La ONU, en contra de la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana

"Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", señalaron los expertos en referencia a los proyectos de Reforma del Código Penal relativos a los delitos de terrorismo y de desórdenes públicos y de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se encuentran actualmente en trámite de enmiendas en el Senado.

"Los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática", indicaron los Relatores Especiales. "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España".

Proyecto de reforma del Código Penal

Los expertos independientes afirmaron que "el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades".

Por ejemplo, el proyecto de reforma trata como circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una reunión numerosa. "Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de circunstancias agravantes para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica", recalcó el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.

El proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. En este sentido, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, señaló que "la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".

Por otra parte, los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo son excesivamente amplias e imprecisas. "Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión". "El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", recalcó el Relator Kaye.

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

"La llamada ley mordaza vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo", indicó el Relator Kiai.

"Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España", añadió por su parte el Relator Kaye.

Por otro lado, las disposiciones de dicho proyecto de ley relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla, "podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos", señalaron los expertos.

"Considerando el impacto que podrían tener este tipo de leyes sobre los derechos y libertades fundamentales, deben ser redactadas con cuidado y no pueden ser adoptados de forma precipitada", concluyeron los expertos.

Las advertencias de ambos expertos independientes fueron respaldadas por los Relatores Especiales de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.