«Ha sido agotador. La burocracia nos quitaba un tiempo que se podía dedicar a los vecinos»

«Estamos muy satisfechos, esto es un hito después de muchos años de sanciones y denuncias. Mi antecesora fue imputada por estos hechos cuando pagamos desde 2005 un canon para poder tener depuradora», recuerda.

«Este ayuntamiento ya ha hecho los deberes. Hemos puesto las parcelas a disposición de la Junta para impulsar las obras de depuración», concluye la regidora, que agradece a Revelles Abogados su intervención en el asunto.

«Es una buena noticia para los Ayuntamientos que se han visto sancionados por infracciones en materia de vertidos de aguas. El Tribunal Supremo refrenda que la competencia y obligatoriedad de la Junta de Andalucía en ejecución de las infraestructuras que viabilicen la legalidad y corrección de tales vertidos, impide dirigir sanciones a los entes locales por carecer éstos de antijuridicidad en su conducta al respecto y de medios económicos en sus arcas», añade los letrados Rafael Revelles y Carlos Jiménez, que han llevado el asunto en Cájar y Cogollos Vega.

Por su parte, el abogado Mariano Vargas Aranda ha representado al Ayuntamiento de Polícar en este caso y califica el procedimiento de exitoso. «Ha sido un duelo entre David y Goliat. Este problema que teníamos para depurar las aguas es una culpa compartida entre la Junta y el Estado. El esfuerzo ha recaído durante mucho tiempo en los ayuntamientos. Se han recibido subvenciones y se ha pagado un canon, pero no se han acometido esas infraestructuras», lamenta. «Por otro lado, cuando hay valores constitucionales que se enfrentan, como la protección del medio ambiente y el derecho a la salud, tiene que ser predominante el más necesario, que en este caso es la salud de los ciudadanos. Los pueblos no tenían más remedio que verter las aguas residuales. El ilícito estaba justificado por ese estado de necesidad», remacha. Los trabajos para la agrupación de vertidos a la EDAR Sur: Cájar y Monachil, se encuentran en su segunda fase de ejecución y en los nuevos presupuestos aprobados por la Junta contará con 2,4 millones de euros.

Por su parte, Polícar espera desde hace 15 años que comiencen las obras para depurar sus aguas. Se adoptó un acuerdo en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, publicado en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre, por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la construcción de la Estación de Depuración de Aguas Residuales y colectores en Lugros, La Peza y Polícar. La Junta anunció que empezarán los trabajos antes de que acabe el año.

Cabe recordar que ya en 2019 una jueza de primera instancia de Granada dio la razón a los ayuntamientos y archivó una denuncia de la Fiscalía contra dos alcaldes de la provincia, los de Cájar y Monachil, por supuestos vertidos de aguas residuales. El Ministerio Público actuó contra otros municipios, como Vélez de Benaudalla, Albuñol, Itrabo, Sorvilán, Molvízar, Jete y Otívar e interpuso otras 13 querellas a los alcaldes de Churriana de la Vega, Nívar, Atarfe, Jun, Peligros, Fuentevaqueros, Vegas del Genil, Güevéjar, Colomera, Cijuela, Víznar, La Zubia y Ogíjares, por las mismas razones. La Junta había acumulado durante años 720 millones de euros del canon de depuración para ejecutar obras hídricas pendientes. Sin embargo, en Granada había un centenar de municipios que esperaban el tratamiento de sus aguas residuales. El Gobierno de Juanma Moreno se marcó como objetivo redactar o finalizar los proyectos pendientes y cumplir así la ley.