Garzón reactiva el chivatazo a ETA y cita al inspector que apunta a la cúpula de Interior

No será la primera vez que Carlos G. declare ante Garzón. El policía fue interrogado por el magistrado y negó tener nada que ver con la delación. Aseguró que en el momento del soplo se encontraba en el despacho del entonces titular del juzgado, Fernando Grande-Marlaska, informando de los últimos detalles sobre la redada que pretendían poner en marcha de inmediato y que se frenó por la confidencia policial.

Según explicaron ayer fuentes judiciales, el interrogatorio de hoy irá mucho más allá y no se centrará en modo alguno sobre su versión exculpatoria, que Garzón ha dado siempre por buena, sobre todo porque su coartada es su compañero de juzgado Grande-Marlaska. Carlos G., que hace meses fue apartado por sus superiores de la lucha antiterrorista, declarará en calidad de testigo (sin abogado) y no como imputado, y será preguntado sobre los pormenores de la investigación de su equipo sobre García Hidalgo, tarea en la que se rastrearon 1.932 llamadas hasta desembocar en los teléfonos del ex director de la Policía y sus colaboradores.

El magistrado es consciente, según estas mismas fuentes, de que será difícil obtener de su declaración algún dato nuevo contra los dos responsables del Ministerio del Interior y el policía de Vitoria, los tres únicos imputados en esta pieza desgajada del sumario principal. En el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional insisten en que el informe de Carlos G., el único incriminatorio en toda la causa, aunque es exhaustivo en su análisis del tráfico de llamadas entre los supuestos implicados, no es suficiente para sentar en el banquillo a García Hidalgo y sus colaboradores porque no consta en el sumario el contenido de lo que se habló en aquellas conversaciones durante las horas en las que se produjo el chivatazo.

También como testigos y también hoy serán interrogados los dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián que, según declaró en la Audiencia Nacional uno de sus superiores, el día de los hechos vieron merodeando por el bar Faisán a una persona que creyeron identificar como policía. Estos dos agentes, nominados por la sala con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi', participaban ese día en el dispositivo de control de fronteras que debía haber detenido a Elosúa cuando regresara de Francia de entregar el dinero del 'impuesto revolucionario'.

Esta última diligencia fue ordenada por la Sala de lo Penal, al igual que la investigación del tráfico de llamadas de la famosa cabina pública adyacente al bar 'Faisán' desde la que, de acuerdo al sumario, Elosúa, tras recibir el chivatazo, llamó a Francia al colaborador de ETA José Antonio Cau Aldalur para avisarle de que no cruzara la frontera.

Comisión rogatoria

Después de tres años y medio de investigación, Garzón pide ahora a la Policía información sobre si ese teléfono público estaba intervenido, si hay transcripción de las llamadas realizadas por Elosúa y quiénes fueron sus interlocutores. Una vez que reciba esos datos, el juez tiene previsto, siempre como ordenó la Sala, cursar una comisión rogatoria (auxilio judicial) al país vecino para conocer el tráfico de llamadas y las observaciones que se realizaron a los teléfonos fijos y móviles de Cau entre el 3 y 5 de mayo de 2006. Asimismo preguntará a París si su Policía suspendió la operación por culpa del chivatazo.

Mientras tanto, el mayor sindicato del Cuerpo Nacional de Policía pidió ayer a Pamiés que si resulta «implicado» en este caso, «tire de la manta» para salvar su honor y desvelar si recibió instrucciones políticas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), en un comunicado, defendió la «inocencia» y trayectoria profesional del jefe superior del País Vasco, pero advirtió de que «si finalmente alguien encuentra pruebas que le implican en el chivatazo, le pediremos que tire de la manta y que explique qué razones llevan a un comisario de una brillante hoja de servicios contra el terrorismo a hacer lo que hizo».

Según desvelaron ayer fuentes policiales, Interior no ha abierto a Pamiés ni al agente de Vitoria, ambos imputados, expedientes disciplinarios, aunque ésta es una práctica habitual -que no obligatoria- del Ministerio cuando hay policías con acusaciones formales, en este caso, colaboración con banda armada y revelación de secretos oficiales.