El Gobierno indulta a Andrea Martín, condenada a tres años de cárcel por el accidente mortal en Ron Montero

El Boletín Oficial del Estado de este 25 de mayo publica el Real Decreto 404/2022, de 24 de mayo, por el que se indulta a Andrea Martín Targa, condenada por el juzgado de lo Penal número 2 de Motril, en sentencia de 3 de abril de 2019, como autora de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave a la pena de tres años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiemo de la condena, por años cometidos en el año 2014.

Según recoge el BOE, «se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta de la ministra de justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de mayo de 2022».

«Vengo a conmutar a doña Andrea Alejandra Martín Targa la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publiación del real decreto», resuelve el documento firmado por la ministra de justicia, María Pilar Llop Cuenca que publica hoy el BOE.

El 2 de julio de 2014 se produjo una violenta explosión que incendió la fábrica de ron al entrar en contacto una lámpara con una atmósfera inflamable. Un accidente mortal que pudo haberse evitado, si se hubieran cumplido las normas de seguridad en la fábrica, según recogió la sentencia publicada en abril de 2019, que responsabiliza a la exadministradora del «más absoluto incumplimiento» en materia de seguridad y absolvía al otro acusado, al técnico de riesgos laborales del servicio de prevención contratado por la fábrica.

En mayo de 2020 la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia condenatoria, ante la que el abogado de Martín Targa interpuso un recurso de apelación que se desestimó en junio del pasado año.

Confirmada la sentencia por la Audiencia provincial, el pasado año comenzó la ejecutoria y Martín Targa hizo frente a la indemnización de 390.000 euros a Miguel Lorenzo, el trabajador que ejercía la acusación particular.

De manera paralela, la familia de Andrea abanderó una campaña para pedir el indulto que ha conseguido recabar numerosos apoyos del ámbito político, empresarial, sacerdotes o a título personal la embajadora de España en Nicaragua.

«Tenía asumido que la iban a indultar, no me ha sorprendido y no me opongo. Siento hasta alivio. Solo digo que ni uno de los que apoyan el indulto se han dignado a levantar jamás el teléfono para preguntar cómo nos encontramos nosotros», declaraba Miguel Lorenzo, tras confirmar a IDEAL que no recurrirá el expediente.

En la misma línea, se expresaba su letrado, el motrileño Ignacio Esteva, que mostraba su conformidad, tanto profesional como personalmente, con la finalización del procedimiento y recordó que ni los padres del fallecido, ni los lesionados se opusieron a la conmutación de la pena. Incluso el propio magistrado que condenó en primera estancia se pronunció a favor de un indulto parcial que evitara el ingreso en prisión.

No obstante, Esteva consideró «una lástima» que mediante este expediente se haya llegado en 2022 al mismo fin que persiguieron durante la instrucción del proceso, «cuando intentamos un acuerdo con dos años de prisión y pago de la indemnización que fue rechazado» «Todo se podría haber cerrado en 2016», lamentó.