El Supremo libra a Almuñécar de pagar más de 60 millones en estabilizar la ladera de Cármenes del Mar

En una providencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, en poder de este medio, el alto tribunal considera que el recurso «no se argumenta suficientemente» y condena a los recurrentes a las costas, que ascienden a 2.000 euros más IVA.

La única alternativa que le queda ahora a los vecinos es recibir la «oportuna indemnización, compensación económica o material» por los daños sufridos que solicitaba el auto, ahora firme, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió en junio de 2024. Se deberá calcular los daños e indemnizaciones que le corresponden a los propietarios, representados en este litigio por el abogado Hilario Aranda.

La urbanización se construyó en 1990 en el pago de Cerro Gordo y en el 2000 se entregaron las primeras llaves. El promotor de este complejo residencial, que en su día fue de alto standing, operó bajo dos figuras societarias, Cerro Gordo S.L (Comarex) y Leibi Global, levantó hasta 415 casas en esta ladera inestable que sufre desprendimientos continuos. El arreglo y la calzada de la ladera se ha estimado en más de 60 millones.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almuñécar fue condenado como responsable subsidiario tras la ruina de la promotora, pero alegó inviabilidad técnica de asumir el coste de estabilizar la ladera y los tribunales le dieron la razón.

En el escrito desestimado por el Supremo, el abogado de los perjudicados argumentaba que en sentencia firme sí se contemplaba como obligación subsidiaria de la administración local la reposición de la zona. Para los afectados y su defensa que el coste y la complejidad de las reparaciones sea superior «no son causa suficiente para afirmar que la sentencia sea de imposible cumplimiento», una cuestión que ya fue objeto de debate jurídico en el proceso principal.

El constructor, los profesionales y las empresas encargadas de los estudios técnicos y el diseño de la urbanización eran conocedores de la inestabilidad del terreno. Quienes gobernaban entonces el Ayuntamiento de Almuñécar dieron su beneplácito e impulsaron, a través de un plan parcial, la conversión de un solar rústico en urbano.

Para salvar el obstáculo de la inestabilidad del terreno, el promotor presentó un informe pericial que aseguraba que se estabilizaría la ladera mientras se construía. Pero ese proyecto se abandonó solo con el 10% terminado. Desde entonces, se han tenido que desalojar multitud de viviendas, aunque hay quien todavía vive allí.

En 2007, la promotora estimó que el arreglo con 52 pilotes de la ladera costaría 3,6 millones. Desde entonces, se han realizado cerca de cinco estudios adicionales que han valorado las obras en 15, 26 y 44 millones de euros. En 2023, tras un nuevo análisis la estabilización de la ladera y del residencial se valoró entre 50 y 80 millones de euros.

Por esta catástrofe urbanística, tanto la promotora como el resto de las empresas implicadas fueron condenadas solidariamente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 12 de Granada a reponer la urbanización en su estado original y estabilizar la ladera, sentencia ratificada por la Audiencia Provincial en 2017. El procedimiento se agotó hasta el final con un recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la promotora se declaró en quiebra y entró en concurso de acreedores. Los vecinos abrieron de forma paralela este proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento que ahora es un callejón sin salidad. En 2020 el TSJA le condena a reparar Cármenes del Mar en sustitución del promotor, hasta que el recurso al TSJAle dio la razón a Almuñécar en 2024.

Los vecinos han reclamado en los tribunales el dinero de los seguros de responsabilidad civil de empresas y sus profesionales que fueron condenados. 90 familias afectadas de las fases Atarazanas y Pueblo denunciaron a varias aseguradoras en el juzgado de primera instancia número 33 de Madrid.