La implantación de la mayor reforma judicial en 40 años colapsa los tribunales comarcales

Por ahora, de acuerdo a trabajadores y sindicatos, empeora la situación de unas sedes judiciales ya de por sí saturadas, ampliando la pendencia en algunos comarcales en hasta mil de asuntos en solo un mes, mientras crece el plazo para señalar los juicios en medio año más en las zonas más afectadas. Por su parte, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que reclamó sin resultado dotación económica al ministerio para aplicar la nueva ley, señala que no se les ha comunicado incidencias de «gravedad» y pide paciencia: «Los cambios requieren cierto tiempo de adaptación».

Los profesionales califican de «caos e improvisación la implantación» y temen los efectos que tendrán los cambios para una justicia castigada. Adelantan que habrá asuntos que, a raíz de las demoras y dilaciones provocadas por la reforma, no se podrán incluso investigar, por lo que hay riesgo de que prescriban o se archiven.

La ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación de los tribunales. Los juzgados desaparecen. Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Ya no hay funcionarios 'estanco', se cuenta con cuerpos comunes organizados por secciones; civil, penal... donde jueces y magistrados de esa materia tienen un grupo de funcionarios asignado.

La Junta de Andalucía valora positivamente que la reforma «implica que ya no se produce un reparto tan rígido de los asuntos, sino que se opta por un sistema de reparto más flexible y beneficioso para el servicio público al ciudadano», ya que persigue evitar que un asunto se paralice ante una baja o incidencia de la persona que lo lleva. Recientemente, y dentro de la ronda que la Consejería está realizando en todas las provincias, se mantuvo una reunión de seguimiento en la que participaron todos los operadores jurídicos de Granada y «en ningún momento se expresó esta problemática de mayor carga de trabajo o que vayan a existir problemas en la instrucción de determinados delitos». «No obstante, somos conscientes de que los cambios requieren cierto tiempo de adaptación», responde la Junta a preguntas de IDEAL. Por otra parte, apuntan que «las incidencias informáticas que se han producido no han sido ninguna de gravedad».

Sin embargo, las deficiencias tecnológicas, las vacantes de personal por cubrir y la premura con la que se ha implantado la reforma han provocado la tormenta perfecta en las sedes. En los tribunales de instancia de Santa Fe y Loja, la situación es «insostenible». En otros partidos también está empezando a pasar lo mismo. IDEAL repasa el panorama de alguno de ellos para conocer de la mano de sus trabajadores la realidad diaria a la que se enfrentan.

En Santa Fe la plantilla señala que faltan cerca de nueve plazas por cubrir, algunas por jubilación y otras por traslado. Aseguran que hasta el 22 de julio la administración no formalizó la mudanza, cuando ya a pulso los funcionarios se habían reorganizado en sus nuevas secciones por el juzgado con sus propios medios, trasladando a pulso los expedientes a sus nuevas ubicaciones.

Los fallos en los sistemas informáticos son recurrentes. Intercambian claves personales para no estar de brazos cruzados, no tienen acceso a todos los expedientes, deben consultar los cuatro correos encorsetados en los antiguos cuatro juzgados de antes. «Hemos duplicado el trabajo desde que empezó la nueva ley. En lo que va de año tenemos 5.000 asuntos pendientes, mil de ellos entraron en julio. Los asuntos se acumulan y habrá alguno al que no le podamos meter mano. Ya estamos señalando juicios para mediados de 2027», narran con frenesí.

En el tribunal de instancia de Baza no hay letrado que sepa donde presentar los escritos. Cuesta seguir la pista a los antiguos procedimientos y los funcionarios van de planta en planta hasta aclararse. La sección Civil ya está colapsada y Penal «va por el mismo camino». A la plantilla, le falta todavía un tramitador, un gestor y un auxilio judicial.

La Junta de Andalucía señala que las incidencias que se están produciendo en cuanto al personal son debidas a que desde el Ministerio de Justicia se ha convocado un concurso de traslado al mismo tiempo que las comunidades autónomas adaptan las relaciones de puesto de trabajo (RPT) al nuevo modelo de tribunal de instancia, lo que ha supuesto una dificultad añadida a todo el proceso de cambio. Debido a este concurso, en Santa Fe y Baza se han producido varias vacantes, al marcharse los funcionarios y no haber solicitado ninguno dichas plazas. En concreto, cuatro en Santa Fe y uno en Baza.

La consejería señala que ha incrementado la plantilla de estos juzgados: dos en Santa Fe y uno en Baza. Todas estas plazas deben ser adjudicadas por comisión de servicio, es decir, mediante el nombramiento de interinos, «proceso que ha sido mucho más complejo al coincidir el concurso de traslado con la implantación de la RPT».

En Loja el personal también lamenta que la reforma ha entrado en vigor sin más personal y el «retraso que había ha aumentado». «El momento de entrada en vigor ha sido en pleno apogeo antes de un agosto inhábil y con muchos empleados de vacaciones», cuenta un trabajador. En el tribunal, hay pendientes 1.200 asuntos en Civil y otros 200 en penal. «Estamos señalando para junio de 2026. Antes se señalaban juicios en un plazo de cuatro meses y hemos pasado a nueve. El personal siempre falta incluso cuando estamos toda la plantilla. Han quedado plazas sin cubrir por el concurso de traslados y llevamos tres meses esperando que se nombre un nuevo gestor en la sección Penal. Se tarda mucho en nombrar las bajas y encima en esta reforma nos sentimos los conejillos de indias. Ya estábamos abandonados de por sí. No se puede impartir justicia tan tarde», lamenta.

En la misma línea, la plantilla de Almuñécar cuenta que van «como pollos sin cabeza». «No sabemos ni los asuntos que tenemos. Han hecho cambios bestiales, nos han movido y ya no controlamos las parcelas. Ni siquiera el programa deja ver lo que te queda pendiente Se han hecho los cambios a base de comunicaciones por whatsapp y sin tiempo. A mí me han movido dos veces en mis funciones», denuncia otro empleado. «El problema es estructural. No se han actualizado los medios desde hace demasiado tiempo, tampoco se incentiva al personal ni se amplían las plantillas. Tenemos que adaptarnos cada dos por tres y el trabajador no tiene nunca las cosas claras», añade. En el tribunal, hay dos vacantes por cubrir.

En el tribunal de instancia de Órgiva se desplazan de edificio en edificio judicial para ponerse al día en los expedientes. La mudanza se hizo después del 1 de julio, fecha en la que tendría que estar en marcha la normativa. «Debería haberse creado el servicio común con tres compañeros nuevos y solo se ha incorporado hace unos días uno de ellos», remacha un trabajador. «La gente no se imagina cómo funcionamos. Hoy me han llamado para una incidencia informática creada hace cuatro meses».

Davinia Baños, representante sindical de SPJ USO, critica que el cambio mas significativo que vive la justicia ha llegado sin un «presupuesto adecuado ni previsión temporal para adaptar la reforma». «En algunas zonas no hay siquiera terminada la implantación, como Santa Fe. Muchos juzgados tienen ya más de 30% de sobrecarga de trabajo de la habitual, cuando la mayoría estaban saturados. Se ha producido una falta de negociación de los aspectos más lesivos de esta norma y no ha habido un estudio real sobre el personal o los recursos del trabajo», añade la portavoz, que a pesar de la problemática destaca la implicación y la disposición de parte del personal de la delegación de Justicia de la Junta.

Silvia Martín, representante de la Junta de Personal y delegada sindical de CSIF, manifiesta que esta situación caótica no sólo la viven día a día los funcionarios de justicia sino también los miembros del poder judicial que son nombrados para sustituciones en los pueblos y para poder actuar necesitan de un alta informática que nunca llega, y ya se han dado casos de que es fundamental este alta informática porque depende de ello la puesta en libertad de detenidos o por el contrario el ingreso en prisión. Con el cuerpo de Letrados de Administración de Justicia ocurre lo mismo. «Tanto los funcionarios como sus jefaturas se están viendo obligados a utilizar las claves de otros usuarios, cuestión que no está permitida legalmente por el tema de la protección de datos», añade. «CSIF ya tenemos denunciada esta situación, la Consejería debe afrontar lo más urgentemente posible una profunda reforma de este servicio informático en tanto que los funcionarios no somos administradores del sistema y por tanto no se nos permite hacer ningún tipo de cambio en los medios informáticos», añade.

UGT y CCOO comparten el diagnóstico. El último de ellos añade que «debería haber más plantillas en los juzgados». Además, recuerda que se solicitó una prórroga y «se ha hecho a martillazos».