La Junta tendrá que pagar 900.000 euros por los vertidos de la cárcel

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno andaluz en representación de la Agencia Andaluza del Agua contra la dictada por el Juzgado de lo Contencioso 3 de Granada, que ya condenó a la Junta a indemnizar a la dueña de un cortijo.

La sentencia recurrida y que ahora se hace firme fijó en 865.160 euros la cuantía con la que la Junta debía indemnizar a Elena G.G., la propietaria de un cortijo colindante con la prisión de Albolote que denunció vertidos procedentes de la depuradora de la cárcel y que provocaron graves daños en su terreno.

El pronunciamiento del TSJA, que ha adelantado el periódico Granada Hoy, hace firme la indemnización fijada por el juzgado de lo Contencioso y eleva en otros 34.000 euros la cuantía que recibirá la denunciante, que también presentó un recurso a la sentencia inicial que sí ha sido admitido para que se valoraran las pérdidas en producción agrícola.

La Junta consideró en su recurso que el juzgado contencioso no era competente porque impugnaba una decisión tomada por un consejero y debía dirimirse en el TSJA y explicó que no habían quedado "suficientemente acreditados" los hechos.

También apuntó que cuando se produjeron las inundaciones por las que la denunciante será indemnizada había transcurrido poco tiempo desde que la Agencia Andaluza del Agua había recuperado la competencia en la materia y que las pérdidas económicas respondieron al "carácter extraordinario" de las tormentas.

El TSJA también ha desestimado el argumento mantenido por la Junta en su recurso, que recalcó la "incongruencia" de la condena al considerar que la Agencia Andaluza del Agua actuó como una sucesora de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El alto tribunal ha otorgado así firmeza a la sentencia inicial y ha condenado a la Junta a indemnizar con casi 900.000 euros a la denunciante.

La afectada que cobrará la indemnización denunció en el 2010 los vertidos que, desde 1997, padece su finca y que le habrían ocasionado graves daños, lo que provocó también una causa penal que sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

Esta instrucción citó para declarar en calidad de imputados de diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), técnicos encargados de la depuradora de la que salieron los vertidos, cargos de Instituciones Penitenciarias, de la Junta y responsables de la cárcel de Albolote.