Granada, en guardia ante el destino de las secciones penales del TSJA

Esas secciones resolverán las apelaciones penales tras haberse implantado la segunda instancia penal, que supone que los recursos de contra los autos y sentencias de las audiencias provinciales andaluzas se resuelvan en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), con sede en Granada.

Los representantes de los abogados, de los procuradores, de los fiscales, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y la propia delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Sandra García, han reclamado esta semana, en un reportaje publicado por IDEAL, que las seis plazas de magistrado no se muevan de aquí, o al menos, tres de ellas.

Y lo han hecho en un tono especialmente reivindicativo, exigiendo al Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) -que es el máximo órgano de los jueces- que sean ubicadas en la capital donde está la sede del alto tribunal y la Fiscalía Superior de Andalucía: Granada.

El motivo principal es garantizar una unidad de criterio a la hora de dictar las resoluciones, ya que se generará un jurisprudencia que tendrá la misma fuerza que la emanada del Tribunal Supremo (TS).

Algunas de las fuentes consultadas apuntaron a posibles "presiones políticas" y animaron a las instituciones granadinas a reaccionar en conjunto para evitar que la mayor o menor influencia política de una ciudad determine la localización de estas secciones.

La segunda instancia penal implica que los procedimientos iniciados desde diciembre de 2015 sean recurridos ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, cuyo presidente es el presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río. De momento, sólo se han recibido tres apelaciones penales, pero se esperan entre 1.000 y 1.200 anuales en toda Andalucía.

"Si la capitalidad judicial está aquí, que no sea solamente el nombre", espetó la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. "Igual que el Tribunal Supremo reside en Madrid y sus salas están allí, esas secciones deben estar en Granada", recalcó por su parte Rafael López Cantal, que es el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia.

"Su ubicación aquí evitaría elementos de dispersión y posibles resoluciones contradictorias", opinó el nuevo decano del Colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego. Su apreciación fue compartida por el decano de los abogados, Eduardo Torres, que señaló a "razones históricas y operativas" de peso.

Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía dejó claro que no es competente para decidir sobre la ubicación. No obstante, garantizó que dotará de los medios materiales y humanos necesarios a las nuevas secciones que se acuerden por el Consejo General del Poder Judicial, independientemente de las provincias que finalmente puedan considerarse más apropiadas para albergarlas, atendiendo a los criterios de volumen de asuntos y dispersión territorial que presenta nuestra comunidad autónoma".

No obstante, la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, consideró que "lo lógico" es que esos magistrados se queden en la ciudad de la Alhambra, y así lo reivindicó. Ahora habrá que esperar a que el CGPJ comunique cuál será el destino de las secciones.