El 'hiyab', ¿símbolo discriminatorio o religioso?

España es un país multicultural por la llegada de millones de inmigrantes en los últimos años. Conviven en tolerancia diversas religiones, etnias y tradiciones. Basta darse una vuelta por cualquier ciudad española para escuchar decenas de acentos diferentes y asistir a un variopinto e improvisado desfile de moda. Ante esta apariencia de normalidad, subyace un larvado problema de integración. Las encuestas así lo recogen.

Najwa Malha ha puesto sobre la mesa uno de los conflictos que amenaza con extenderse en un futuro. El uso del 'hiyab' en las aulas. La joven de 16 años fue apartada del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, donde una normativa interna prohibe acudir a clase con la cabeza cubierta, ya sea con gorras o pañuelo. La adolescente se negó a quitarse el 'pañuelo' islámico y tampoco quiso trasladarse a otro centro cercano con una normativa más permisiva.

«A quién le puede molestar el velo. No hace daño a nadie», razona Zora, una marroquí vecina de Pozuelo. «Son ellos los que deben adaptarse a las normas del país igual que nosotros nos adaptamos a las suyas», afirma Alejandro, un universitario de la misma localidad madrileña. Son las dos visiones ante el uso del 'hiyab' en espacios públicos, como por ejemplo, los colegios.

No es un caso aislado, aunque tampoco habitual. En octubre, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, expulsó del tribunal a la letrada Zoubida Barik, defensora de un presunto terrorista islamista, por ir cubierta con un 'hiyab'. Cuatro meses después, el Consejo General del Poder Judicial dio la razón al juez y ahora el Tribunal Supremo deberá dictar una resolución definitiva.

El caso de Najwa es más complicado porque se mezcla todo: el derecho a la educación, la expresión de una creencia religiosa, el reglamento de un centro educativo y las normas familiares. Las asociaciones musulmanas han mostrado su malestar por una decisión que consideran que viola el derecho a la libertad religiosa que recoge el artículo 16.1 de la Carta Magna. El mismo argumento que emplea la Conferencia Episcopal para defender la presencia de crucifijos en las aulas.

Algunas organizaciones islámicas se han planteado recurrir al Constitucional ante la respuesta de la administración. La Comunidad de Madrid, la concernida en este caso, avisó a Mohamed Malha, el padre de la chica, de que en caso de negarse a trasladarse a otro centro será denunciado por vulnerar el derecho a la educación de su hija. Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, insiste en que debe primar el derecho a la educación de la menor. El titular de Justicia, Francisco Caamaño, se declara partidario de regular el uso del velo en la nueva ley de Libertad Religiosa en la que trabaja el Ejecutivo, pero que duerme el sueño de los justos sin fecha para despertar. La vicepresidenta primera, en cambio, no ve necesario incluir esa regulación en la futura norma.

El problema va más allá. En Europa este choque entre derechos tampoco está resuelto y cada país tiene una normativa distinta. Francia anunció el miércoles que presentará una ley para desterrar el 'burka' en cualquier espacio público, por considerar que denigra a la mujer. Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de una prohibición de esas características.

La preocupación en España es que la situación se radicalice. Las autoridades lanzan mensajes tranquilizadores para enfriar una situación que puede desbordase y fomentar brotes xenófobos. En cualquier caso, este conflicto pone de manifiesto la dificultad de integración de muchos inmigrantes y de sus hijos, ya nacidos en España. Hace cinco años estalló en Francia unas revueltas de inmigrantes de segunda o tercera generación que acabó con graves altercados y el incendio de miles de vehículos. El estallido violento puso en evidencia los fallos de un modelo de integración. Un problema que desde España se vio lejano y con cierto estupor y extrañeza. Pero quedó claro que habría que tomar nota.