Teresa Jiménez aboga por que la justicia actúe si hay alguna ramificación del caso ERE en la provincia

Jiménez se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, haya imputado en la causa a otras seis personas, concretamente al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo, y a varios directivos de la Caja Rural de Granada, entre ellos, al director general de la entidad en el año 2007, Dimas Rodríguez.

Preguntada sobre uno de los asuntos que investiga Alaya, la resolución de la huelga de basuras de 2005 en la provincia, Jiménez ha defendido que acudió a la rúbrica del acuerdo que puso fin al conflicto como delegada del Gobierno andaluz en Granada, pero "eso no reviste ningún delito".

Ha subrayado en este sentido que los diferentes autos emitidos al respecto recogen que la solución al conflicto laboral "se negoció con las empresas en Sevilla" y en esa negociación, ha añadido, "no participó ningún granadino, yo tampoco".

"No es un delito hacerse una foto y si a mí me exigen explicaciones también habría que exigirle al subdelegado del Gobierno, que saben que se hizo una foto, la de la Baldwin, con una empresa que ahora mismo está en los tribunales precisamente por un fraude y por una estafa relacionada con los ferrocarriles por temas similares a los que tenemos en Guadix, donde por cierto el procedimiento que se siguió desde el Ayuntamiento no fue el más ortodoxo", ha mantenido Jiménez.

En este contexto, ha lamentado la actitud del PP, que "tira la piedra y esconde la mano", en los momentos que estamos viviendo, "con los casos de corrupción que están aflorando". A su juicio "deberíamos ser más correctos y prudentes y más contundentes con las personas que están inmersos en procesos judiciales".