El juez de la Casa Ágreda cita al exedil de Patrimonio para declarar como testigo

Según precisaron ayer fuentes del caso, el exedil de Patrimonio, al no haber sido citado como investigado no tendrá que acudir con abogado, siendo su testimonio como testigo una de las diligencias que la Audiencia Provincial de Granada consideró que debían practicarse al ordenar que se reabriera la investigación.

El asunto de la Casa Ágreda se ha reactivado después de varios meses aguardando un pronunciamiento de la Audiencia de Granada sobre la recusación contra el juez José Luis Ruiz Martínez que presentó el empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular en la causa. Finalmente, el tribunal ha concluido que no había razones que justificasen apartar a este juez del asunto.

Los tres nuevos investigados y los tres testigos, entre ellos Caracuel, desfilarán por la Caleta el próximo mes de abril. En concreto se han reservado los días 3, 9 y 24, y en cada fecha declarará un testigo y un investigado. El día 3, el magistrado interrogará a Caracuel y a otra persona, en su caso sí como investigada.

Junto a estas citaciones, que ya han empezado a ser notificadas a los interesados, el órgano ha pedido que se elabore, por un perito judicial, una valoración del inmueble teniendo en cuenta su uso con fines institucionales.

El caso de la cesión frustrada de la Casa Ágreda a AIDE, la Federación Internacional para el Desarrollo, con sede en París, se inició en agosto de 2016 a raíz de una denuncia de la fiscalía.

En su denuncia, la fiscalía sostenía que Torres Hurtado habría 'desplazado' al concejal que debería haber tramitado la operación -Eduardo Caracuel- en favor de Isabel Nieto, la exedil de Urbanismo. Y eso a pesar de que no tenía competencias en la materia. «Dicho expediente -el de la Casa Ágreda-, tratándose de un edificio de naturaleza jurídica patrimonial (...), debería haber sido tramitado por la Concejalía de Patrimonio, al frente de la cual se encontraba Eduardo Caracuel, pues de esta depende el patrimonio integrado por bienes inmuebles y edificios municipales de carácter histórico, incluso, de hecho, en servicios de esta concejalía se custodiaban las llaves del edificio», relataba el escrito del fiscal.

Hasta ahora había cinco investigados y se pretende determinar si se cometieron en esta adjudicación posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación. El asunto fue archivado a finales de octubre de 2016 y la decisión fue recurrida ante la Audiencia, que ordenó en junio del año pasado que se reabriera, entre otros motivos, al entender que había que esclarecer la competencia de la Concejalía de Urbanismo para tramitar este expediente. De hecho, cuando se convocó concurso para la enajenación del inmueble en 2008 lo tramitó Patrimonio.