La falta de medios de los equipos psicosociales retrasa los divorcios conflictivos más de un año

Mientras llega la sentencia final, la tensión suele aumentar entre quienes se divorcian y, al no haber un dictamen, las peleas entre los cónyuges se incrementan por aspectos sin resolver, como el régimen de visitas o las pensiones por alimentos.

Los psicólogos y los trabajadores sociales adscritos a los juzgados tienen que explorar a las familias y con sus informes ayudar a los jueces -cuando ambos padres piden la custodia individual o uno solicita la compartida- a decidir con quién vivirán los hijos de las parejas rotas. En el supuesto de que se vaya a dar una custodia compartida, esos estudios previos sirven para ratificar que los dos progenitores son aptos para cuidar del niño. Los equipos psicosociales que intervienen en los procesos de divorcio están adscritos a los juzgados de Familia y dependen de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que debe proveerlos de medios. Pero faltan recursos personales, y muchos.

La periodista pregunta en uno de los cuatro equipos técnicos psicosociales de los juzgados de Granada sobre la falta medios y un responsable dirige a la interlocutora directamente al Gabinete de Prensa de la Junta de Andalucía, la administración responsable. «Sí que hay retrasos en la emisión de esos informes, para qué decir otra cosa», reconoce una fuente de la Consejería de Justicia que no quiere dar su nombre.

Según la abogada de familia granadina María Victoria Morenate, el aumento en los últimos años de las peticiones de custodia compartida en los procesos de divorcio y de modificación de medidas ha provocado tal colapso que los informes de los equipos psicosociales tardan hasta un año en emitirse. Siempre que hay una petición de custodia compartida en un proceso judicial es obligado estudiar el caso por esos equipos. «Trabajan muy bien. Llegan a pasar una mañana con el padre, la madre, los niños, para ver la interacción entre ellos. Incluso estudian el entorno familiar y del colegio, pero tienen tal avalancha de casos que las demoras son muy graves», apostilla la letrada. Ella -por ejemplo- lleva entre manos un caso en el que se ha pedido el informe en junio de 2015 y se le ha dado cita para octubre de 2016. Hasta entonces el juez no podrá dictar sentencia definitiva.

«Se adoptan medidas provisionales -siempre que lo pida una de las partes- dependiendo de qué juzgado te toque y tras celebrar un juicio oral. Ese régimen provisional se cumple hasta que finalmente llega el dictamen psicosocial y se dicta sentencia definitiva», narra Morenate, quien observa que en Granada cada vez se dan más custodias compartidas. «Es previsible que a partir de ahora aumenten la modificaciones de medidas para revisar custodias compartidas que ya se haya demostrado que son perjudiciales para el menor», adelanta.

Casi 2.000 divorcios al año

En Granada, el año pasado se firmaron 1.849 divorcios, el 71% de ellos fue de mutuo acuerdo, pero 520 llegaron al contencioso. En 49 casos obtuvo la custodia al padre; en 875, la madre. Y se llevaron a cabo 129 custodias compartidas. El resto, 780, figuran en la estadísticas del INE como 'No procede'.

Frente a eso, en 2010, cuando hubo 2005 divorcios, esto es, un 8,4% más que el año pasado, sólo se formalizaron 58 custodias compartidas. En cuatro años, las custodias compartidas concedidas han subido un 4%, pero las peticiones al juez para que sean adoptadas han sido muchas más. «Hasta hace alrededor de año y medio los psicosociales de Granada venían tardando cuatro o cinco meses en emitir los dictámenes, ahora se ha duplicado», sentencia Morenate.

Los abogados de familia denuncian que la sobrecarga de estos equipos está produciendo retrasos y alcanza cotas desproporcionadas en algunos juzgados, con esperas superiores incluso a un año para que los progenitores y los hijos puedan ser examinados. «Yo llevé un caso en Almería y allí tardaron dos meses en emitir el informe», explica Margarita F., abogada granadina.

El presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA), Gonzalo Pueyo, califica de muy grave el atasco de expedientes de los equipos psicosociales en los juzgados y no duda en achacar la situación a la falta de recursos en la que «los recortes han tenido mucho que ver». Y los retrasos atañen «precisamente a aquellas demandas más conflictivas y donde la resolución judicial afecta especialmente a menores de edad, cuyo interés es el más digno de protección», ahonda una magistrada de familia.

Estas exploraciones, que se hacen a padres e hijos, pueden ser solicitadas tanto por las partes en litigio como a instancias del juez. La tarea de los psicólogos, según explican varios profesionales, es descartar enfermedades mentales graves y evaluar la capacitación de los progenitores para cuidar de sus hijos. El retraso en los informes provoca demoras que eternizan los procesos de divorcio, alargando la etapa más tensa de una separación, que es siempre justo la anterior a que el juez dicte sentencia resolviendo sobre la custodia, según la abogada de familia, María Victoria Morenate.