La mayor catástrofe ecológica ocurrida en España

Los vertidos anegaron kilómetros de costas españolas en el Atlántico y el Cantábrico, llegando incluso Francia y Portugal, en lo que fue calificada como una de la peores catástrofes mediambientales. La fauna marina y las aves sufrieron las fatales consecuencias y el sector pesquero se vio forzado a paralizar sus actividades, mientras una "marea de solidaridad", integrada por miles de voluntarios, apoyados por militares, procedían a la recogida de "chapapote" en las playas contaminadas. Para obstaculizar las fugas de fuel, se procedió al sellado de las grietas del casco del barco, por las que se estimaba salían diariamente unas 125 toneladas de crudo.

A tal efecto, el Ejecutivo contrató primero los servicios del batiscafo francés "Nautile", que junto con los cuatro robots teledirigidos, utilizados posteriormente, fueron tapando las 20 grietas registradas, hasta culminar el proceso en agosto de 2003. Pendiente quedó la neutralización de las 13.800 toneladas que aún albergaban los tanques del buque, operación que la empresa Repsol acometió durante el verano de 2004, mediante el sistema de extracción por gravedad a partir de bolsas lanzaderas.

Cuestiones técnicas imposibilitaron, sin embargo, el vaciado completo del buque, que durante meses continuó vertiendo carburante a razón de varios litros diarios. Repsol YPF constató en enero de 2008 que la cantidad vertida era completamente "asumible" por el mar y no constituía una amenaza para el ecosistema marino ni la costa. Para paliar las pérdidas económicas y medioambientales derivadas del desastre, el Gobierno elaboró distintos planes de actuación integral, como el "Plan Galicia". Y adoptó una serie de medidas legislativas tendentes a la prohibición de futuros episodios de contaminación en el medio marino.

El derrame del petrolero elevó también la temperatura política en los Parlamentos central y autonómico. La oposición responsabilizó al Gobierno de la gestión de la catástrofe y de la decisión de alejar el barco mar adentro, que según la versión oficial la tomó Fomento después de consultar con cinco técnicos. El hundimiento del petrolero generó también en Galicia un movimiento social que arrastró a miles de personas, convocados por la plataforma "Nunca Máis", a numerosas manifestaciones. Por lo que respecta al terreno judicial, la causa fue instruida por el juzgado número 1 de Corcubión (A Coruña), que la concluyó el 14 de noviembre de 2011 y la envió a la Audiencia Provincial de A Coruña.

El 16 de octubre de 2012 comenzó la vista oral, que fue suspendida al día siguiente y quedó pospuesta hasta el 13 de noviembre, cuando se reanudarán las actuaciones con las declaraciones de los acusados, entre ellos, el capitán del buque, Apostolos Mangouras. La vista se prolongó hasta mayo de 2013 y el 10 de julio, quedó vista para sentencia. El hundimiento del barco provocó también la apertura de otro procedimiento relativo a una demanda que presentó el Gobierno español contra la American Bureau of Shiping (ABS), la empresa que certificó el buen estado del buque para su navegación. En 2008, un tribunal federal estadounidense desestimó esta demanda.