El Constitucional suspende la declaración de soberanía de Cataluña

La decisión de la corte fue automática una vez que acordó admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la disposición del Parlament, por considerar que es un acuerdo con efectos jurídicos que viola varios artículos centrales de la Constitución, por lo que debe ser anulada.

La Carta Magna obliga al tribunal a tomar la medida cautelar de suspensión si así lo reclama el Gobierno en cualquier recurso o impugnación contra leyes o disposiciones de las autonomías. En un plazo máximo de cinco meses el Constitucional deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta si para entonces no ha resuelto todavía sobre el fondo del asunto.

El Ejecutivo planteó al Constitucional la nulidad en marzo, nada más contar con los informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado, que coincidían en la inconstitucionalidad del texto que declara a Cataluña sujeto politico soberano. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya visó que será la primera de todas las decisiones legales que impulsará el Ejecutivo para frenar la senda soberanista emprendida por la Generalitat.

Vulnera la Carta Magna

Los estudios jurídicos en manos del Ejecutivo señalan que la declaración viola al menos los artículos 1.2, 2 y 9.1 de la Carta Magna, que consagran que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la unidad indivisible de la nación y la obligación de todas las administraciones de estar sujetas a los mandatos de las leyes y la Constitución, además de ignorar el sistema de reforma agravada de la ley fundamental del artículo 168, que es el único procedimiento válido para modificar los capítulos especialmente protegidos del texto, como son los afectados por la rotunda afirmación de que el pueblo catalán es soberano.

Los informes de los expertos juristas niegan que se trate de una simple declaración de intenciones, como siempre ha defendido el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Muy al contrario, sostienen que es un texto con efectos jurídicos que debe ser anulado porque declara a Cataluña como sujeto político soberano e inicia un procedimiento que mandata a las instituciones autonómicas y a los ciudadanos a poner en marcha procesos y mecanismos hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, que deberían culminar en 2014 con la celebración de una consulta.