Catorce pueblos del Cinturón tienen menos de cinco policías y tres no cuentan con ninguno

En Pinos se manifestaron el martes 11 contra la violencia. Se vieron abocados a ello. Habían matado dos días antes a un vecino a tiros. Y en las 24 horas siguientes, dos casas salieron ardiendo intencionadamente como represalia. Lo de Ogíjares es diferente: atracos a mano armada. Nueve en el último mes por parte de una banda que también hizo de las suyas en Las Gabias, Otura o Alhendín. Aunque en Albolote las cosas están más tranquilas, allí hubo el mes pasado otro tiroteo. Y en Monachil okupas, a los que tuvieron que desalojar después de encontrarles drogas y armas simuladas en los registros.

La lista es larga y la pregunta, obvia: ¿están preparados los distintos municipios del Área Metropolitana para hacer frente a episodios como estos? IDEAL no tiene la respuesta, pero sí las cifras de las distintas dotaciones policiales que cada uno de los 33 ayuntamientos tienen destinadas a las labores de seguridad y vigilancia. Aunque las competencias respecto a la seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, el papel de los agentes municipales es vital en la misión de velar por la convivencia, el mantenimiento y la protección del ciudadano. Además, es la Policía de proximidad, la que primero llega y la que con su sola presencia refuerza la sensación de seguridad de los vecinos.

A pesar de su importancia, en el área metropolitana hay municipios que no cuentan con ningún agente al servicio de los ciudadanos. Según los datos facilitados por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada –SIPLG– y cotejados con los ayuntamientos, en Viznar,Colomera y Valderrubio no existe esta figura. De los tres, Colomera cuenta con dos vigilantes y Valderrubio con uno. La situación de este último municipio es la más delicada, pues de acuerdo al último censo tiene más de 2.000 habitantes. «Antes pertenecíamos a Pinos Puente y compartíamos policías con ellos. Cuando nos segregamos no nos cedieron ninguno y ahora no tenemos», explica un funcionario municipal, que confirma que Valderrubio lleva más de un lustro sin Policía.

Además de estos tres municipios, otros once tienen menos de cinco agentes en activo. Entre ellos, Jun, Pinos Genil, Dílar o Pulianas. Para saber si hace falta o no agentes en núcleos de población como estos, el mejor indicador disponible es el que marca Europa. Según sus directivas, se recomiendan 1,8 funcionarios policiales por cada 1.000 habitantes. O lo que es lo mismo: uno por cada 556 personas. Los datos de los ayuntamientos y del SIPLG son elocuentes. De los 33 municipios que componen el Cinturón metropolitano, solo uno cumple estos parámetros.

Es Monachil, que tiene 18 policías locales para prestar servicio a los 7.800 habitantes que hay censados. Con una salvedad, con este número de agentes tiene que dar servicio también a Pradollano y a la estación de esquí en temporada alta. Que no es poca cosa. Una circunstancia que complica sobremanera el servicio tanto en la ciudad como en una Sierra Nevada en la que, tal y como ya contó este periódico, está proliferando la venta ambulante ilegal.

Las cifras del SIPLG y de los ayuntamientos consultados pintan un panorama desalentador para el Cinturón. Actualmente son 263 efectivos los que hay en total entre todos estos pueblos. Hay un policía por cada 1.187 habitantes. Teniendo en cuenta las directrices europeas, al área metropolitana en conjunto le faltarían 286 agentes. Más de los que tiene.

Las plantillas de este Cuerpo municipal se han visto muy mermadas en los últimos años. Desde el año 2017 se han perdido en el Cinturón un total de 42 agentes, una cifra que ha empeorado más si cabe las ya de por sí bajas ratios que por entonces tenían estos municipios a raíz del estallido de la crisis económica y sus consecuencias más cruentas. A pesar de ello, había 305 funcionarios por los 263 de hoy. En el último año, a los estragos provocados por las restricciones en la tasa de reposición del personal de la Administración Local que se impusieron en los años de la recesión, hay que añadir el duro impacto que está causando en las plantillas la entrada en vigor del decreto de jubilación anticipada.Los policías locales se pueden retirar hoy a los 60 años, algo que llevaban reivindicando durante años.

El problema es que las apreturas en las cuentas públicas y el poco margen para las nuevas convocatorias de oposiciones no han permitido acompasar las incorporaciones con las salidas en cascada que se han producido. Con la lista en la mano, solo seis municipios del Cinturón han sumado agentes a sus policías aunque en cifras insuficientes como para que les sea posible respetar los valores mínimos que recomiendan en Europa. Armilla y Santa Fe son los pueblos que más efectivos han perdido en los últimos años. Desde 2017 el primero ha pasado de 28 a 20 y el segundo de 19 a 13. En este último caso, si al pueblo santaferino le faltaban entonces ocho agentes para tener una plantilla acorde a sus 15.000 habitantes, hoy esta cifra es incluso mayor. Según los cálculos necesitarían 27.

El alcalde de este municipio, Manuel Alberto Gil, confirma las dificultades a las que se enfrentan los dirigentes para cubrir las plazas que se quedan libres entre bajas, jubilaciones o comisiones de servicio. A su juicio, lo del decreto de jubilación se hizo mal. Cree que el Gobierno central ha abocado a los pueblos con menos recursos a dejar sus plantillas temblando y sin apenas margen para reponer salidas. Además, la burocracia ralentiza el proceso de sacar oposiciones o de formar a los agentes nuevos. Y todo sin hablar del «envejecimiento» de un personal que está trabajando cada vez con más dificultades.