Los ocho millones de las tasas, en paradero desconocido

El dinero se iba a destinar a mejorar la justicia gratuita pero esa mejora no ha llegado y hasta el propio ministro, Rafael Catalá, admitió hace escasas fechas que no sabía el destino concreto de los más de 500 millones de euros recaudados con las tasas creadas por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón en 2012. «El Ministerio no dispone de información al respecto», fue la lacónica respuesta del departamento dirigido por Catalá. La tasa, como ocurre con cualquier figura impositiva estatal, la ha recaudado la Agencia Tributaria pero tampoco este ente dispone de información sobre su destino.

El ministro reconoció la semana pasada que las tasas fueron a la Hacienda Pública y su importe se dedicó tanto a los gastos de enseñanza como de sanidad y carreteras, también para gastos sociales. Catalá explicó que, en su opinión, el tributo recogido por estas tasas no era finalista. Sin embargo, en el preámbulo de la Ley de Tasas, se establece que «la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita».

La vinculación de ese dinero, por tanto, se antoja diáfana, todo lo contrario a la vida de una reforma legal muy controvertida. Dado que la justicia gratuita la financian en gran parte las comunidades autónomas, el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, no ha dudado en reclamar su importe y en exigirle al ministro que aclare cuándo va a ingresar el dinero recaudado por las tasas judiciales en Andalucía, cuya cuantía asciende a más de 54 millones de euros.

«Fracaso absoluto»

Siempre que ha tenido oportunidad, De Llera ha calificado de «fracaso absoluto» la Ley de Tasas, ya que «no está suponiendo ninguna mejora de la Justicia ni da respuesta a sus principales problemas». A su juicio, «sólo está teniendo un efecto recaudatorio para las arcas del Estado, sin destinar ese dinero a la mejora de la Justicia y, lo más grave, es que se está suponiendo una flagrante vulneración de principios constitucionales esenciales como el de igualdad o la tutela judicial efectiva».

La ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, ha concitado también un rechazo unánime de todos los sectores y profesionales de la justicia «y está suponiendo la renuncia de muchos ciudadanos a defender sus derechos por el efecto disuasorio de estas tasas», manifestó el consejero la semana pasada.

Los letrados granadinos, contrarios a las tasas desde el primer minuto, se han movilizado varias veces para protestar por esta ley, que además de conculcar derechos ha supuesto un golpe para la economía de los despachos. El decano, Eduardo Torres, ya dijo en noviembre pasado que la ley de tasas ha consagrado «una justicia para ricos y otra para pobres» y ha «puesto obstáculos insalvables» a los ciudadanos con menos recursos para acceder a la justicia. Dos años después de su entrada en vigor, «resulta obvio que el fin de la ley de tasas es únicamente disuasorio y recaudatorio», indicó entonces Torres.

Javier López y García de la Serrana dirige HispaColex, un bufete con más de cuarenta abogados que toca todos los palos del Derecho. En su opinión, las tasas han tenido una incidencia dispar en el sistema judicial y se ha notado especialmente para los justiciables de la jurisdicción civil y mercantil, que se han visto afectados en el desembolso «en algunos casos de cantidades importantes» de dinero a la hora de iniciar una acción judicial o de acceder a la segunda instancia en caso de una sentencia desfavorable a sus intereses, pues para plantear un recurso de apelación la tasa quedó establecida en un fijo de 800 euros y una variable en función de la cuantía del procedimiento.

Apelaciones caras

«El porcentaje de reducción de la litigiosidad se eleva exponencialmente si hablamos de recurrir en apelación las sentencias de la primera instancia, llegándose a límites inasumibles en un estado de derecho como es la práctica renuncia a plantear una revisión de la sentencia por parte de muchos de nuestros clientes, pues estaríamos hablando de una reducción de los recursos de apelación en torno al 80% con respecto a porcentajes anteriores. Si éste era el objetivo del legislador, realmente lo ha conseguido», subraya.

Al aligerar el trabajo de la Audiencia Provincial, se ha reducido el tiempo de espera de un año a tres meses en algunos procesos civiles. «El panorama puede y debe variar en breve, pues al margen del anuncio en estos días del Gobierno de afrontar una rebaja de los tipos impositivos de las mencionadas tasas judiciales, o su eliminación sólo para las personas físicas como algunos se han atrevido a adelantar, se vislumbra en el horizonte una decisión del Tribunal Constitucional que resuelva los recursos de inconstitucionalidad que hay planteados», apunta el letrado.

García de la Serrana se refiere al más o menos inminente y profundo cambio que sufrirán las tasas. Tan profundo que fuentes ministeriales han deslizado que pueden desaparecer para los particulares y las pymes, y mantenerse para las empresas que cumplen determinados parámetros económicos. Es decir, regresar al sistema preGallardón con ligeras modificaciones para las personas jurídicas.

El decano de los jueces granadinos, Jesús Rodríguez Alcázar, ha sido otra voz más contra este 'invento'. «La justicia ya la pagamos a través de los impuestos y ya existen mecanismos para castigar al que litiga de forma excesiva o injustificada», defiende el decano de los jueces granadinos, para quien las tasas no deberían ser más que simbólicas o, directamente, desaparecer», sugiere.