porque Vox no quiere. Abascal no le coge el teléfono al presidente del Gobierno. Vox llama asesino al Gobierno. Ahora habrá una moción de censura que va a ser una pérdida de tiempo y de valor político, se dirán palabras gruesas e insultos, justo lo contrario de lo que necesita el país en este momento. Como se sitúa la CUP.
«Vox ha llegado al Congreso con un discurso de odio y de miedo y lo peor es que contagia al PP»
«Entendería que el PP se abstuviera, pero que bloquee los presupuestos no puedo entenderlo»
«Bildu viene del discurso del odio pero tiene voluntad de normalización; con toda su mochila»
–¿El conflicto catalán tiene solución?
–Es otro conflicto que tiene que tener solución. Imagine que nos resignásemos y dijéramos que no tiene solución. La actitud del Gobierno es la de hablar. Hay que hablar, cada uno con su posición. El marco es la Constitución, todo lo que quepa se puede hablar. No es la Constitución que algunos ven como algo cerrado, con la que arrear al que plantea algo distinto, es un marco amplio. Siempre digo qué mal lo ha tenido que hacer el Gobierno del PP para que en 2011, cuando Zapatero deja el Gobierno, hubiera un 10 o un 15% de independentistas en Cataluña y en 2018, cuando el PSOE volvió al Gobierno, hubiera un 48%. Eso es un problemón. Ante eso tienes que empezar a hablar y ver cómo lo puedes abordar, sabiendo que no es algo que vayas a resolver el año que viene ni el otro. Estamos en una fase muy inicial pero con la voluntad de resolver el conflicto. Lo único que no podemos permitir es que el independentismo siga creciendo en Cataluña. Si sigue creciendo el problema será cada vez más grande.
–¿Se equivocó el Gobierno con el veto al Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces?
–Cuando el Gobierno plantea una posición lo hace teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren. No conozco cuáles son los criterios que se pudieron poner encima de la mesa. Ese es el típico conflicto que se ha sobredimensionado, no tiene la trascendencia que se le ha querido dar. Se produce el ruido y ya está.
–Pero sigue vivo el discurso sobre la monarquía...
–La posición del PSOE y del Gobierno es muy clara: el pacto constitucional de 1978. Respetamos el pacto constitucional. Aún siendo un partido de tradición republicana, el PSOE respeta el pacto constitucional que instaura en España la monarquía parlamentaria, que no es la monarquía histórica española, que es antidemocrática. La monarquía parlamentaria es plenamente democrática, la que tiene Holanda o Suecia. Ese fue el pacto: aceptamos la monarquía, pero la democrática. Todas sus decisiones tienen que ser refrendadas por el órgano político que tiene legitimación democrática directa.
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