El Defensor del Pueblo investiga por qué Granada pone tantas multas de tráfico a los vecinos

La Defensoría inició el año pasado dos actuaciones de oficio (ante sendas quejas) en las que se planteaban distintas cuestiones sobre la recaudación en materia de tráfico en Andalucía. «En ellas nos hemos dirigido a todos los municipios de más de 20.000 habitantes. A ambas, el Ayuntamiento de Granada dio respuesta con unos escritos de octubre de 2013 y junio de 2014. Las contestaciones nos han servido para ultimar un estudio en el que se incluirán unas conclusiones que vamos a dirigir a todos ellos sobre evaluación de la imposición de multas en materia de tráfico en los últimos cinco años y en el que se evidencia que, en la inmensa mayoría de los municipios, contrariamente a una idea muy extendida en la población, no actúan con un ánimo recaudatorio», explican desde el órgano de extracción parlamentaria.

No obstante, en lo que concierne a las multas de tráfico del último lustro, el Defensor del Pueblo observa -en la respuesta del Ayuntamiento de Granada- que en el municipio se vienen imponiendo «un número de sanciones extraordinariamente superior al que se tramitan en otros municipios si tenemos en cuenta la población, el parque móvil, etc.».

«Hay mucha diferencia»

«Aunque no haya dos ciudades iguales en cuanto a los problemas que puede plantear la ordenación y regulación del tráfico, en principio no podemos evaluar a qué se debe tanta diferencia», apostillan desde la institución que encabeza Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

Según el Defensor del Pueblo, estos hechos se reproducen año tras año, «sin que nos parezca lógico que en la ciudad de Granada, por algún motivo concreto, se incumpla el código de circulación con mayor frecuencia que en el resto».

«De acuerdo con ello, creemos que los datos que arroja esta información deben ser estudiados por la Delegación Municipal con competencia en materia de movilidad y/o Policía Local a fin de determinar la causa última de este excepcional número de sanciones impuestas y establecer las medidas para que exista una cierta proporcionalidad entre el objetivo de que se respete la ordenación y regulación del tráfico y que, al mismo tiempo, el uso de los vehículos no suponga, para los conductores, estar sometidos a una presión sancionadora que, en principio, parece que no guarda relación con lo que acontece en otras poblaciones de Andalucía», recalca la institución.

El organismo con sede en Sevilla cree incuestionable la necesidad de la existencia de un derecho sancionador. «Ahora bien, en las ciudades hay que ser especialmente cuidadoso al establecer la política sancionadora que se desea implantar como instrumento de apoyo al respeto de las medidas de ordenación y regulación del tráfico. (...) Evidentemente, no estamos pidiendo que no se multe a los infractores, pero sí estamos diciendo, a propósito de la comparativa de datos con otras ciudades de igual o superior población, que se debe evitar, en lo posible, un mero automatismo al ejercer la potestad sancionadora e interesarnos por las circunstancias en las que se producen las infracciones», concluyen.

Tras verificar que el volumen de multas impuestas en Granada no guarda relación con el que se impone en otros municipios, la Defensoría insta a las autoridades locales a reflexionar sobre qué está ocurriendo, «pues las sanciones de tráfico deben tener un carácter disuasorio y educativo con independencia de su naturaleza sancionadora». «Si, año tras año, la imposición de multas no tiene ese efecto corrector (...) es porque o la política de movilidad o su complementaria inspectora no es eficiente en términos de conseguir la adhesión de la población a su regulación o existe un exceso de celo en la inspección en relación con lo que acontece en otras ciudades», concluye el órgano de extracción parlamentaria.

Según Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ese no es el camino para conseguir que sea respetada la ordenación y regulación del tráfico ni para que la ciudadanía entienda el imprescindible papel que los agentes de la Policía Local deben desempeñar cuando ejercen sus funciones inspectoras. «Ha de ser respetuosos como autoridad, pero al mismo tiempo recibir el respaldo de la población en el ejercicio de su actividad destinada a proteger los intereses generales».

En consecuencia, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Granada con objeto de que les informe sobre la evaluación, a juicio de los responsables de movilidad y policía, de las causas por las que se impone un número de sanciones de tráfico tan elevado. «Asimismo, también queremos conocer si se van a adoptar algunas medidas para que haya una mayor proporcionalidad en la ejecución de las competencias sancionadoras en función de la población, número de conductores, parque móvil, etc.».

En 2014, la recaudación de multas por infracciones de la ordenanza de circulación no van a llegar a los 13,2 millones previstos, según informa Daniel Olivares. Para 2015, Economía y Hacienda ha presupuestado ingresar 10,9 millones por este capítulo. Quiere decir que si la cadencia de infracciones y de recaudación se mantiene igual, a razón de unos 750.000 euros mensuales, el desfase para este año será de 3,5 millones de euros, mientras que en 2015 será de 1,1 millones, 4,6 millones menos de lo presupuestado entre ambos ejercicios.