PSOE y Ciudadanos firman 70 medidas de transparencia, sociales y fiscales

El documento señala que la corrupción política es la mayor causa de desprestigio de la política y constituye un lastre inaceptable para la democracia, y propone la remisión por todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas y publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones.

Los cargos institucionales que perciban una retribución pública no podrán recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria; se hará pública la declaración de bienes, actividades e intereses y de las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge.

Otras medidas son que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos, y los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio y el delito será imprescriptible.

La remisión anual a la Cámara de Cuentas de la contabilidad de los partidos políticos haciéndola pública vía telemática para el conocimiento de todos los ciudadanos; el acceso ciudadano a través de Internet de toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control y, por supuesto, de todas sus cuentas, ingresos y gastos electorales, son otras de las medidas.

Órganos internos contra la corrupción

Los partidos deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control, según el documento firmado, que plantea también separar "de inmediato" a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política, además de un compromiso para que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias.

Se aboga por una nueva ley electoral con principios de proporcionalidad, de listas abiertas o desbloqueadas, la reducción de los gastos electorales en un 50 %, la eliminación de los aforamientos autonómicos, y la limitación de mandatos de presidentes de las comunidades autónomas.

La creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, destinada a prevenir, detectar y denunciar malas prácticas; la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, y separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica, son otras de las medidas.

Expulsión de imputados de las listas

Las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales, se reforzará en el ámbito andaluz la normativa necesaria para evitar las llamadas puertas giratorias a los responsables públicos y personal al servicio de la administración pública, y se aprobará una ley de subvenciones.

También la Junta de Andalucía colaborará en las investigaciones judiciales y policiales que se puedan llevar a cabo sobre presuntos actos de corrupción cometidos por personal al servicio de la propia Junta, y se personará en los procesos judiciales por corrupción cuando pueda existir menoscabo para la hacienda pública.

Medidas sobre calidad educativa y de sanidad, sobre dependencia, en materia de apoyo a las empresas; a las políticas activas de empleo, a los sectores estratégicos de la economía; y medidas e incentivos fiscales, completan el documento firmado entre los dos partidos políticos que facilitará la investidura de Díaz.