Los otros 'agujeros' en la protección de las víctimas de violencia de género

Las actas de julio de 2024 y febrero de 2025, remitidas al CGPJ y este a su vez a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, destacan varios problemas: dispositivos de localización defectuosos, colapso de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, aumento de carga por la instrucción de delitos sexuales, falta de soluciones habitacionales para víctimas vulnerables y la necesidad de grabación inmediata de requisitorias judiciales en caso de fuga de agresores.

Pulseras antimaltratadores

Los operadores solicitaron una auditoria de Cometa, la empresa encargada de los brazaletes antimaltrato. Los intervinientes concluían que los dispositivos de la nueva empresa adjudicataria están funcionando «mucho peor», Los operadores judiciales y la Guardia Civil indicaban que existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio y planteándose renunciar a esa medida de protección, llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial. Los fallos generan «ansiedad e inseguridad » y un grave problema de prueba en la tramitación de los procedimientos por quebrantamiento, que ha provocado muchas absoluciones. La fiscalía proponía abrir diligencias de investigación sobre los fallos y elevar el informe a Fiscalía General.

Requisitorias para los fugados

El informe insiste también en la importancia de la grabación de una requisitoria judicial cuando el condenado y autor responsable de un delito de violencia de género se encuentra fugado de un centro penitenciario. Este asunto se aborda después de que un agresor no regresara de un permiso penitenciario. Fue detenido, puesto en libertad estando fugado y después arrestado de nuevo, lo que evidenció un problema en la gestión de las requisitorias judiciales. La comisión concluye que la competencia para dictar la busca y captura corresponde al tribunal sentenciador para garantizar que el penado siga cumpliendo condena. Además, se considera que si un interno no regresa de un permiso debe ser llevado directamente a prisión y no al juzgado de guardia.

Mejora en el volcado de datos

En tercer lugar, la comisión reiteró la necesidad de llevar a cabo las grabaciones de casos y expedientes en el del Siraj, un sistema informático donde se vierte parte de la actividad judicial. En concreto, de las fechas de inicio y fin de las penas impuestas para quedicho volcado de datos los tenga en consideración la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una medida que, por ejemplo, asegura que la información sensible sobre las víctimas no sea accesible públicamente y que se garantice su protección.

Por otra parte, la comisión prestó especial atención a las incidencias detectadas en la implantación de Viogén 2, que es una actualización del sistema de seguimiento y protección de víctimas que arrancó con mejoras en el protocolo en este 2025.

Los expertos detectaron disfunciones en su funcionamiento, accesos, grabación de medidas judiciales, así como errores y dificultad en el registro de cambios de domicilio, la llegada de notificaciones de movimientos penitenciarios, lo que provoca «errores o retrasos». Los operadores señalaron además que no siempre los tribunales sentenciadores graban la información. La Policía Local pidió, a través de correo, Siraj o Lexnet, acceder a una información más completa y rápida de cómo finalizan los procesos judiciales, dado que en algunas ocasiones son las víctimas las que tienen que informar de la sentencia.

Colapso en los juzgados

En la capital se da la circunstancia añadida de que los juzgados de violencia sobre la Mujer están sobrecargados. En abril de 2024, se trasladaron las competencias en violencia de género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital. Los tribunales han aumentado desde entonces más de un 40% el trabajo. Entran casi 2.000 asuntos en cada uno de los dos juzgados, pese el umbral de 1.600 casos de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Además, en este 2025 las diligencias urgentes, los casos que necesitan una respuesta inmediata son un 43% más que en 2024. A partir de octubre, por medio de una reforma judicial, tendrán que asumir la instrucción de los delitos sexuales. Calculan los expertos que tendrán que se quedarán con un 20% y un 30% de la carga actual de trabajo que soportan los Juzgados de Instrucción. Las víctimas de violencia machista se verán relegadas por los asuntos penales urgentes.

Los magistrados piden refuerzos de plantilla y una moratoria: que las medidas no entren en marcha en octubre sino en diciembre. Además, reclaman que los profesionales cuenten con una formación adecuada en detección de formas de violencia e igualdad.

Especialización forense

El Instituto de Medicina Legal indicaron que es necesaria la especialización forense. Desde 2022 realizan también informes integrales en cuanto a las víctimas de violencia sexual y existe una sobrecarga de trabajo, por lo que nadie quiere atender la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género. Por lo que están siendo atendidos por peritos y médicos sin formación. La Audiencia constata la escasez de medios, exhorta a no caer en el desánimo y reivindica que se amplíen los recursos. La Fiscalía lamenta que no se empleen como prueba de cargo con más frecuencia los informes forenses.

Más recursos habitacionales

Por último, se solicita elaborar un nuevo protocolo para ofrecer soluciones residenciales o habitacionales para víctimas en situación de especial vulnerabilidad, generalmente por edad avanzada o discapacidad. Actualmente existe una residencia en Armilla que ha resultado útil en algunos casos. Los recursos de acogida disponibles no admiten a mujeres ancianas, con discapacidad o adicciones, y los casos urgentes solo se pueden gestionar a través del hospital San Rafael, con esperas de hasta mes y medio.