La Junta quita la custodia de 29 críos desamparados a sus padres

La Policía Autonómica es la encargada de actuar en estos casos -junto a otras instancias, como Fiscalía- y ese cuerpo de seguridad ha intervenido -en el primer semestre del año- en la retirada de la custodia de 29 menores granadinos a sus padres por orden judicial o administrativa (en Andalucía fueron 136 expedientes en total) y en el traslado de 50 chavales de la provincia a centros de protección de toda la comunidad autónoma para que fueran cuidados en ellos. En el plano andaluz se ingresó en casas de acogida a 167 púberes, así que Granada concentra el 30% de esa desafortunada casuística.

Un 40% de las retiradas de custodia de menores son forzosas. A esa acción extrema se llega porque los críos viven situaciones flagrantes de riesgo y desamparo: las familias o los recursos sociales de apoyo no pudieron garantizar su protección y los chicos sufrían especial conflictividad o gravedad. «Las resoluciones de desamparo de la comisión provincial de Medidas de Protección que dan lugar a la asunción de la tutela por la Junta de Andalucía suelen ser por maltrato grave físico o psíquico o por negligencias que ponen en peligro el bienestar de los niños», aduce Higinio Almagro, delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Bebés cocainómanos al nacer, niños a los que no se les cambiaba el pañal desde hacía muchos días, entre ratas, perros, jeringuillas, algunos dejados solos durante horas... son narraciones de algunos policías que mejor valen ser olvidadas, pero no obviadas.

Armados con juguetes o mantas, en coches policiales con sillas infantiles y vestidos siempre de paisano para preservar el interés del menor, el grupo de la Policía Autonómica desarrolla una labor que pasa desapercibida para la mayoría de la sociedad. Esta es una de sus principales competencias, junto con las asignadas en materia de control del medio ambiente, atención a la mujer y los dependientes, juegos y espectáculos públicos y vigilancia de sedes y personalidades de la Junta.

Afortunadamente, en lo que a niños se refiere, intervienen también en situaciones menos extremas, como evitar el absentismo escolar. Los policías actuaron en 26 situaciones en el primer semestre de 2014 para que chavales granadinos no faltasen al colegio. Su labor refuerza la actuación de los servicios sociales, especialmente cuando estos últimos corren riesgo si intervienen solos.

Patrullas por el colegio

Los agentes realizan patrullas preventivas en horario escolar para la localización de menores ausentes de los colegios, así como inspecciones periódicas en barrios con un mayor índice de absentismo. Cuando se comprueba que un chaval no acude regularmente al centro educativo, la policía informa a los padres o tutores de la obligación que tienen de velar por la asistencia a clase y de las consecuencias, incluso penales, que puede conllevar su incumplimiento.

Cuando el crío no va a clase y sus padres son cómplices porque se hallan junto al menor en horario escolar, los agentes también lo comunican a la Delegación de Educación. Y si el chaval se pilla haciendo novillos solo, esto es, sin compañía de sus progenitores, la policía lo lleva al centro educativo poniéndolo en conocimiento de la dirección del mismo y da traslado del caso a los servicios sociales municipales y al fiscal por si procede la imputación de sus padres o tutores.

Higinio Almagro, delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, aclara: «En materia de absentismo existe una Comisión Provincial que se reúne periódicamente. En esta participa además de la Policía Autonómica, el fiscal, la delegación de Educación y el servicio de Prevención y Apoyo a la Familia».

Granada concentra casos

Al final, la Policía Autonómica de Granada ha colaborado en estos menesteres y en otros relacionados con niños -en el primer semestre de 2014- en un número similar de casos al de otros años, según Higinio Almagro. En concreto, la Consejería de Justicia anunció que se instruyeron 195 informes de protección de toda índole en la provincia, donde se registraron 435 actuaciones para tratar de garantizar el bienestar de los chavales vulnerables. Esas cifras evidencian, de nuevo, que Granada concentra mucha actividad, ya que aglutina casi el 22% de acciones de toda Andalucía y -en concreto- el 28% del total de informes que se emitieron en las ocho provincias.

«Las competencias de la Policía entroncan con las de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y están contribuyendo a que podamos dar una respuesta adecuada a situaciones de riesgo para determinados colectivos vulnerables como los menores», apostilló el socialista. Asimismo, los agentes investigan lo que considere necesario el Servicio de Protección de Menores de la Fiscalía, recabando la información necesaria para conocer las condiciones de vida de los chavales y poder decidir si es necesario adoptar alguna medida de protección y cuál es la más adecuada.

De todas esas actuaciones, también se derivan consecuencias para los adultos y la unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido también en la puesta a disposición judicial de seis personas en Granada en relación con la protección de menores, además de en la elaboración de 10 atestados. Por ejemplo, el absentismo escolar es un problema que en algunos casos ha concluido con la imputación de los padres como presuntos responsables de un delito contra los derechos y deberes familiares.

En delincuencia infantil, los agentes autonómicos intervinieron en el traslado de 90 menores infractores granadinos a centros de reforma de toda Andalucía, que recibieron en ese periodo 543 chavales andaluces privados de libertad.