El alegato de la delegada de Justicia dimitida que no se ha contado

El miércoles, antes de las diez de la mañana, trasladó al partido su renuncia. Y en Granada tampoco es que hicieran mucho por convencerla de la contrario. La dimitida delegada –ni siquiera se publicó su designación en el BOJA– no da un paso atrás exactamente por su presunta vinculación con la millonaria demanda de Tomás Olivo. Según su entorno, desiste por los comentarios que han proliferado en las últimas horas y se reserva para otra ocasión su defensa.

Ciudadanos distribuyó un escueto comunicado a las 14.38 para informar de que Elisa no «ejercerá finalmente las labores de delegada». «Fernández-Vivancos considera que la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional podría intentar perjudicar el proyecto», argumentaba la nota.

Pero hay otro comunicado que no ha trascendido, que estuvo redactado y que Ciudadanos no difundió. En él, Elisa Fernández-Vivancos, anterior responsable de los servicios jurídicos del Gobierno andaluz en Granada, ofrece su versión sobre el pleito con Tomás Olivo y la vista a la que no acudió el abogado de la Junta, lo que provocó que la jueza solo valorase la pericial del empresario. Una situación que ha derivado en una indemnización de 165 millones de euros.

Fernández-Vivancos sostiene –en un documento en poder de IDEAL– que no tuvo «intervención alguna en el proceso judicial» y que la «dirección técnica y letrada» correspondió a A. L. F. M. Meses después, fue cesada sin que le indicara –argumenta– otra causa que la «pérdida de confianza», tras lo que se nombró jefe de los servicios jurídicos a este otro letrado. Elisa admite que colabora en «régimen autónomo» con otros despachos, pero en ninguno de ellos –asegura– ha llevado temas que afecten a Tomás Olivo.

¿Por qué ha dimitido? Quizás cuando trascienda el nombre del nuevo delegado se explique algo. Quizás.