Defensas de la supuesta trama criminal de la Alhambra piden la conclusión del caso

Así se expone en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 4 de la capital, el órgano que investiga estos hechos y que dirige el juez Antonio Moreno. En el documento, que ha sido presentado por los abogados de la que fuera secretaria general del Patronato de la Alhambra y del Generalife, Victoria Chamorro, y del exjefe de Comercialización, José María Visedo, así como de otros dos implicados, se pide al magistrado «que decrete el fin de la instrucción del presente procedimiento al haberse excedido los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas criminales».

De este modo, recuerdan que el 14 de diciembre del año pasado el juzgado dictó un auto «no notificado a las partes», mediante el que declaraba la causa «como de instrucción compleja a los efectos de duración de la instrucción, sin perjuicio en su caso de ulterior prórroga». Y, aunque en la parte dispositiva de la resolución que declaraba la complejidad de la causa se mandó notificar a la fiscalía y a las partes personadas, «es lo cierto -sostiene- que el auto de declaración de complejidad de la causa no ha sido notificado a las partes. Sólo consta y así se aprecia del examen de las diligencias que fue notificado al ministerio fiscal en fecha 18 de enero ya del corriente año».

El escrito precisa que la investigación de este asunto, desglosado del denominado 'caso de las audioguías' -que se sigue en el mismo juzgado pero como otra causa distinta- se inició el 3 de abril del año pasado. Estas diligencias previas estuvieron paradas mientras se decidía qué juzgado las tramitaba, si el 4 o el 9. Finalmente se quedaron en Instrucción 4 y, el 9 de junio, el órgano acordó la reapertura de la causa. Cinco meses después, el 13 de noviembre se dictó una providencia para que la fiscalía opinara sobre si se declaraba o no complejidad de la causa. El fiscal emitió su informe el 30 de noviembre y en él se mostró a favor de esa declaración, algo que acordó el juzgado el 14 de diciembre en el citado auto «no notificado» a las partes. Esto es, si se calcula el tiempo transcurrido desde la reapertura de la causa y ese auto, pasaron seis meses y cinco días.

Teniendo en cuenta que la ley establece que el plazo para la instrucción de una causa criminal es de seis meses, cualquiera de las fechas que se tomen como inicio del cómputo «habrá transcurrido», indica el escrito. Así, a juicio de estos implicados, la prórroga «ha sido acordada de manera extemporánea y sin oír a las partes personadas». Por eso, creen que no se pueden ahora practicar diligencias de investigación que no hubieran sido acordadas en el plazo legal.