El Ayuntamiento de Atarfe formaliza su personación en el caso de las licencias de Medina Elvira

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, el municipio se persona en ese sentido como responsable civil subsidiario pero intentará que, más que responsable, sea considerado una "víctima" de la gestión realizada por los exalcaldes socialistas, Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso.

De hecho, se daría la paradoja de que el actual equipo de gobierno, de Por Atarfe Sí (Podemos), tuviera que hacer frente de forma subsidiaria a las indemnizaciones que se desprendieran de esta causa, que será juzgada en la Audiencia Provincial de Granada, por unas posibles ilegalidades presuntamente cometidas por aquellos a los que denunciaron con anterioridad, Sánchez y Ruiz Maeso, aunque el primero no acude a las vistas previstas contra él por su delicado estado de salud.

Según ha indicado a Europa Press la actual primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda, Rosa Félix, al margen del caso judicial, el Ayuntamiento intentará negociar con los bancos una posible salida sostenible a la urbanización, y hará un estudio de viabilidad para darle una "salida legal y una alternativa" a las viviendas. "Una cosa es que nos defendamos en este caso y otra muy distinta que dejemos abandonadas a las víctimas, y no vamos a hacer eso", ha mantenido Félix, que ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una deuda de en torno a 60 millones, según la estimación provisional.

La deuda, de la que Por Atarfe Sí ha conseguido abonar más de dos millones de euros, se vería engrosada por las posibles indemnizaciones que tendría que enfrentar en el caso de las licencias de Medina Elvira, una cuantía que el Ayuntamiento desconoce por ahora.

El Juzgado de Instrucción 4 declaró la declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento respondiendo a la petición de la Audiencia Provincial de Granada, que el pasado 25 de enero, cuando estaba previsto el comienzo del juicio por el asunto de las licencias, acordó devolverle la causa para que revisara el auto de apertura de juicio oral en lo referente a las responsabilidades civiles.

Así, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, declaró la responsabilidad civil de las sociedades inmobiliarias presuntamente implicadas (Bareo Investments, Vladigolf, Pensínsula Project, Costaind y Costa Indálica), y acordó trasladarle las actuaciones a sus administradores concursales --ya se que encuentran en concurso de acreedores-- para que presenten su escrito de defensa.

También declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Atarfe por las peticiones indemnizatorias que pudieren resultar y declararse respecto de los acusados, y le daba un plazo de tres días para personarse en esa condición y presentar escrito de defensa.

Los acusados

En este caso de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, están acusados los exalcaldes de Atarfe Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso.

Ruiz Maeso y Sánchez --que no se presentará al juicio por motivos de salud-- se enfrentan a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística. También están acusados el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., para los que la Fiscalía pide la misma pena que a los anteriores.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof --la empresa propietaria de los terrenos--, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto Víctor Sánchez --alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009-- como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias". De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello", en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".

Con ello considera el fiscal que los procesados incumplieron "consciente y deliberadamente" lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con "el conocimiento y el consentimiento" del secretario del Ayuntamiento, quien "faltando a su deber", permitió la "vulneración de la normativa urbanística", "no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación".

LOS EMPRESARIOS URBANÍSTICOS

Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Península Project, y Costaind S.A. y Costa Indálica, guiados por el ánimo de "obtener un lucro ilícito" procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urbanística no podían obtener las licencias necesarias, además de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.

La Fiscalía mantiene que "ocultaron" estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisición ni el pago de su precio, añadiendo que "la publicidad realizada incluso a través de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas".

De hecho, el Ministerio Público reclama además declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas de manera ilegal y la indemnización conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.