La saturación en los juzgados de violencia de género, un peligro añadido para las víctimas

SOS. Los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer piden auxilio con desesperación. El trabajo sale adelante por el empeño de la plantilla. Las magistradas llevan carpetas a casa para redactar las sentencias y, por responsabilidad, la jornada para el resto de funcionarios se alarga por las tardes con frecuencia sin que esa prolongación esté retribuida como servicio de guardia. En el juzgado que está de permanencia, que de forma alterna cada semana se hace cargo de los casos urgentes, la mañana comienza con once detenidos que derivan del fin de semana. Antes del mediodía ya eran 14.

Hasta las 13.00 horas pueden entrar más. No hay descanso. En el despacho se oyen los llantos que llegan de fuera y en intervalos de dos minutos, los funcionarios entran a intercambiar papeles y recogen los casos que la magistrada, tras evaluarlos, ha minutado con un «no puede esperar». La jueza escucha las declaraciones, remite el asunto al forense y se valoran las medidas cautelares. Mientras uno se hace cargo de lo que llega con urgencia, en el otro juzgado se afanan en desatascar las declaraciones pendientes y los juicios civiles, donde señalan una veintena por semana.

«No queremos tener la sensación de que hemos llegado tarde a un caso.», reflexionan los magistrados. «Una víctima tiene altibajos. Hoy sí, mañana dudan. No quieren someter a su familia a eso, se culpan y si no reciben una asistencia inmediata y adecuada pueden volver con su pareja. El componente sentimental de estos delitos no se puede obviar, necesitan una respuesta rápida», resumen.

La situación es insostenible. Hace un año, en abril de 2024, se trasladaron las competencias en violencia de género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital. Los tribunales han aumentado desde entonces más de un 40% su carga, pese a que ya superaban con creces el 'límite' deseable de asuntos que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por si fuera poco, una nueva tormenta se avecina. La implantación de la nueva ley de eficiencia judicial, en desarrollo con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, hará que en octubre se instruyan también los delitos sexuales en los que la víctima sea mujer, que son la mayoría. El cambio se hará antes de que en diciembre se pongan en marcha los nuevos tribunales de instancia y el Ejecutivo no admite moratoria. Un colapso sobre otro.

Cuentan los profesionales que anualmente entran casi 2.000 asuntos en cada uno de los juzgados, pese el umbral de 1.600 casos de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Además, en este 2025 las diligencias urgentes, los casos que necesitan una respuesta inmediata, alcanzan los 165, un 43% más que en 2024. Una vez que comience la aplicación de la medida, la carga pondrá al límite a los órganos.

La provincia registró en el último año 332 delitos contra la libertad sexual y este tipo de crimen ha crecido un 18% desde 2018. Las cifras hablan por sí solas y coinciden con lo que vio reflejado IDEAL tras pasar una jornada en los dos juzgados, donde el ajetreo y la presión eran contagiosos.

Los especialistas en la materia consideran que los juzgados de violencia van a perder la esencia, la razón por la que se crearon hace 20 años. «Nuestra víctima originaria, la que sufre a manos de su pareja o expareja, pasa a un segundo plano. Estamos enfocados al ámbito familiar. Somos especialistas en eso y se pone en duda la capacitación de juzgados de instrucción para la conocer los delitos sexuales. Quieren convertir los juzgados de violencia sobre la mujer en un macrojuzgado y no hay recursos», manifiestan.

El personal confiesa que atienden los casos con ansiedad para poder afrontar todos los que les depara el día. Temen una victimización secundaria de las afectadas. Los daños directos del delito pueden ir acompañados de una revictimización sería, que se produce cuando la víctima acude a las autoridades y no recibe el apoyo o asesoramiento adecuado.

«Intentamos que las mujeres que pasan la mañana aquí no vuelvan al día siguiente por no poder dar la respuesta que necesitan», comentan. «Te haces cargo de las demandas de divorcios, procedimientos civiles que han entrado, medidas de hijos o los escritos de dar cuenta en los ratos que te quedan libres», señalan las magistradas.

De forma puntual, los tribunales han recibido un juez de refuerzo, pero reclaman ampliar la plantilla con al menos dos más y los tramitadores necesarios. Relatan que decidieron quedarse en esta especialidad por la satisfacción que les produce ayudar. «Puedes hacer muchísimas cosas. Tratamos problemas a un nivel muy social, es justicia inmediata. Llega una mujer por la puerta en una situación caótica y tú puedes darles las herramientas para que retomen su vida. No hay trabajo más bonito que ese», señalan las juezas. «La violencia ha ido creciendo. Detrás de cada procedimiento hay muchas personas pendientes de nuestras decisiones», sentencian.

Los funcionarios son el termómetro que mide el nivel de colapso de los tribunales. Piden cambiar de destino por la presión con la que trabajan. «No sabemos cómo será cuando vengan los delitos sexuales. Estamos superados ya. Esto va a ser un caos, estamos agobiados», resumen a preguntas de IDEAL. «Al principio cuando se crearon los juzgados el trabajo era asequible. Ahora la mesa siempre está llena. Trabajamos con mucha presión porque debemos ser inmediatos. Muchos no lo soportan y se van», reflexionan.

Incluso los veteranos, los que llevan 20 años como funcionarios, piden marcharse. «Nunca hasta ahora había pedido el concurso de traslado. El esfuerzo es muy grande y está poco valorado. Las instalaciones se quedan pequeñas para las víctimas y los funcionarios. La semana que estás de guardia no puedes organizar tu vida... Es un cúmulo de cosas», añade una trabajadora. «Somos más que un juzgado. Tenemos un gran componente social. Aquí hemos buscado soluciones habitacionales a mujeres o ancianos para que se puedan cumplir las resoluciones judiciales. No podemos destinar solo siete minutos a una persona», lamentan los funcionarios.

Por último, los medios tecnológicos con los que cuentan lastran también la precaria situación del personal. El sistema informático Adriano, necesario para la tramitación procesal de los expedientes, se queda colgado cada dos por tres. En sala, es fundamental mejorar los medios tecnológicos de las videoconferencias. Las magistradas deben esperar a que se quede libre la sala para hacerlas un viernes cada dos semanas y a veces los fallos técnicos no se lo permiten. El personal reclama mejoras «inmediatas» en los recursos materiales y humanos. «Aquí no se trata de despachar papel, se trata de despachar problemas humanos muy serios. He solicitado que se establezca como plazas estructurales, un gestor más y un tramitador, pero que no sea una concesión que tengamos que estar reiterando trimestralmente. Los necesitamos permanentemente», remacha María Dolores Escudero, Letrada de la Administración de la Justicia.

En la fiscalía de violencia, tres titulares y un refuerzo temporal velan por la resolución de los casos. Susana Vega Torres, fiscal delegada de violencia de género, lamenta que desde que se constituyeron los tribunales hace 20 años cuentan con los mismos medios. Considera que los tribunales de instrucción deben llevar la carga de instruir los delitos sexuales. «Es imposible llevar los casos para nosotros, son investigaciones largas y estamos sobrecargados. Una reforma de este tipo no se puede hacer sin medios y dotación presupuestaria», denuncia. «Nuestra atención es específica a las víctimas que tienen una relación con su agresor. y se va a desvirtuar ese fin. Si seguimos así, acabaremos asumiendo todos los delitos que afecten a las mujeres», concluye.