Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones

Con el visto bueno al IV Plan de Igualdad en la Administración General del Estado -aprobado y pactado «con los sindicatos mayoritarios en la función pública», aseguró Óscar López, ministro del ramo-, estos trabajadores podrán acceder a la jornada intensiva de verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre) y, además, tendrán preferencia a la hora del disfrute de vacaciones y permisos por asuntos particulares.

Hasta ahora, este derecho solo estaba reconocido para aquellos funcionarios con menores de 12 años a cargo y para los empleados públicos con personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, siempre que convivieran con la persona solicitante y dependieran de ella. «Estas acciones van encaminadas a avanzar en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con el fin de lograr una igualdad real», señaló López durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La diferencia también se da entre géneros. Siete de cada diez excedencias por cuidados de familiares fueron solicitadas por mujeres. «Esto indica la persistencia de roles de género en la distribución de responsabilidades domésticas», denunció CSIF.

Esta es una de las 45 actuaciones del nuevo plan presentado por Transformación Digital, que también incluye un estudio sobre la brecha salarial en la Administración, que, según CSIF, se sitúa en el 10,5%.

Tras esta aprobación, Moncloa calculará el porcentaje real de desigualdad entre funcionarias y funcionarios. Las cifras de los sindicatos la elevan a los 3.771 euros. El salario medio de las mujeres es de 32.137 euros, frente a los 35.908 euros que cobran de media los hombres. «Esta diferencia se ha incrementado en dos puntos respecto al año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)», recalcó CSIF.

Al mismo tiempo que López hablaba de la brecha de género y salarial en la Administración, la función pública se manifestaba frente al Congreso de los Diputados reclamando el fin de la temporalidad y el aumento de los salarios.

«El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y la negociación de nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones», reiteró CSIF en la red social X hace unos días. «Pedimos al ministro que se siente a negociar con urgencia. De lo contrario, habrá medidas de presión y movilizaciones en toda España», zanjó la organización presidida por Miguel Borra.

López se comprometió el pasado mes de marzo a abordar la subida de sueldo de las plantillas públicas en 2025 en un acuerdo plurianual conforme a la evolución del IPC. El último incremento salarial para los funcionarios, correspondiente a 2024, sumó un 0,5% y fue aprobado en julio. Ahora queda por dar el visto bueno a la subida de 2025, que se aplicaría de forma retroactiva desde el 1 de enero del año en curso, igual que la anterior, aunque se aprobó con 18 meses de retraso.

Hace varias semanas, el ministro avanzó que «estaba dispuesto a negociar la subida salarial» para 2025 y 2026, aunque sin dar fechas concretas. Ahora, desde su departamento, ligan este incremento a la «aprobación de los Presupuestos Generales del Estado». Declaraciones que los sindicatos, a principios de septiembre, calificaron de «desprecio» y «falta de respeto».

Sin embargo, este no es el único frente que se cierne sobre las oficinas de Transformación Digital y de la Función Pública. Más de 800.000 interinos -el 30% de los trabajadores de la Administración- están pendientes de las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea, que presentará mañana, después de que el Tribunal Supremo elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si los interinos que encadenen contratos temporales durante más de tres años deben convertirse en indefinidos, como marca la Ley 20/2021, pero «siempre y cuando no se hayan convocado oposiciones».

Esta, junto con las reclamaciones salariales, ha sido otro de los lemas que han llevado a centenares de trabajadores públicos a las calles de Madrid. «Este problema viene de muchas décadas atrás y de Gobiernos de distinto signo político», denuncian las asociaciones sindicales. «La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias», indicó Unión Sindical.

A la espera de las conclusiones y, posteriormente, de la decisión del TJUE -que podría demorarse hasta finales de año-, el departamento de López trabaja en una reforma para atajar la temporalidad en el sector público, que ronda el 30%, muy lejos del 8% prometido a Bruselas y que ya ha costado más de una sanción a España; la última, este verano, con la congelación de parte de los fondos Next Generation.

La última propuesta del ministro, presentada a los consejeros del ramo en la sectorial de Función Pública, busca limitar de tres a dos años el plazo máximo para cubrir una vacante y mantiene la penalización sobre el personal interino, limitando a dos años su permanencia en el puesto sin que pueda volver a ser contratado en los seis meses posteriores a su cese, como adelantó este periódico. «Dudamos de que alguna de las comunidades autónomas acepte una reforma como mínimo descabellada», advirtió Comisiones Obreras esta mañana.

Tanto CSIF como CC OO apuntan a que estas conclusiones serán «muy posiblemente demoledoras para España». «Hay que acabar con las altas tasas de temporalidad, no esconderlas debajo de la alfombra. Tienen que dar soluciones, no empeorar la situación», concluyeron los representantes sindicales.