Catorce investigados por los altercados en Íllora tras el crimen de Juan
Diligencias ·
Algunos de los familiares del presunto homicida que sufrieron los asaltos en sus viviendas denunciaron también robos de joyas y dinero
Sillones destrozados, colchones volcados, juguetes y enseres quemados, puertas y persianas reventadas, cristales de espejos y ventanas rotos, inodoros y lavabos partidos, electrodomésticos inutilizados y ... coches abollados. Son parte de los destrozos que dejó el clima hostil que efervesció tras el crimen de Juan en Íllora, el pasado 15 de agosto.
El juzgado mixto número 2 de Loja es el órgano que está investigando los cuantiosos daños en viviendas y vehículos con los que se saldó la multitudinaria manifestación espontánea que sacó a Íllora a sus calles la tarde siguiente al asalto del malogrado joven. Juan, de apellidos Castro Trujillos, tenía 19 años y fue asaltado mortalmente en plenas fiestas patronales del municipio, cuando regresaba a casa de madrugada con su novia tras haber estado en el ferial.
El número de presuntos implicados en aquellos disturbios que figuran en la causa penal abierta asciende a 14 personas, según han indicado a IDEAL fuentes del caso, que han detallado que los delitos que se les imputaron a priori son daños, allanamiento de morada y desórdenes públicos.
Fue la Guardia Civil la que se hizo cargo de las diligencias para esclarecer la autoría de aquellos graves incidentes, que consistieron en el asalto de viviendas del círculo familiar del presunto homicida de Juan, B. J. H., de 23 años y que espera preso el juicio.
Este diario ha tenido acceso al minucioso atestado que elaboró el equipo de la Policía Judicial de Loja de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, en el que se recogen, entre otros documentos, fotografías de los daños causados en las referidas casas, fotogramas de los vídeos que circularon por las redes sociales de los asaltos a domicilios y las denuncias de los perjudicados.
Entre los afectados están los padres y un hermano del presunto homicida, así como otras personas con vínculos familiares y viviendas en distintas vías del pueblo: calle Almería, calle Cuesta Hospital, calle Peñascos, calle Pileta, calle Peña, y avenida Diego de Siloé. Un total de siete personas figuraban como denunciantes en las diligiencias policiales, que se entregaron en el juzgado el 7 de septiembre del año pasado.
Trece varones
En la relación de investigados -no detenidos- del atestado de la Guardia Civil constan trece varones, aunque las fuentes del caso detallaron que hay una mujer a la que también se le ha citado a declarar como investigada en la causa.
Las fuentes precisaron que, además de casi todos los supuestos implicados, a fecha 15 de marzo ya habían declarado en el juzgado tanto los perjudicados como los guardias civiles que intervinieron. También el jefe de la Policía Local de Íllora. Nueve de los presuntos implicados están defendidos por el abogado Domingo Domingo.
Asimismo, las fuentes afirmaron que «parte de los denunciantes no han acreditado la propiedad de las viviendas, porque estaban de okupas». Eso ha sucedido con dos de las casas afectadas. De otra de las viviendas sus moradores «no tienen ningún documento de titularidad».
Las fuentes también indicaron que por una de las partes personadas en el proceso «se ha solicitado que se tome declaración por delito de odio y se abran diligencias por ello».
La defensa de la mayoría de implicados niega que haya racismo tras los asaltos
La mayoría de los investigados por los altercados de aquel trágico 15 de agosto en Íllora están representados en la causa por el letrado Domingo Domingo. Este, en declaraciones a IDEAL, ha negado que haya un trasfondo racista en aquellos asaltos. «Sin justificar en ningún caso cualquier tipo de violencia, que siempre es reprochable, los asaltos a las viviendas de los familiares del responsable de la muerte del joven de Íllora, se pueden entender desde el dolor y la frustración de un pueblo por la trágica situación, y ver que en el momento en que ocurren los hechos, el responsable se encontraba huido de la justicia, y en ningún caso se produce por un tema de racismo hacia el pueblo gitano, ya que los actos de violencia son dirigidos únicamente a los familiares del responsable», apostilla.
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