Granada mantiene niveles ilegales de polución al finalizar la moratoria europea

Esa es la principal conclusión extraída de los primeros datos que uno de los tres medidores de la red de calidad ambiental granadina -el situado en la avenida Luis Miranda Dávalos, en el Distrito Norte- ha arrojado desde enero hasta agosto, último mes auditado. «El efecto nocivo en las personas como consecuencia de una exposición a este tipo de contaminantes está totalmente demostrado», argumenta Vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo vincula con el aumento de enfermedades pulmonares.

La Unión Europea (UE) concedió en 2012 una prórroga sólo a tres regiones españolas para que se pusieran al día con el control de este tóxico, según recuerda el profesor. Tras denegar tal exención a la capital española, Barcelona y Palma, Bruselas accedió a ofrecer este privilegio al Sur y Este de la Comunidad de Madrid, más Granada y su entorno.

Desde entonces, la ciudad no ha dejado de registrar concentraciones de este gas suficientemente elevadas cerca de la estación de autobuses, unos datos que sirven para que las autoridades clasifiquen la influencia del tráfico en toda la región, incluso, pese a que otros medidores arrojen cifras más amables.

El plazo para cumplir con la normativa europea expiró a comienzos de año. Fuentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente consultadas por este periódico confirman que ya tienen sobre la mesa las cifras negativas de 2014, con tres puntos por encima de lo exigido a las ciudades cumplidoras. Aunque siguen siendo excesivos, desde el Ayuntamiento aseguran que la capital ha mejorado esos registros en el último lustro.

En este punto, el organismo comunitario agrega que quien puede promover una sanción es la Comisión Europea (CE), algo aún inusitado. El año pasado se anunciaron las primeras «medidas», por ejemplo, contra el Reino Unido por no combatir en algunas de sus ciudades el mismo tóxico presente en zonas de Granada, iniciando un procedimiento que sobre el papel incluye la denuncia ante los tribunales europeos y una posible multa, que, según la ley, debe ser «eficaz, proporcionada y disuasoria». Aunque los ritmos en Europa son lentos, en Madrid, la oposición al anterior gobierno de Ana Botella llegó a cifrar en 380 millones de euros la sanción que podría acarrear la persistencia de unos niveles de polución ilegales. Barcelona también teme los nubarrones.

Bicis y metro ligero

La UE analiza regularmente los datos de todo el continente. Bruselas podría pedir ahora a España que explique por qué, tras el final de la prórroga, Granada conserva unos registros altos de contaminación.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente defienden que la cuenta de 2015 aún no se ha cerrado y está por ver si el total sobrepasa el tope establecido. Además, los datos no se comunicarán oficialmente hasta octubre de 2016. «En caso de superación del valor límite, la comunidad autónoma tiene la obligación de elaborar un nuevo plan de mejora de la calidad del aire», señalan desde el ministerio.

Cabe recordar que, para obtener la prórroga, el Gobierno remitió a Bruselas un documento con propuestas concretas de mejora, como la construcción del metro ligero, la instalación de un sistema de alquiler de bicis, la restricción de la circulación en calles principales o la bonificación a favor de vehículos poco contaminantes.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta incorporó hace sólo un año estas iniciativas a un plan específico. Aunque algunas ya se han implementado, muchas salieron adelante sin fecha de conclusión y fuentes ministeriales aseguran que están «pendientes» de que el Ejecutivo autonómico dé cuenta de su grado de ejecución. Este paquete de iniciativas incluye actuaciones en otros municipios, muchas orientadas al «cambio de hábitos de la ciudadanía y su implicación», recuerda el profesor Vida. «Este es, en definitiva, un problema de concienciación», resume.