El gobierno de Torres Hurtado ordenó no enviar multas en vísperas de las municipales

2015 fue año de elecciones municipales.

El papel acumulado en las oficinas de la Agencia Municipal Tributaria provocó que la fuga se agravara. En 2016 cayó aún más la recaudación, quedándose en apenas 3,3 millones de euros, un exiguo 47% de la cantidad contemplada.

El agujero no pasó desapercibido ante algunos grupos municipales. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, llamó la atención ante la caída de ingresos, a lo que el equipo de gobierno respondió que había encontrado un «descontrol total» en la tramitación de las multas: se 'perdían' entre la Policía Local y la Agencia Municipal Tributaria.

El propio alcalde, Francisco Cuenca, encargó que se investigara lo sucedido y se han diseccionado más de un millones de expedientes tramitados en el último lustro (2011-2016).

La conclusión: nada fue fortuito.

El informe de un funcionario municipal ha 'afinado' más en los motivos de este desfase entre las multas impuestas y aquellas que finalmente se han cobrado. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, apunta que la tramitación de las multas de tráfico se suspendió intencionadamente entre mediados de abril y el mes de junio de 2015, periodo que coincidió con la precampaña de las elecciones municipales. Y fue una decisión política: «Existía orden superior de paralización».

En el informe oficial se advierte del «descenso elevado en la iniciación de expedientes sancionadores obtenidos por medios de captación de imágenes (cámaras de control de accesos y carril bus/taxi), pasando de una media de 130.000 expedientes anuales a 66.000 en el año 2016». Se apagaron las cámaras ponemultas.

Según relata el escrito, en el área de Movilidad -de la que dependía la Policía Local- se percataron de que algo ocurría a mediados del mes de abril de 2015. «Se observó que por la Agencia Municipal Tributaria no se estaba informatizando los boletines de denuncia, ni asignando domicilios, gestión que realizaba desde el 2007».

También a mediados de abril de 2015 y hasta el 1 de junio de ese mismo año, «se paralizó el envío de notificaciones al servicio de Correos, lo que llevó a la prescripción de más de 10.000 expedientes sancionadores». Es decir, que las sanciones de la Policía Local se 'perdían' por el camino, ya que no se tramitaban. Si se pone como referencia una media de 50 euros, la cantidad que se esfumó podría ascender a medio millón de euros.

El escrito recoge que se dio aviso el 20 de abril y el 27 de abril. En aquel momento -a un mes escaso de las elecciones municipales-, había 19.000 notificaciones pendientes de enviar al servicio de Correos. Al advertir los técnicos del área de Movilidad de la posible prescripción, recibieron «información verbal de que existía orden superior de paralización» en el envío de las notificaciones, según recoge el funcionario en el documento oficial.

La actividad se desplomó. De los 213.048 expedientes tramitados en 2014 se pasó a 173.568 en 2015; 40.000 menos.

Una 'amnistía' que coincidió casualmente con la víspera de las elecciones municipales. Unos comicios que, a nivel ciudadano, estuvieron marcados por la implantación de la LAC y, en menor medida, por la impopularidad de las multas.

¿Quién dio la orden? El informe no se especifica pero se alude a un «superior». Por encima de los técnicos que llevan la agencia sólo están los políticos del gobierno municipal.

Con posterioridad a esa fecha todavía se siguieron produciendo anomalías en la tramitación de las notificaciones. Desde mediados de junio de 2015, y como la Agencia Municipal Tributaria se mantuvieron sin informatizar denuncias y sin asignar domicilios, desde la sección de sanciones se anuncia que no pueden asumir ese trabajo. La propuesta que se lanzó fue la de reducir la tramitación de las denuncias de cámaras en un 50%, dejándolo en unas 2.000 denuncias semanales.

«A partir del 1 de noviembre de 2015 se reciben en la sección unas mil denuncias semanales para su tramitación, situación esta que se ha mantenido hasta finales de agosto de 2016 que se ha aumentado a 2.500 denuncias semanales, aproximadamente», recoge el escrito en poder de IDEAL.

Hay que recordar que la Policía Local depende de la concejalía de Movilidad y Protección Ciudadana, que estuvo gestionada por Telesfora Ruiz hasta las elecciones de mayo de 2015, y posteriormente por María Francés, tras los comicios y el pacto de gobierno con Ciudadanos. La Agencia Municipal Tributaria en un organismo autónomo, encargado de gestionar y cobrar las sanciones. Trabaja en coordinación con el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, que desde 2015 y hasta mayo de 2016 estuvo gestionada por Francisco Ledesma (PP), mientras que desde esa fecha es responsabilidad de Baldomero Oliver (PSOE).

Además de la falta de tramitación de las multas en el periodo concreto de las elecciones municipales, recogido por escrito en el informe, se apunta también a que no se inician los expedientes en vías de apremio. Desde marzo de 2016 la Agencia Municipal Tributaria no habría dictado «providencias de apremio de expedientes sancionadores que han finalizado el plazo de pago voluntario». En el documento se calcula que existen más de 35.000 expedientes sancionadores pendientes de apremio que ascienden a más de 3,5 millones de euros.