Así es el mapa de la okupación en Granada
El fenómeno está creciendo en los últimos años, sobre todo en Norte o en barrios como el Albaicín o el Realejo
Sergio González Hueso
Granada
Domingo, 30 de octubre 2022, 00:25
La okupación de viviendas es un fenómeno que está creciendo poco a poco a medida de que lo han hecho también las casas vacías. Se ... calcula que estos episodios han aumentado en España de media un 40% en los últimos cuatro años. Así se desprende de las cifras que en su día hizo públicas la Administración General del Estado y que, actualmente, pueden definir bien lo que sucede en la capital, según las fuentes consultadas por este periódico.
Sin embargo, hoy por hoy no existe un censo claro de viviendas usurpadas. Al menos, nadie por parte de la Policía Local ni tampoco de la Nacional está dispuesta a colaborar en su elaboración. Al igual que las administraciones locales, prefieren no pisar un terreno que resulta movedizo hoy aunque forme parte de la actualidad reciente de casi todos los distritos administrativos de la capital.
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Esto mismo se puede comprobar en el 'mapa' de la okupación de la capital que ha elaborado este periódico con la ayuda de más de una veintena de asociaciones de vecinos y de algunas fuentes de la Administración pública que han tenido a bien colaborar en esta difícil empresa. Por lo que se puede ver en el mismo, este problema tiene una implantación desigual. Es claro que la okupación va por barrios. Y afecta principalmente a los históricos como el Albaicín, el Relajo y San Ildefonso, pero también a las zonas urbanísticamente más depauperadas, como pueden ser las que componen el distrito Norte o algunos puntos concretos de Zaidín y Chana.
En total, y según ha podido cotejar IDEAL, hay 54 calles en las que se tiene constancia de que haya al menos una casa okupada. De ellas, más de la mitad se reparten entre Norte y el Albaicín. Pero hay más; casas 'invisibles' para los vecinos y algunas administraciones cuyo secreto es no generar ningún problema de convivencia en el barrio para pasar desapercibidos salvo para los legítimos propietarios.
Estos pueden ser desde un vecino que vive en Madrid, a la Junta de Andalucía o un fondo de inversión. En la mayoría de casos no se pregunta por el dueño; simplemente se aprovecha que la vivienda está vacía para darle una patada a la puerta. A partir de ahí, llegan los problemas. Y no solo para el dueño de la propiedad, también lo suele ser para el resto de vecinos, pues las okupaciones que se hacen visibles en los barrios lo son por estar detrás de conductas indeseables como los ruidos, las riñas o el consumo y tráfico de drogas, tal y como está sucediendo actualmente en muchos puntos de la cartografía granadina.
Ciudadanos como Carlos Yagüe, que forma parte de la asociación de vecinos del Albaicín, alertan que esto se ha convertido en un grave problema para barrios como el suyo. «La gran extensión de este distrito, su trama urbana y la tipología de las casas, lo han convertido en un lugar predilecto para la okupación», cuenta. Este vecino y otros con casa en este barrio Patrimonio de la Humanidad llevan ya algunos años denunciando cómo se están apropiando de cármenes o casas protegidas creando focos de insalubridad y delincuencia a tiro de piedra; en el epicentro turístico de Granada. Un ejemplo reciente puede ser la Casa del Aire, que ha salido ardiendo en varias ocasiones este mismo año para pavor de los vecinos.
«La ley es una mierda»
En el Albaicín operan de manera continua ciertos grupos que hasta negocian con las casas, que en su mayoría, al menos en este barrio, tienen propietarios de carne y hueso. En otras zonas está pasando lo mismo desde hace años, por ejemplo en Norte, con el agravante de que se está perjudicando a la propia administración. O en otras palabras, a la sociedad en su conjunto, pues la promoción pública de viviendas no se libra de estas conductas. En este distrito abundan las casas autonómicas que están okupadas por decenas, por ejemplo, en calles como Molino Nuevo, Casería de Aguirre, Merced Alta o la avenida Joaquina Eguaras. Y en muchas ocasiones, estas viviendas ni siquiera se habitan; simplemente se usan para desarrollar hechos delictivos.
«El problema es que se está usurpando el derecho de disfrutar de estas viviendas a quienes de verdad las necesitan, que son las inscritas en el registro oficial de demandantes», recuerda una fuente consultada por IDEAL.
Otros barrios como Realejo, Chana, Zaidín o San Ildefonso también sufren esta lacra. Precisamente en este último hasta se ha formado un grupo vecinal que trabaja con el fin de recuperar viviendas. Esta gente no quiere tener pared con pared a un perfil de vecino que poco tiene que ver, según dicen, con el de familias desamparadas con hijos pequeños.
Llevan siete casas liberadas en el último año, pero saben que aún quedan más. Que tengan constancia, hay okupas en varias casas en Baja de San Ildefonso, en la Cuesta Caracas o en la Placeta de la Cruz. «La ley es una mierda», se queja una de estas vecina, que cree que las normas son demasiado garantistas.Este es un debate que se está librando en la calle y también en el Congreso, donde parece estar disputándose una carrera para ver quién pone más atención a la okupación, en la que concurren también otros problemas de rabiosa actualidad como la falta de vivienda pública o el encarecimiento de los alquileres.
El presidente de los vecinos del Realejo, Alejandro Corral, asiste cada mes a la junta municipal del distrito Centro. Y en la mayoría de estas reuniones siempre sale este problema a relucir. Es por eso que no puede negar que esté en auge. Calles como Concepción o Catalina Baja, entre otras, mantienen okupas en el vecindario. Son localizaciones casi míticas; donde confluyen factores que hacen casi imposible la resolución de problemas de convivencia diarios. Sin embargo, Corral no cree que este asunto sea como para poner el grito en el cielo.«Es verdad que cada vez hay un poquito más, pero la cosa no es como para generar alarma social», defiende.
Su opinión es compartida por otros representantes vecinales o agentes sociales, entre los que se encuentra el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín. Opina que habría que focalizar este asunto de una manera diferente. «Son dos derechos fundamentales en conflicto:el derecho a la propiedad privada y el de la vivienda», dice Martín. A su juicio, los problemas serían menos si los alquileres se regularan para evitar su encarecimiento o bien se construyeran más viviendas públicas.
Una solución que difiere de la de partidos como el PP, para el que habría que endurecer las penas para los okupas o agilizar todos los trámites necesarios para devolver las viviendas 'asaltadas' a sus legítimos propietarios.
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