Se aprovecha de que su padre tiene Alzheimer para vender su finca de Granada y quedarse con 61.000 euros

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el anciano fue diagnosticado de Alzheimer lo que, según el médico forense que le exploró, afectaba a su capacidad cognitiva de «forma grave» y a su autonomía personal, social, laboral y de control de sus bienes.

Ante el agravamiento de su estado y los «problemas económicos» que ello le estaba generando, su hija --y hermana del acusado-- presentó una demanda de incapacitación y en julio de 2021 el juzgado declaró la incapacidad total del hombre.

Tutora legal

La hija fue nombrada tutora legal y fue en ese momento, al tener que hacerse cargo del patrimonio de su progenitor, cuando descubrió lo que estaba pasando. De hecho, la Fiscalía mantiene que el acusado era conocedor del estado de su padre y de que se había iniciado un procedimiento para incapacitarle cuando, en 2020, «se las ingenió» para presuntamente vender una de sus fincas situada en Deifontes de más de 30.000 metros cuadrados con olivos.

Así, contactó supuestamente con un matrimonio interesado en la compra y concertó una cita en el notario a la que también se llevó a su padre y a su madre para materializar la compra en 70.000 euros, aunque la finca estaba valorada en más de 103.000 euros.

Seguidamente se dirigió con su padre hasta una entidad bancaria para transferirse a su cuenta bancaria todo el dinero de la venta, toda vez que ese mismo día en el notario sus padres le donaron esa cantidad «gracias al ardid y maquinación» del acusado, según sostiene la Fiscalía.

Cuando la hija cogió las riendas del patrimonio del padre tras ser incapacitado también se percató de que su hermano había recibido de sus padres otras dos transferencias, una de 40.000 euros y otra de 27.000 euros, en fechas en las que su padre ya había sido diagnosticado de demencia.

«Despatrimonialización»

La Fiscalía expone que todas estas conductas por parte del acusado «implicaron una despatrimonialización» de los bienes del padre con un «importante perjuicio» para su economía y la de su mujer, quienes hasta ese momento contaban con una «economía saneada» que les habría permitido «disfrutar de su patrimonio» y emplearlo para cubrir sus necesidades en este momento de sus vidas, con una edad avanzada y la enfermedad del padre.

La hija denunció tanto a su hermano como al notario y al matrimonio que compró la finca, pero la Fiscalía les considera ajenos a todo lo ocurrido y de hecho respecto a ellos ya acordó el juzgado el sobreseimiento provisional al estimarse que no ha quedado acreditada su participación en los hechos.

La Fiscalía atribuye al acusado un delito continuado de apropiación indebida por el que pide que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de 3.600 euros.