El informe de la UDEF que avanzó hace 24 horas IDEAL sobre el 'caso Serrallo'
Un informe contabiliza 2,5 millones «pendientes de ingresar» en el 'caso Serrallo' | Considera que no «cabe justificación legal» para que, tras cuatro años, aún no se hayan liquidado definitivamente las obras y la operación urbanística, con la presunta pérdida patrimonial para el Ayuntamiento
Q. CHIRINO Y C. MORÁN
Miércoles, 13 de abril 2016, 10:18
La investigación del 'caso Serrallo' abre nuevos caminos. Lo que inicialmente parecía reducirse -llevado al extremo- a la construcción de una discoteca en el lugar ... donde estaba previsto un parque, se ha convertido en un procedimiento mucho más complejo. La fiscalía solicitó el 12 de febrero al grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional un informe sobre las cuentas de la operación urbanística del sector donde se levantó la zona de ocio del centro comercial. En las diligencias previas pedía que se analizaran los «aspectos económicos y patrimoniales derivados de estos hechos» y la posible «implicación en ellos de los investigados, así como de cualquier otra persona que pudiera resultar responsable». De momento, el 'caso Serrallo' mantiene investigados -anteriormente imputados- a cinco altos cargos municipales, un empresario y la propia concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que declaró el pasado 10 de diciembre.
El informe policial ya está entregado. En un oficio de 15 folios, el inspector jefe del grupo concluye que, cuatro años después de que el Ayuntamiento diera por finalizadas las obras y la urbanización del entorno, aún no se ha producido la liquidación definitiva. Una situación de la que -dice- «no cabe justificación legal».
La consecuencia es -siempre según las pesquisas policiales- que el Ayuntamiento no ha recibido todo el dinero que le correspondería tras la operación urbanística que transformó aquella zona de la ciudad. La Policía Nacional cuantifica este 'agujero' en cerca de 2,5 millones de euros: «Estaría pendiente de justificar el pagó de 2.475.186,75 euros, según liquidación provisional y a falta de la definitiva».
La cantidad resulta del dinero supuestamente 'colgado' por la compra de suelo -técnicamente, unidades de aprovechamiento- al Ayuntamiento (1.481.766); y aportaciones en otras obras del entorno -sistemas generales y sistemas locales- (993.419). Sobre estos casi 2,5 millones de euros, la Policía advierte de que «no consta la existencia de las correspondientes cartas de pago» dentro del expediente.
El Ayuntamiento, en los escrito remitidos al juzgado que lleva el caso, justifica que la liquidación definitiva corresponde al promotor al tratarse en un sistema de actuación privado y que, en cualquier caso, los «intereses municipales» están garantizados porque sigue depositado el aval entregado por el empresario.
El informe policial replica este último argumento: «Es incierto, puesto que el referido aval corresponde al 7% de las obras de urbanización. (...) En cualquier caso, no cubre ni de lejos la eventual cantidad a pagar por parte del promotor al Ayuntamiento, resultante de la liquidación definitiva».
La parcela 'liberada'
¿Se ha hecho todo lo posible por cobrar? La instrucción judicial considera que lo que «realmente resulta trascendente y relevante penalmente» es que, el 23 de abril de 2013 se levantaran las cargas urbanísticas sobre una finca -por importe de 3.048.859 euros- sin que estuviera efectuada la liquidación definitiva: «Supuestamente por haberse cumplido todas las obligaciones, pero sin que en modo alguno quede constancia de tal supuesto cumplimiento».
La decisión se adopta por decreto de Isabel Nieto, apoyado en los informes de dos funcionarios. Sin embargo, la Policía apunta que falta el «preceptivo informe de fiscalización del interventor»; la determinación la toma un «órgano incompetente»; y se obvia un documento previo del director general de Urbanismo donde «denunciaba graves irregularidades».
La Policía ha solicitado un mandamiento judicial para tener acceso a expedientes y convenios urbanísticos relacionados con el caso; información del Registro de la Propiedad sobre la finca investigada; y copia compulsada de «cuantas cartas de pago existan» en el Ayuntamiento.
Este era el informe policial que esperaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital para decidir cuál será el siguiente paso en el 'caso Serrallo'.
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