1.500 emigrantes, obligados a tributar dos veces por sus pensiones alemanas

Al menos 1.500 personas en la provincia se encuentran en la misma situación que esta vecina de Huétor Vega, según los datos de la Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGER). Podrían ser muchas más, si se tiene en cuenta que no todos los afectados habrán contactado con esta asociación.

La medida fiscal alemana viene recogida en un protocolo firmado en 2011 entre Alemania y España que establece que la Finanzamt podrá retener hasta el 5% de las pensiones de jubilación, de viudedad, incapacidad y orfandad cobradas a partir de 2015 por los emigrantes españoles, según informan desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). A partir de 2030, el máximo será del 10%. Así se publicó en el BOE del 30 de julio de 2012.

En 2013, la Agencia Tributaria requirió a los pensionistas emigrantes y retornados que declarasen con carácter retroactivo el cobro de su pensión extranjera. Hasta 2013, España no conocía qué pensionistas españoles cobraban además otra pensión fuera de nuestras fronteras. El ministro del ramo que regía en ese momento, Cristóbal Montoro, reclamó a partir de ese año los cinco ejercicios anteriores, con intereses de demora y sanciones. A partir de 2015, tras varias reuniones y numerosas movilizaciones por todo el país, los emigrantes y retornados consiguieron que no se aplicasen medidas punitivas. Así, 147.000 pensionistas regularizaron su situación en España; en Andalucía fueron 35.493, según los datos de Gestha. Para ello tuvieron que pagar entre 800 y 9.000 euros. Debido a que los delitos fiscales prescriben a los cinco años, el Ministerio de Hacienda no pudo reclamar los años anteriores a 2010.

Esta puesta en práctica del reglamento tributario afectó a todos los pensionistas que recibían dos pensiones, una de España y otra del país al que emigraron. Por eso, Hacienda considera que tienen, al menos, dos pagadores. Si los ingresos anuales de estas personas superan los 11.200 euros, están obligados a hacer la declaración y tributar.

Mari Carmen también se vio afectada por la medida y tuvo que tributar 6.000 euros por la pensión que percibió su difunto marido entre 2010 y 2013 y por las pensiones que recibe del gobierno alemán y del español. Ahora, Alemania reclama 730 euros a esta jubilada por los tres ejercicios fiscales transcurridos desde 2015, pero ella ya había pagado a la Hacienda española por esos años y por esas pensiones.

En AGER atienden todos los días a personas en una situación similar. Por el momento, han tramitado más de 350 reclamaciones, pero estiman que al menos 1.500 socios recibirán en 2018 correspondencia de Finanzamt para que se pongan al día en sus obligaciones fiscales con Alemania. Alberto Medina, asesor fiscal de AGER, anticipa que «muchos recibirán esas cartas y no las entenderán, no responderán y se les descontará hasta el máximo del 5% por no contestar». Otros, explica, «puede que piensen que no les compensa porque el trámite por correo, más los gastos de un asesor, en caso de que no sean miembros de la asociación, supone un coste mayor que lo que se les puede descontar en principio». Si no abonan la cantidad requerida por Alemania, no pueden pedir la rectificación en España por pagar dos veces por la pensión alemana. Tampoco podrían deducirse en los siguientes años esa cantidad de su declaración de la renta en España.

Se trata de un proceso lento. Una vez recibida la comunicación del gobierno alemán, se remite la declaración de la renta del afectado o el documento de la Agencia Tributaria española que certifica que esa persona está exenta de hacerla. Si no superan los 8.000 euros -montante que Alemania establece como ingreso mínimo anual- no suelen recibir más comunicaciones.

En otros casos, como los de las pensiones por discapacidad, Alemania vuelve a requerir documentación. Cuando el emigrante recibe la carta de pago y lo realiza -las cantidades oscilan entre los 60 y los 2.100 euros por los tres años pasados- se da por regularizada la situación con el gobierno alemán. Este proceso se está demorando unos tres meses como mínimo. Tras ello se inicia el trámite con la Agencia Tributaria española para remitir la rectificación de autoliquidación por haber tributado dos veces la pensión alemana. Esta fase del proceso puede llegar a tardar hasta seis meses más, según calculan los técnicos de AGER, porque hasta el momento, indican, no han recibido respuesta del Ministerio de Hacienda acerca de las reclamaciones enviadas en julio.

«Hay un plazo para la respuesta de seis meses, y luego, un mes más. Si no hay contestación se declararía silencio administrativo; tendríamos que empezar a tomar otras medidas», señala Alberto Medina. La asociación mantuvo una reunión antes del verano con el delegado de Hacienda en Granada y, según Medina, se alcanzó el compromiso de que «las rectificaciones se resolvieran con celeridad».

Sin embargo, afectados como Mari Carmen no entienden que se les reclame esta cantidad y no albergan muchas esperanzas de que se les devuelva el dinero. Para la presidenta de AGER, María José Hueltes, la aplicación del protocolo firmado en 2011 por ambos países «supone un nuevo varapalo a un colectivo tan vulnerable como el de los emigrantes».

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Molinero, en conversación telefónica con IDEAL, opina que cuando el pensionista pague en Alemania sería «deseable que la Agencia Tributaria 'automatizase' el proceso para este colectivo que no cuenta con muchos recursos; esta es una situación que les genera incertidumbre».

Se trata de un colectivo que José María Molinero califica de «vulnerable», por lo que al sindicato de técnicos le «resultaría más adecuado que la AEAT rectificara de oficio esas declaraciones, tanto a los emigrantes españoles como a los pensionistas alemanes que residen en España».

En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda han informado a este medio de que «el problema es que no puede hacer las devoluciones de oficio porque es el contribuyente quien conoce si procede o no instar a la rectificación. No existen datos suficientes para poder realizar las devoluciones de oficio por parte de la AEAT, de manera que no es una cuestión técnica, sino jurídica».

Sin embargo, el intercambio de esa información viene contemplado en el protocolo de 2011: «La información intercambiada incluirá todos los datos necesarios para la identificación del beneficiario (...) los importes pagados y el concepto o el nombre del sistema de pensiones respecto del que se pagan».

En muchos casos, los afectados han acudido a las oficinas de la Agencia Tributaria en la capital de la provincia. Allí les han recomendado, según los testimonios de los afectados, que acudan a un asesor fiscal o les han remitido a AGER. Según fuentes de la Agencia Tributaria en Madrid, en su momento, «la AEAT en Andalucía suscribió un convenio con la Asociación de Emigrantes para que pudiesen presentar ellos las solicitudes, en lugar del contribuyente». Una vía de «escasa utilización por parte de la asociación y de los contribuyentes», pese a que «facilitaría sensiblemente los trámites a los contribuyentes», dicen desde Hacienda.