El ejército español de okupación

El principio del fin de Fraguas (Guadalajara), al que hoy se accede por una pista forestal que nace en la carretera de Mutile a Cogolludo, doscientos metros más arriba de Jócar, comenzó en 1968. En los estertores del franquismo, el Gobierno ejecutó su expropiación para transformar el municipio en monte de utilidad pública a cambio de tres millones de pesetas. El tiempo se encargaría después de echar abajo las casas, la iglesia y los pajares, hasta que, en 2012, varios miembros de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte, hartos del mundanal ruido, decidieron hacer el petate e instalarse en ese rincón que un día fue un pueblo y que hoy se esconde en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte, un pulmón natural de 125.000 hectáreas cuyas normas prohiben expresamente la urbanización sin permiso. Desde entonces, atesoran un ejército de seguidores casi tan nutrido como el de quienes ven en ellos a unos simples okupas aprovechados.

«¿Que por qué elegimos Fraguas? La verdad es que hicimos una búsqueda detallada y llegamos a la conclusión de que era el lugar idóneo. Teníamos agua, tierra fértil para los frutales... era el sitio perfecto». Lalo Aracil es uno de los seis chavales que, ayudados por amigos y simpatizantes que van sumándose puntualmente a la causa, llevan asentado en Fraguas desde entonces.

Lalo (Madrid, 32 años) cuenta orgulloso que ya han rehabilitado tres casas, que viven a la manera como se hace en las comunas, que son asamblearios y que no tienen miedo; que la amenaza de un proceso judicial como el que pende sobre sus cabezas no va a hacerles cambiar de opinión. «Desde que llegamos fuimos invitados a abandonar nuestros sueños por agentes medioambientales y guardias civiles con amenazas y multas. En junio de 2015 nos llamaron a declarar a seis personas al juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara acusados de usurpación de monte público y, por si eso fuera poco, ahora han añadido en su escrito de acusación los delitos contra la ordenación del territorio y daños, amenazando con demoler las casas que hemos levantado. Ni que decir tiene que no nos vamos a someter a los designios de la Junta de Castilla y que nos opondremos frontalmente al desalojo y demolición previstos por el Estado», dice el portavoz del grupo, que ha contratado un abogado y que cree que, pase lo que pase, aún tienen margen hasta que se vea el juicio para seguir firmes en su cruzada.

En donde tienen muy claro que las cosas se hacen de otro modo es en la Junta de Castilla-La Mancha. Alberto Rojo, delegado del Gobierno en Guadalajara, confiesa que al llegar al cargo y conocer el proyecto del colectivo okupa simpatizó con su iniciativa. Viviendo en una de esas zonas de la 'España vacía' de la que hablaba el escritor Sergio del Molino, en donde muchos pueblos tienen una densidad de población inferior a las más deshabitadas de Laponia, era bonito encontrar gente joven con ganas de volver al mundo rural. El problema, dice, es que no puede hacerse contraviniendo las leyes que obligan a todos los ciudadanos. «Cuando, en 2012, varios representantes de este colectivo acudieron a la Junta a hablar de su proyecto, les informaron de que el lugar que habían elegido era inviable. El problema no ha sido nunca la iniciativa, sino el lugar elegido para desarrollarla. En una provincia en la que hay zonas con una densidad de población de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado, con 218 núcleos con menos de cincuenta paisanos, nadie tiene más interés que nosotros en animar a la gente a volver al campo. Pero ese es un paraje, no una aldea, y está considerado monte de utilidad pública y declarado parque natural, espacios en los que la ley es muy precisa», dice Rojo.

El representante de la Administración autonómica en Guadalajara pone sobre la mesa como alternativa el plan de inversión territorial integrada del Ejecutivo que, asegura, discrimina positivamente cualquier proyecto empresarial que tenga el campo como referencia. Pero también apunta a otro problema: el riesgo de incendio en la zona. El delegado mantiene que esa comarca es muy conflictiva y recuerda que, en 2014, se vieron obligados a desalojar el lugar.

De lo ocurrido aquellos días da fe Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón, el pueblo más cercano a Fraguas y el lugar en donde realojaron a los chavales que eso días estaban en la aldea. Él es de los que creen que se vende una idea edulcorada de la vida rural -«si alguien quiere contar que uno puede llegar a un pueblo, instalarse y vivir de una huerta, que no cuente conmigo»- y no está de acuerdo con la forma de actuar de la gente que se ha instalado en Fraguas. «Es evidente que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, que somos los que resistimos en el mundo rural. Ellos quieren ser de esta última clase pero sin pagar un duro. ¿Un ejemplo? La basura. La dejan en nuestros contenedores pero, desde luego, nadie se hace cargo del impuesto correspondiente».

Gonzalo cree que deberían negociar con la Junta una salida, que bien podría ser la de instalarse en Matallana o La Vereda, dos pueblos vacíos de la zona. Cualquier cosa antes de llegar a una situación que lo mismo acaba con los chicos en la cárcel. También sostiene que las políticas que buscaban la repoblación no han servido para nada. Una idea muy parecida a la que mantiene desde hace tiempo Miguel Martínez Tomey, asistente en el Parlamento Europeo y experto en la materia, que opina que personas como las que ocupan hoy Fraguas tienen el ADN que debería germinar si queremos dar solución al problema de la despoblación rural: determinación e ideas. «Plantean un modelo de desarrollo acorde con los tiempos que vivimos, pero con la legislación actual en la mano es imposible que proyectos como éste prosperen. «Tenemos que replantearnos todas nuestras políticas», dice. En su opinión, si hay voluntad se puede hacer una interpretación más laxa de las leyes, y recuerda que hay ejemplos que lo confirman. «Ahí está el polígono de tiro más grande de Europa occidental construido en el corazón del parque natural de las Bardenas Reales, al sur de Navarra».

Tomey cree que el argumento de la administración autonómica, el de que la zona es ahora un área protegida, no se sostiene. «Fraguas era un pueblo antes y puede seguir siéndolo».