Cuando las palabras hieren

No hay parangón posible entre lo sucedido en Arizona y la agresión padecida el pasado fin de semana por el consejero de Cultura del Gobierno murciano. Ni por las dimensiones de la tragedia ni por la gravedad del atentado. Aunque aún indignado y dolorido, Pedro Alberto Cruz (Murcia, 1972) se recupera afortunadamente ya en su casa del ataque sufrido por un grupo de radicales (la investigación aún trata de determinar si fueron dos o tres). Pero el crispado caldo de cultivo de agitadas manifestaciones, lanzamiento de huevos y petardos contra la casa del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, y los anónimos (y muchos de ellos amenazantes) comentarios vertidos en foros de internet y a través de correos electrónicos, con el consejero Cruz o familiares del propio Valcárcel como objetivo de las críticas, tampoco ha servido precisamente para amansar las aguas de un revuelto río.

22 de diciembre. Esa es la fecha que marca el comienzo de la escalada de tensión. La razón, la aprobación por parte del Gobierno regional de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. O lo que es lo mismo, un 'tijeretazo' de unos 500 millones con los funcionarios autonómicos como principales afectados. Valcárcel, sin consensuar ni consultar la ley ni con agentes sociales ni con partidos políticos, daba un brusco golpe de timón a lo que hasta entonces había sido una plácida relación con los sindicatos. Un 'idilio' de hasta 16 pactos sociales en materia de educación o sanidad. Un 'romance' quebrado con una ley que, en la práctica, supone reducir a más de la mitad la cifra de 313 liberados sindicales existentes hasta esa fecha en Murcia.

Refugio en la iglesia

Los sindicatos tomaron la calle ese mismo día con una protesta ilegal (no fue comunicada previamente a la Delegación del Gobierno) con Valcárcel como objetivo. Los manifestantes rodearon la Cámara de Comercio, donde el presidente iba a recibir un premio, y reventaron el acto, que no se celebró. El secretario general de Presidencia, José Gabriel Ruiz, se llevó algún golpe en el tumulto, igual que un fotógrafo de 'La Verdad'. Otros dos cargos públicos acabaron 'acogiéndose a sagrado': tuvieron que refugiarse en una iglesia cercana.

Hasta media docena de encrespadas manifestaciones han elevado la tensión en las calles de Murcia en las últimas semanas. El acoso ha llegado incluso al terreno personal. En cada una de las protestas, la fachada del domicilio particular de Ramón Luis Valcárcel anocheció manchada. Huevos, tomates y petardos volaron hasta su vivienda por encima del cordón policial que la protegía. Incluso la hija de Valcárcel fue increpada.

¿Y cómo ha acabado el consejero Cruz en el ojo del huracán? «Sobrinísimo, hijo de puta» fue el grito de guerra de uno de los agresores mientras una lluvia de puñetazos desfiguraba el rostro del joven político. El despectivo término no lo había acuñado el asaltante. Desde hacía semanas el apelativo hacia Cruz era tan conocido como rotundamente falso. El único parentesco que une al consejero con el presidente de Murcia es el de primos lejanos. Y por parte de la mujer de Valcárcel. Pero el apodo ya había calado. Y en buena medida habían colaborado a ello representantes políticos y organismos públicos. Como la candidata socialista a la presidencia: «El consejero debe dimitir y dejar de ser el gran consentido por ser el 'sobrinísimo' de Valcárcel». O el secretario general de los socialistas murcianos: «Espero que Valcárcel no tenga ningún sobrino más que colocar». E incluso con comentarios en webs como la del Ayuntamiento de Bullas, de alcalde socialista: «Su Excelencia el Sobrinísimo Pedro Alberto Cruz». O en el foro del Sindicato de Profesionales de la Sanidad de Murcia: «Ya en su época de estudiante le tenían por pedante y tontito. Logró que su tío le montara con fondos públicos un chiringuito para que medrara y se entretuviera». Palabras que rozan la calumnia. Palabras que hieren.

El vaso se ha desbordado

La agresión ha desatado una tensa paz en la calle. El clima de crispación se ha rebajado. Pero internet ha seguido siendo un inquieto hervidero. El propio Valcárcel denunció que mientras el cargo público estaba siendo sometido a cirugía maxilofacial en un hospital, un mensaje llegó al correo electrónico de Cruz: «Jódete».

El próximo objetivo es la hija de Valcárcel. El PP ya ha denunciado el inquietante cariz de otras amenazas lanzadas en la red. Amenazas como esta: «Si yo fuera consejero de Sanidad o Educación, esta noche empezaría a tener pesadillas (...) Ya es hora de que esta gente note el miedo en la nuca».

Algo se habrá hecho mal cuando muchas cosas han cambiado tras el ataque a Cruz. Los ocho sindicatos que integran el llamado Comité de Crisis contra la ley ya han sustituido el seguimiento diario a Valcárcel y sus consejeros por protestas puntuales. El ministro Rubalcaba ha puesto en marcha un sistema de vigilancia con policías de paisano y coches camuflados para los miembros del Ejecutivo murciano tras las denuncias de «pasividad» contra la Delegación del Gobierno. Y la Fiscalía regional ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad «extremar el control» sobre las actuaciones en las manifestaciones y el posible contenido insultante o amenazante de pancartas, carteles, lemas coreados y pegatinas. Todo un sinfín de medidas para evitar que algo así vuelva a suceder. Quizás hubiera bastado con una: no añadir más leña a un fuego que excite la hiel de los 'lobos solitarios'.