La suspensión de los oficios en la Catedral desata una polémica institucional

Por su parte, el Arzobispado de Granada defiende que se apoyó en la redacción del decreto de estado de alarma del Gobierno para organizar el oficio religioso que fue suspendido ayer por la Policía Nacional. La diócesis, que prefiere no hacer ninguna valoración sobre lo ocurrido, basó la decisión en el artículo 11 de la norma promulgada por el Ejecutivo, que se refiere a la celebración de actividades religiosas.

En concreto, el texto establece que la asistencia a los lugares de culturo y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en funcón de las dimensiones y características de los lugares. La normativa señala como condición que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar las distancia entre ellos de, al menos, un metro.

La redacción del articulado fue la que siguió la institución granadina para organizar la ceremonia, tal y como aclaró el propio arzobispo al ser conocedor del desalojo de los asistentes. Francisco Javier Martínez recordó que el decreto permitía personas en las iglesias «siempre que se guardaran las reglas» y anunció el acatamiento de la decisión policial. «Nosotros obedecemos la ley», subrayó.

El desalojo deja entrever uno de los puntos ciego de la normativa desplegada por el Gobierno con motivo de la pandemia, el conflicto entre las medidas extraordinarias para reducir el contagio con las libertades contenidas en la Constitución.

Un informe de E-Cristians fechado el 6 de abril pasado ya abordaba las consecuencias que los sucesivos decretos tenían para la libertad religiosa y de culto en el pais. La entidad analizaba los articulados y determinaba que ni el Real Decreto de declaracion del estado de alarma ni los sucesivos textos normativos suspenden la apertura de los templos religiosos, ni la celebración de cultos ni la asistencia a los mismos.

Sí lo hacen, apuntaba el análisis, en lo referente a las ceremonias fúnebres, estableciendo medidas extraordinarias para velatorios y honras fúnebres. Así queda reflejado en el decreto emitido por el Gobierno el 29 de marzo en el que se plantea la suspensión de la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta la finalización del estado de alarma y limita a un máximo de tres personas las participantes en comitivas de enterramientos o cremaciones.

Tal y como advertía E-Cristians en su informe, el resto de ceremonias religiosas quedarían condicionados a la adopción de medidas organizativas previstas en el artículo 11 y, por tanto, podrían ser celebradas con asistencia de fieles.

El desalojo de los fieles de la Catedral de Granada ha provocado la reacción de Vox, que este sábado ha hecho público su rechazo a la acción y ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez. «Nos encontramos con una prueba más del Estado de Excepción encubierto en el que nos han confiando -entiéndase la ironía- tras las sucesivas prórrogas del estado de alarma, en las que se han sobrepasado muchos límites, pero jamás pensábamos que pudieran atentar contra el derecho fundamental a la libertad de culto», ha manifestado la diputada por Granada, Macarena Olona.

La dirigente considera que el Gobierno está aplicando por la vía de los hechos el estado de excepción y ha acusado al Ejecutivo de vulnerar la Constitución y conculcar el propio decreto de alarma, «que determina de forma clarar que está permitida la asistencia a los lugares de culto».

El enfado de la formación es mayúsculo, como ha dejado entrever su presidente, Santiago Abascal. El máximo responsable de Vox ha denunciado en su cuenta de Twitter la medida y ha recordado que el estado de alarma permitía la ceremonia. «Hay más gente en un plató de televisión, que es bastante más pequeño que una catedral», ha dicho.

Por su parte, los diputados por Granada del Partido Popular, Carlos Rojas y Pablo Hispán, también han criticado lo sucedido y han lamentado que la «mala gestión» de Pedro Sánchez haya provocado «situaciones indeseadas» como la de Granada. «Vamos a exigir explicaciones al Gobierno puesto que el decreto no tiene capacidad para limitar derechos fundamentales como el de la libertad religiosa», han declarado ambos dirigentes, que han anunciado que pedirán a la Subdelegación que haga públicas «las directrices exactas» que dio.

A nivel municipal, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha acusado a la Subdelegación de estar detrás del desalojo y ha calificado los hechos de «indecentes». «Cuando todo el país está en una crisis importantísima, que la Subdelegación se preocupe de mandar a la Policía Nacional para desalojar la homilía del obispo resta y no suma, solo pretende despistar la atención», ha señalado.

A su vez, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha anunciado el envío de una carta urgente a la subdelegación de Gobierno para pedir explicaciones por el desalojo. El dirigente granadino ha recordado que los lugares de culto son «inviolables» y ha dejado entrever que la formación actuará en consecuencia a lo sucedido. «Se estarían cometiendo presuntas tipologías delictivas vamos a ejercer todas las acciones legales para combatir esta vulneració del derecho fundamental a la libertad de culto», ha expresado.