El inventario oficial triplica el precio que pidió el anterior equipo de gobierno por Casa Ágreda

El valor histórico, cultural y hasta sentimental de la Casa Ágreda, que ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza judicial para el exalcalde de Granada José Torres Hurtado, es incalculable. Pero como es lógico en un mundo en el que todo se mide en términos crematísticos, también tiene un precio monetario: 6.167.967 euros, una cantidad que triplica lo que pidió por el inmueble el equipo de gobierno que presidía el citado Torres Hurtado. En concreto, los anteriores 'administradores' de la capital pidieron 1.997.638 euros por el inmueble ubicado en el Albaicín. La oenegé interesada en la adquisición del edificio, la Asociación Internacional para el Desarrollo (AIDE), disponía de un plazo de 40 años para abonar ese dinero. Es decir, que iba a ser una venta 'en diferido', pero finalmente no prosperó porque el PSOE, que tomó las riendas de la ciudad después de que Torres Hurtado dimitiera tras ser detenido en el marco de la 'Operación Nazarí', frenó en última instancia un acuerdo que ya estaba más que cerrado.

Es verdad que el trato abortado también preveía que AIDE invirtiera casi cinco millones de euros en la rehabilitación del edificio, pero, claro, si la oenegé compraba la Casa Ágreda -y parece que esa era su intención- ese dinero no supondría un beneficio para el patrimonio público. En resumen, que si todo iba según lo previsto, el Ayuntamiento ingresaría algo menos de dos millones de euros por una propiedad que costaba el triple. ¿Pero quién ha calculado que la Casa Ágreda 'cuesta' 6.167.967 euros? Pues eso es lo más llamativo de todo: el Ayuntamiento de Granada, esto es, la misma institución que, cuando estaba presidida por Torres Hurtado, trató de vender la finca pública en cuestión por la tercera parte. Parece contradictorio, pero es real. El precio de 6.167.967 euros es el que figura en el inventario municipal que entregó la anterior corporación a la nueva cuando se produjo el relevo.

Esta cantidad coincide con la que aparecía en una tasación de 2008 encargada por el Consistorio a una empresa externa. O sea que, presumiblemente, esa fue la cifra en que se 'inspiraron' las autoridades municipales para trasladarla al registro de sus bienes inmuebles.

Informe policial

Como dato curioso, el coste oficial de la Casa Ágreda es muy similar al del edificio de la Casa Consistorial de la Plaza del Carmen, que el citado documento sitúa en 6.427.901 euros, o al del emblemático Teatro Isabel la Católica, que 'vale' 6.534.441 euros. En otras palabras -y atendiendo a lo que especifica el propio inventario municipal-, que el palacete albaicinero del siglo XVI sería una de las 'joyas de la corona' del Ayuntamiento capitalino. Desde luego, así lo interpretó una parte de la sociedad granadina que puso el grito en el cielo para intentar impedir su venta a una entidad humanitaria registrada en París y con estrechos vínculos con Marruecos. La polémica acabó recalando en la Fiscalía Provincial de Granada, que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional una investigación sobre los pormenores de la transacción del edificio. Una vez que tuvo en su poder ese informe sobre la venta 'en diferido' de la Casa Ágreda, el ministerio público -tal y como adelantó IDEAL el pasado 5 de agosto- denunció a Torres Hurtado, su exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto y otras trece personas más por la presunta comisión de tres delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El escrito de la fiscalía, que fue admitido a trámite y ha derivado en la apertura de una pesquisa judicial, dedicaba un espacio nada desdeñable al 'misterio' del precio de la Casa Ágreda. Y es lógico, porque es un tema central a la hora de aclarar si se produjeron irregularidades o no. En este sentido, la denuncia detalla que en las «dependencias municipales constan al menos» tres tasaciones del edificio anteriores a la del funcionario Manuel Lorente, uno de los investigados, y sólo una de ellas coincide con la que aparece en el inventario municipal. La primera, que elevaba el precio de la finca a poco más de cinco millones de euros, data del año 2007 y llevaba la firma del subdirector de Arquitectura del propio Consistorio.

La segunda valoración, fechada en 2008 y realizada por una empresa externa, fue de 6.167.967 euros, que es el mismo guarismo que ahora aparece en el inventario municipal.

La tercera tasación la elaboró en 2012 también un experto del Ayuntamiento, concretamente el arquitecto técnico de los Servicios de Ejecución Urbanística de la Subdirección de Gestión de la Concejalía de Urbanismo. «Valora el inmueble -especifica la fiscalía- en 4.098.259 euros, estimando un valor para su arrendamiento, teniendo en cuenta el rendimiento que se podría esperar sobre la base del valor en venta calculado, en torno a los 13.600 euros mensuales».

Pero, probablemente, sea la cuarta tasación la más llamativa. Su autor es el funcionario Manuel Lorente, uno de los trabajadores del Consistorio denunciados por la fiscalía, y es de 2014, justo cuando empezó a cristalizar la venta de la Casa Ágreda a AIDE. Según el expediente, el informe de Lorente aludía a la tasación de 2012, los 4.098.259 euros, para describirla como «totalmente inconsistente» porque contenía «numerosos errores de concepto». Así las cosas, concluye que «la cifra resultante no tiene ningún valor ni se sustenta en el análisis del edificio ni en sus características urbanísticas ni de protección».

En cambio, Lorente -según el decreto del ministerio público- estableció los siguientes precios: «Derecho de superficie a 40 años con opción de compra: 248.891 euros» y «derecho de superficie a 75 años (sin opción de compra) 1.421.085 euros». En cuanto al valor del inmueble con opción a compra, Lorente lo elevó a 1.637.638», cantidades, en cualquier caso, muy inferiores en las anteriores tasaciones.

Lorente «toma como premisa» para esa valoración «la realización de obras de rehabilitación» de la Casa Ágreda «por 4.959.519». Pues bien, a este respecto el ministerio público alerta sobre un detalle clave: si finalmente la oenegé decidiera ejercitar el derecho de compra, los cinco millones de la restauración serían para AIDE. El beneficio redundaría «en la asociación» y no en el Consistorio.

El juez del caso ha pedido ahora la quinta tasación.

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