La Audiencia anula el último año de investigación de los contratos de la Alhambra por los plazos

Turistas visitan el recinto monumental de la Alhambra. /ALFREDO AGUILAR
Turistas visitan el recinto monumental de la Alhambra. / ALFREDO AGUILAR

Estima un recurso de la exdirectora, invalida una veintena de detenciones llevadas a cabo en mayo y da por concluida la fase de instrucción sin que hayan declarado los investigados

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGRANADA

El caso de las contrataciones bajo sospecha efectuadas siendo directora de la Alhambra Mar Villafranca deberá dejar de ser investigado judicialmente y o ser archivado o pasar a la fase de juicio oral. La Audiencia de Granada acaba de anular todas las diligencias que se han practicado desde el 3 de octubre del año pasado -entre ellas las nuevas detenciones practicadas en mayo- y ha ordenado al juez que dé por concluida la fase de instrucción del caso con lo que se hiciera hasta la fecha indicada. El motivo es que se acordó la complejidad de la causa fuera de plazo, cuando ya habían pasado los seis meses que la ley da para la instrucción de los procesos penales.

El efecto de la decisión adoptada por la Sección Segunda del tribunal provincial, plasmada en un auto fechado el lunes y al que ha tenido acceso IDEAL, es que el caso deberá cerrarse sin que las 28 personas que han sido investigadas por esas contrataciones -entre ellas la excúpula de la Alhambra y varios empresarios- hayan comparecido en el juzgado para declarar.

Según los expertos jurídicos consultados por este diario, aunque en teoría el juez pueda pasar a la fase de preparación del juicio oral con los informes policiales y las pruebas documentales y testificales que obran en el expediente, es «un extremo poco probable». Estas mismas fuentes consideraron que el caso está abocado al archivo. Y es que acusar y sentar en el banquillo a una persona a la que no se le ha escuchado antes como investigada para que pueda defenderse de los delitos que se le imputan «vulneraría derechos fundamentales».

División de causas

Cabe recordar que el asunto de las contrataciones presuntamente irregulares de la Alhambra se desligó en abril de 2017 del caso de las audioguías, que fue partido en dos por el Juzgado de Instrucción 9 mientras que el titular del Juzgado de Instrucción 4 se encontraba de baja. Esta división conllevó que el caso de las audioguías -en el que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de este servicio del monumento nazarí- siguiera su curso en el Juzgado de Instrucción 4 y que el otro caso estuviera parado durante meses hasta que se determinase quién debía instruirlo. Finalmente, un decreto del decanato de los juzgados -que decide el reparto de asuntos- lo remitió a su juzgado original, cuyo titular es Antonio Moreno, que lleva ahora ambas causas.

Fue el 14 de diciembre del año pasado cuando el juzgado de Instrucción 4 acordó declarar compleja la causa de las contrataciones a fin de ampliar el plazo de instrucción a 18 meses. Esa declaración, según la Audiencia, «se dictó fuera del plazo de seis meses» que establece la ley, pues el plazo empezó a contar el 3 de abril de 2017 y, por tanto, había finalizado el 3 de octubre.

El auto de la Audiencia estima de este modo un recurso de la defensa de la exdirectora del Patronato de la Alhambra, Mar Villafranca, y declara «la nulidad» de todas las diligencias practicadas desde hace un año.

Sin duda, la actuación más importante llevada a cabo en el marco de esta causa fue la detención, el pasado 8 de mayo, de 24 personas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y tráfico de Influencias. Entre los detenidos, figuraba la excúpula del Patronato, que también se encuentra investigada en el caso de las audioguías, sobre el que sí han sido interrogados judicialmente. La Policía Nacional remitió aquel día una nota de prensa en la que indicó que la supuesta «trama organizada» había llegado «a defraudar cerca de 7.000.000 de euros». Aquella operación se denominó Colina Roja II y se centró en el estudio de la totalidad de los contratos adjudicados por el conjunto monumental a ocho empresas desde 2007 hasta 2015. La supuesta trama corrupta utilizaba, según la Policía, como 'modus operandi' la adjudicación ilegal de contratos a empresas que se comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores «de la casa» afines a la excúpula directiva.

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