El juez implica a tres altos cargos de la Junta en los vertidos de la cárcel

El juez instructor, Miguel Ángel del Arco, ha citado a Sandra García por su etapa al frente de la delegación provincial de Medio Ambiente, durante la que entiende que habría podido ser responsable de un delito de prevaricación omisiva, otro contra la ordenación del territorio y un tercero contra el medio ambiente. Los mismos delitos se los atribuye, de manera indiciaria, a la actual delegada de esta área, Inmaculada Oria, que declarará un día después.

Del Arco alude también en su providencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, a Francisco Javier Aragón, delegado de Medio Ambiente entre 2008 y 2012. Dada su condición de aforado es parlamentario andaluz el juez acuerda emitir una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA «a los efectos oportunos».

La investigación partió de la denuncia de un particular, formulada en 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se habían causado «graves y reiterados daños» en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

La investigación ha avanzado en los últimos cinco años y por el momento están imputados, entre otros, el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias, y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora. Recientemente, el juez ha imputado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que declarará hoy, a un expresidente y al comisario de aguas, entre otros altos cargos de la CHG.

En la providencia, el juez recuerda que al menos desde enero de 2009, cuando la Junta asumió las competencias en materia de aguas y creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente «tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión provincial de Albolote y tenía, por tanto, un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias».

Del Arco añade que los delegados tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del centro penitenciario de Albolote y de la propia delegación de Medio Ambiente. «Tenían y siguen teniendo sostiene el instructor el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante la CHG la iniciación de expedientes sancionadores o de iniciarlos ellos mismos».

Normas incumplidas

El juez hace una completa enumeración de las normas que los delegados imputados han incumplido, como la que obliga a la elaboración de un informe de calificación ambiental para las depuradoras de poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, como es el caso.

«Con la anuencia de los delegados de Medio Ambiente, se ha prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva depuradora, a la que tienen derecho todos los ciudadanos», asevera.

Del Arco afirma en su providencia que la delegación de Medio Ambiente en Granada «era perfecta conocedora de la ausencia total de dicha tramitación. Máxime tras las denuncias presentadas entre 2009 y 2011, sin haber adoptado ningún tipo de medida».

Existen indicios, según el instructor, de que los delegados han incumplido normas sobre el control de contaminación de terrenos y de la destrucción de flora y fauna protegida, y sobre obras hidráulicas. La Junta de Andalucía «debería haber intervenido» supervisando las obras de la depuradora inicial de 2006 y de su reforma del año pasado.

En cuanto a los daños ecológicos provocados en fincas particulares como consecuencia de la erosión de terrenos, Del Arco entiende que los delegados «deberían haber actuado con diligencia en la reparación de los daños y el restablecimiento de la zona a su estado ecológico originario, ordenando al centro penitenciario la adopción de medidas de recuperación indemnizatorias. Nada de esto ha sucedido, a pesar del conocimiento de los hechos y de las denuncias presentadas».

El juez hace extensivas las imputaciones de Sandra García a Inmaculada Oria, y en cuanto a Francisco Javier Aragón, recuerda que fue el primer responsable de Medio Ambiente «por lo que más que ningún otro, existen motivos para proceder a su imputación», cosa que no hace al tratarse de un aforado.

Vertidos recientes

La propietaria de la finca perjudicada por los supuestos vertidos remitió el pasado día 8 un escrito al juzgado en el que denunciaba la existencia de vertidos contaminados, por lo que el instructor ha oficiado al Seprona para que haga una toma de muestras y elabore el atestado correspondiente.

El actual director de la cárcel, Jaime Hernández, indicó ayer a IDEAL que los últimos controles practicados a los vertidos de la depuradora han arrojado unos parámetros «totalmente normales» y confió en que los nuevos análisis que, a instancias del juez, practicará el Seprona, ofrezcan el mismo resultado.

Fuentes de la delegación de Gobierno de la Junta aseguraron desconocer la providencia de Del Arco y declinaron hacer manifestaciones.