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«Tengo la certeza de que a mi padre le atropellaron»

Francisco Ruiz (segundo por la izda.), posa junto a su familia y Solimán Ahmed, en el lugar del accidente.
Francisco Ruiz (segundo por la izda.), posa junto a su familia y Solimán Ahmed, en el lugar del accidente. / Ramón L. Pérez
  • La familia de un ciclista fallecido en 2014 en la carretera de La Malahá confía en que la Audiencia reabra la investigación

«Lo único que buscamos es terminar de aclarar todos los términos del alcance o atropello a la víctima, al ciclista». Francisco Ruiz se refiere a su padre fallecido así, en tercera persona, porque, aparte de ser su hijo, es su abogado póstumo. Su progenitor, del mismo nombre y 65 años, encontró la muerte la mañana del 21 de junio de 2014 cuando circulaba con su bici por la carretera A-385, que va de Santa Fe a La Malahá. «Tengo la certeza de que a mi padre le atropellaron», asegura con vehemencia mientras exhibe una fotografía del casco de protección que llevaba su progenitor, que no impidió que se fracturase el cráneo. El casco se rajó por la mitad por la violencia del impacto. Francisco también tenía fracturas costales y de pelvis, así como un hematoma extenso en la cadera izquierda y otro en el codo izquierdo.

Sin embargo, el órgano que instruyó el caso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Fe, archivó la investigación el 10 de mayo del año pasado, al concluir no se podía determinar, «siquiera indiciariamente, la implicación de un vehículo ajeno al señor Ruiz González como causa de la caída de la bicicleta que este sufrió».

Frente a la conclusión del juzgado, la familia blande un testimonio clave: el de un testigo que, estando en su finca recogiendo ciruelas, escuchó perfectamente «el golpe característico de un coche y un grito fuerte de una persona». Este hombre estaba a unos 150 metros del lugar del siniestro y declaró en el juzgado en julio de 2015. «Entendemos que no se le ha dado a esta diligencia de prueba, importantísima desde nuestro punto de vista, la relevancia debida», opina el abogado, que pone de relieve aparte las «gravísimas» lesiones que sufrió su padre.

De hecho, tiene en su poder un informe del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, que determina que por una simple caída lateral de la bicicleta la probabilidad de que un adulto con casco sufriera un traumatismo craneoencefálico de la gravedad de la víctima «sería ligeramente superior al 13%». Asimismo, destaca que las fotos de la autopsia indican que «no hubo un arrastre o rozamiento de la cadera contra una superficie rugosa y sugieren un impacto seco o repentino».

Por eso, las lesiones del ciclista y el testimonio del citado testigo son, a juicio de Ruiz, «las dos pruebas más importantes para acreditar el hecho, habida cuenta de que no existió inmediatez a la hora de recabar indicios por parte de nadie». Y es que las primeras diligencias que se practicaron consistieron, según afirmó el letrado, en identificar al ciclista y avisar a los familiares de que estaba en el Hospital de Traumatología, donde falleció.

Desde la muerte de su progenitor, como un hijo coraje -aunque él no se siente así-, Ruiz no ha dejado de reconstruir los hechos en su mente y en los papeles. Quiere acabar el puzzle de lo que está convencido que aconteció aquella mañana. Para ello, ha recabado mil y un informes, ha recorrido una y otra vez el camino que hizo su padre y ha buscado a todas las personas que pudieron ver u oír algo. El segundo testigo que llegó al lugar del siniestro, de hecho, afirma que lo encontró él, mientras que al testigo que dijo haber oído un «impacto» también lo localizó su familia. Fue justo el día del homenaje que se hizo a su padre, un año después, en el punto kilométrico 18.500, donde fue el accidente.

Al primer testigo lo encontró la Guardia Civil, y, según Ruiz, «tiene cuatro versiones completamente contradictorias, o cinco, si se añade la diligencia de careo con la segunda persona que llega, que contradice radicalmente la declaración del primero». Ese primer testigo es el conductor que paró primero. Éste afirmó que observó un «bulto» en la carretera y que al rebasarlo, percibió que era un ciclista que se estaba «muriendo». El abogado enfatiza que en esos momentos «no había síntomas externos de fallecimiento». En la causa nunca ha habido nadie imputado.

El auto que ratificó el archivo de la investigación fue emitido el 27 de octubre y concluyó que fue un «vuelco en la calzada», así como que «no hay testigos, huellas, restos o vestigios que sitúen a un tercero en el lugar de los hechos como autor de la caída de la bicicleta que sufrió don Francisco Ruiz González». La Guardia Civil no observó en la bicicleta «daños compatibles con la interacción con ningún vehículo». Para el juzgado, «todo indica que se trató de una caída en seco sobre el asfalto, desconociéndose si la misma pudo tener su causa en un vértigo, desmayo o mareo previo». Señala además que las gestiones realizadas por la Guardia Civil «eliminan cualquier tipo de indicio de la implicación» de la primera persona que paró, cuyo coche fue objeto además de una inspección ocular. En cuanto a las «contradicciones» que Ruiz refiere no son, en opinión del juzgado, prueba suficiente para imputarle la autoría.

Apelación

Por contra, Francisco y su familia tienen claro que hubo un culpable. «Nosotros ya sabemos cómo ha sido; otra cuestión es que trascienda jurídicamente». Ahora han recurrido el sobreseimiento ante la Audiencia de Granada. El día de la votación y fallo del recurso será el 16 de marzo. Para el mejor amigo de Ruiz, el también abogado Solimán Ahmed, que le ha ayudado en el caso, leer el auto que confirmó el archivo es «como ver otro partido». Él también está convencido de que no fue una caída fortuita.

La víctima era aparejador y acababa de jubilarse. Era ciclista aficionado «de toda la vida». Cuando su hijo Francisco tenía sólo diez años le regaló una bici y salían juntos los fines de semana hasta que llegó la adolescencia. «Él siempre buscaba una posición protectora respecto a mí», recuerda el letrado, que ahora trata de proteger «la realidad de lo sucedido» y confía «en que los órganos judiciales aprecien los indicios y den respuesta» a esa realidad.