La subida de las pensiones, en el aire por la parálisis política

El Gobierno quiere «evitar» esto a toda costa y, pese a que su versión oficial es que no contempla otro escenario de elecciones y confía en poder constituirse formalmente, llegado el caso, baraja plantearse «otras alternativas», puesto que para los socialistas la «peor solución» es que los jubilados comiencen enero con una pérdida de poder adquisitivo, según explicaron fuentes de Moncloa a este periódico. Pero en teoría, y salvo que haya alguna medida en contra, los más de 8,8 millones de pensionistas están abocados a que sus prestaciones suban en enero apenas 2,5 euros de media, con lo que estarían perdiendo casi un punto de poder de compra, si se tiene en cuenta que la previsión del Gobierno es que 2019 termine con una inflación del 1,2%.

Así lo establece la ley, puesto que para el próximo año volvería a estar vigente la reforma de las pensiones de 2013 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que introdujo un nuevo índice mediante el cual condenaba a los mayores a una subida del 0,25% mientras el sistema esté en números rojos.

Durante los dos primeros años de aplicación la inflación fue negativa y no hubo pérdida de poder adquisitivo, pero en 2017 los jubilados vieron cómo bajaba un 1,75% su poder de compra. Esto generó una movilización sin precedentes y durante meses miles de ciudadanos salieron a las calles a reivindicar unas pensiones dignas. Es más, en el País Vasco siguen concentrándose cada lunes y ya hay convocada una gran manifestación en Madrid para el próximo 16 de octubre.

Debido a esto, el PNV, a cambio de sus votos para los Presupuestos de 2018, obligó al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a dejar en suspenso la reforma de las pensiones y aprobar una revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las pensiones mínimas para los ejercicios 2018 y 2019.

Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez dio un paso más allá y aprobó por decreto compensar a los pensionistas con una 'paguilla' (tal y como la denominó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio) en enero para actualizar las prestaciones al 1,7%. Se basaron en una nueva fórmula que utilizaba para el cálculo la media del IPC de los doce últimos meses (de diciembre a noviembre), en lugar del dato de noviembre.

Pero no se atrevieron a incluir este nuevo índice en su real decreto de final de año en el que aprobaron la subida del 1,6% para 2019 y se limitaron a comprometerse a encontrar un mecanismo que permitiese la actualización en función de los precios en el plazo de seis meses, algo que no se ha cumplido una vez que se convocaron nuevas elecciones.

Por eso la incertidumbre en este tema: ¿es posible aprobar antes de final de año una revalorización en función del IPC si hay nuevas elecciones? En este escenario parece muy difícil que antes de enero dé tiempo a que se constituya el nuevo Ejecutivo, por lo que esta decisión tendría que tomarla un gobierno en funciones. Y aquí es donde se plantea el conflicto. En ese caso, la única posibilidad que tendría es que lo hiciera a través de un Real Decreto Ley, que después la Diputación Permanente del Congreso tendría que convalidar en el plazo de un mes, ya que no puede hacerse mediante la vía de la proposición de ley porque las Cortes estarían disueltas y porque sería más lento.

Los sindicatos no lo ven posible. «Si no hay gobierno, este año difícilmente van a poder subirse las pensiones con el IPC e iremos si nadie lo remedia al 0,25%», advierte Pepe Álvarez, secretario general de UGT, aunque tampoco descarta que el Ejecutivo «invente» alguna argucia jurídica para poder hacerlo.

Fuentes gubernamentales mantienen el discurso de que «ahora no se está trabajando en ese escenario», pero sí dejan claro que siempre han defendido una revalorización en función del IPC real y así lo recogen también en las 370 medidas presentadas esta semana por el PSOE. Por eso, dejan claro que su «voluntad es evitar en la medida de lo posible» ese 0,25% en enero, ya que la opción de que se actualizaran el año que viene con efecto retroactivo es «la peor solución», pues se obliga a los pensionistas a adelantarlo.

Así, desde el Ministerio de Trabajo dejan caer que intentarán elaborar un real decreto en el que «argumenten muy bien» los dos elementos necesarios para poder llevarlo a cabo: que obedezca al interés general y sea de urgente necesidad, algo que consideran puede encuadrarse la subida de las pensiones, aunque aún no saben si utilizarían para ello el IPC de noviembre o la media de los últimos doce meses. Además, son conscientes de que «es difícil» que lo impugne ningún partido, por la impopularidad que le acarrearía. Más prudente se mostró esta misma semana la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien dijo que para subir las pensiones «hay que tener presupuestos».

La legalidad de este procedimiento lo ven cuando menos «discutible» desde CC OO. «La utilización de un Real Decreto por un gobierno que no ha sido investido y con unas Cortes que se han vuelto a disolver es una situación kafkiana», sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, aunque sí está de acuerdo en que «seguramente nadie lo impugnaría».

En esta línea se mantiene también Manuel Álvarez, secretario general de OCOPEN (Organización de Consultores de Pensiones), quien considera que, sin gobierno, la revisión de las pensiones correspondería a la que está en vigor, que es del 0,25%, sin perjuicio de que después en marzo hicieran otra ley que lo modificaran con efecto retroactivo. «Tampoco creo que fuera una tragedia», apunta este experto.

Lo que no se plantea el Gobierno de ninguna manera es aprobar una subida del salario mínimo estando en funciones. Pese a que la situación se asemejaría a la de las pensiones, lo descartan porque aún no han decidido cuál será el alza para 2020 y porque en este caso no existe un consenso generalizado entre las formaciones para poder hacerlo, por lo que lo más probable es que no fuera aprobado por la Diputación Permanente.