La Audiencia de Granada advirtió los fallos en las pulseras en julio de 2024

El Observatorio contra la Violencia de Género, un ente que depende del órgano de gobierno de los jueces, remitió ayer una misiva a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que dejaba patente que en enero y febrero fueron enviados varios avisos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En concreto, el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, remitió dos oficios «informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género el 8 de enero y 21 de febrero de 2025».

Fuentes de la Audiencia Provincial de Granada señalan que la primera vez que se advirtió de las incidencias fue el 10 de julio de 2024. La audiencia dio parte a través de un oficio al Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial en diciembre, que dio acuse de recibo y indicó que se trasladó el problema al Ministerio de Igualdad,

En Granada se detectaron los fallos a raíz de una comisión que se celebra con carácter bianual y en el que participan administraciones, agentes judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La problemática de las pulseras «podía tener consecuencias tremendas». De hecho, las mismas fuentes apuntan que posteriormente una representante ministerial pidió información detallada sobre los casos y afecciones. Las deficiencias en Cometa, el servidor de las pulseras, se abordó igualmente en un encuentro entre presidentes provinciales.

En febrero de este año, el presidente de la audiencia granadina volvió a convocar un encuentro y los intervenientes pusieron de nuevo de manifiesto que la problemática persistía. Por esta razón, se dio parte al CGPJ, que otra vez advirtió de lo sucedido al ministerio. Próximamente, se prevé la celebración de una nueva comisión provincial en Granada en materia de violencia de género.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, ha recordado que se alertó de las deficiencias del servicio cometa a través de una misiva dirigida a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a una carta que ésta le remitió la semana pasada expresando su «preocupación» por la «alarma innecesaria» creada sobre los fallos en estos dispositivos de seguimiento. El observatorio comunicó además otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que dieron traslado el 27 de febrero de 2025.

Adicionalmente, el Consejo General del Poder Judicial explica que la cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada «de forma exhaustiva» en una reunión fechada también el 27 de febrero.

Por su parte, la asociación granadina La Volaera manifiesta que el Ministerio de Igualdad conocía sobradamente los problemas y deficiencias de Cometa, razón por la que encargó un informe. La asociación de origen granadino, pero con actividad en numerosas provincias, participó en ese estudio encargado a la Asociación de Mujeres Juristas Themis, tal y como ha adelantado el medio 'El Común'.

Según explica a IDEAL María Martín Romero, vocal de la asociación y «superviviente» de violencia machista el 13 de junio de 2024 fue una de las presentes en la mesa de trabajo para la preparación del informe titulado 'La realidad práctica de las órdenes de alejamiento en el contexto de la violencia de género', donde se puso de manifiesto todas estas deficiencias. En el encuentro estuvieron presentes tanto miembros del Ministerio de Igualdad, de la judicatura y el centro Cometa. Siempre según la versión de Martín Romero, el estudio finalizó en octubre de 2024. Sin embargo, no se han publicado los resultados.

La asociación La Volaera, que trabaja por la igualdad y con víctimas de violencia machista desde hace más de 20 años, exige que «las víctimas no sean la moneda de cambio». Pide una evaluación exhaustiva de la Ley de Violencia de Género (2004) y de Igualdad. «Están obsoletas. No se han evaluado jamás y sin una evaluación no sabes si funciona. Nosotras no somos burócratas, tratamos con la realidad de la víctima y su dolor. No tenemos miedo a denunciar los fallos en el sistema, independientemente de quien los cometa», remacha.

Por otra parte, considera que existen también deficiencias en el sistema de acogida para las víctimas y en los protocolos de Cometa que requieren mejoras. «La privatización de este tipo de servicios empeora la asistencia», esgrime. Martín Romero defiende que «las víctimas no pueden ser nunca una moneda de cambio». La violencia machista atañe a toda la sociedad y a todos los partidos. «No vale refugiarse en una pancarta o lema feminista durante las manifestaciones. Hay que defender a los perjudicados», indica.

En la misma línea, afirma que se debe favorecer un acompañamiento integral de verdad a las víctimas, desde la primera declaración en un proceso «donde la elección de abogado también es decisiva». Adicionalmente, demanda que las iniciativas legislativas vengan acompañadas de inversión y recursos. «Cada vez que hay una incidencia de una alarma el asunto se lleva a juicio. ¿Crees que los jueces tienen tanta capacidad? Las leyes hay que adoptarlas de dinero y hay que adoptarlas de personal», apunta en relación también a la nueva reforma que hará que en octubre los juzgados de Violencia Sobre la Mujer asuman la instrucción de los delitos sexuales.

Este medio se ha puesto en contacto con la asociación Themis, entidad encargada del estudio, y espera respuesta.

Cabe destacar que, tal y como adelantó IDEAL, la memoria de la Fiscalía Provincial también detectó y dio parte de las deficiencias. En su memoria, alertaba de que son numerosas las «deficiencias y desajustes» por errores técnicos, como fallos de cobertura, ubicaciones incorrectas y dilaciones en la instalación de las pulseras, que han provocado «muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de pruebas» o sobreseimientos, lo que dificulta el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento.