Los 29.000 funcionarios de la Junta arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 35% desde 2010

La situación de esa joven funcionaria no difiere mucho de la que están viviendo miles de familias granadinas, pero viene a reflejar la realidad de un colectivo que siempre ha sido tachado de privilegiado pero que, en mayor o menor medida, no vive ajeno a los recortes. «Aunque podamos llorar con un ojo por tener un puesto de trabajo, muchos no somos ni mileuristas», precisa esta empleada pública a la que la Junta de Andalucía va a mantener durante 2014 las medidas de ajuste que ya vienen soportando desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó en 2010 por primera vez la tijera a los empleados públicos.

Entre los recortes aplicados en el ámbito estatal (rebaja salarial del 5%, supresión de la paga de Navidad de 2012, congelación del sueldo desde 2010) y las medidas adicionales aprobadas por el Ejecutivo autonómico (suspensión de gratificaciones extraordinarias, reducción del 10% de la productividad, eliminación de ayudas de acción social y recorte del complemento específico en dos pagas extras), los 29.000 funcionarios y empleados públicos que la Junta tiene en la provincia entre médicos, enfermeros, profesores, personal de los juzgados y de la propia estructura administrativa se han dejado por el camino en torno a un 35% del poder adquisitivo, incluida la subida media del 3% en las retenciones del IRPF que implantó el Ejecutivo central en 2012 para el conjunto de los españoles.

¿Cuánto supone todo esto en dinero? La cuantía puede distar considerablemente en función de la categoría profesional y del peso que los complementos y otros conceptos variables tengan en la nómina. La horquilla se sitúa entre los 2.000 euros anuales que ha dejado de ganar un auxiliar administrativo -el escalafón más bajo en la estructura orgánica- y los cerca de 15.000 en el caso de un facultativo de un hospital, pasando por los 4.000 de un empleado judicial del cuerpo de gestión procesal, los 5.500 de un trabajador social o los 8.000 de un profesor de instituto.

Así lo apuntan los sindicatos específicos, que ya se preparan para dar batalla contra el nuevo recorte que les impondrá la Junta en 2014 en claro perjuicio respecto a los empleados de la Administración General del Estado, al mantenerse por tercer año la supresión del complemento autonómico de las pagas extras, que suponen un tercio de las extraordinarias que se abonan en junio y diciembre. Una pérdida media de unos 1.250 euros anuales para los trabajadores pero que, solo en la provincia, reportarán a las arcas andaluzas un ahorro de unos 36,2 millones de euros (326 para el total de los 260.000 empleados autonómicos).

Primeras protestas

Los primeros en abrir la veda de las movilizaciones fueron los miembros de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) a finales de octubre. Cerca de 300 personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada en protesta contra el «recorte» de los complementos autonómicos de las pagas extras de 2014. El secretario de Acción Sindical, Francisco Iglesias, se jactó de haber sido el primero en alzar la voz contra una medida a «todas luces injusta, desproporcionada y discriminatoria contra los empleados públicos granadinos y andaluces, que serán los únicos del Estado que no percibirán íntegramente sus pagas extraordinarias en 2014». Fue la primera acción de protesta, pero no la última.

«Vamos a usar todas nuestras armas legales contra este nuevo castigo, que se suma a la pérdida de todas las ayudas sociales, la suspensión de las horas extraordinarias o la reducción de la productividad», afirmaba el portavoz. «Hay mucha gente que lo está pasando mal, porque no estamos hablando de sueldos altos y venimos soportando ya demasiados recortes», precisó Iglesias.

Esta semana se han sucedido las manifestaciones de otras organizaciones. El secretario general de Comisiones de Granada, Ricardo Flores y los secretarios generales de Enseñanza, Diego Molina, Sanidad, Félix Alonso, y Servicios a la Ciudadanía, Rafa De la Poza presentaron la campaña 'Es público, es tuyo, sálvalo' «contra de los recortes que la Junta y el Gobierno están aplicando a los trabajadores y públicos».

«Nuestro esfuerzo no repercute en la creación de empleo de calidad sino en externalizaciones de servicios que conllevan empleos precarios y grandes beneficios para la parte empresarial. Los gobiernos se están aprovechando de la situación de crisis para acabar con el Estado de Bienestar. Desde que se inició la crisis se han perdido casi mil empleos en la sanidad granadina», declaró el responsable sectorial, Félix Alonso.

Y es que en términos absolutos, la peor parte de los recortes se la llevan los empleados del Servicio Andaluz de Salud; primero porque son el colectivo cuyas nóminas más dependen de pluses (nocturnidad, festivos, guardias...), pero también porque el sector sanitario es el único donde se han implantado los contratos 'low cost', con un 25% menos de jornada y de sueldo. A modo de ejemplo, un celador al 75% percibe algo más de 600 euros al mes.

Sector sanitario

Los médicos solo por la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales han dejado de percibir unos 3.000 euros que antes se pagaban como horas de continuidad asistencial y ahora se consideran ordinarias. El resto procede de la merma en la productividad y otros conceptos (2.000 euros), las guardias (1.300), la paga extra de Navidad en 2012 (2.700), los complementos específicos (2.700), la carrera profesional (600) y otras medidas como que las nóminas no se hayan actualizado al ritmo del IPC. «La situación es abusiva», ha denunciado en múltiples ocasiones el Sindicato Médico. «Las retribuciones no son acordes a la responsabilidad que conlleva la profesión, por mucho que un facultativo de un hospital pueda cobrar de 50.000 a 60.000 euros brutos anuales», apuntan otras fuentes. Para los enfermeros, el mayor tijeretazo viene de la rebaja del 10% en las retribuciones complementarias como la penosidad, los festivos y las guardias, se quejan en el SATSE.

El malestar es calcado entre los 12.500 empleados de la enseñanza en la provincia. Un profesor que lleve más de una década dando clases percibe unos 33.000 euros brutos anuales frente a los 41.000 de los años previos. La merma que se suma a medidas como la supresión del plus del Plan de Calidad para docentes que mejoran el rendimiento académico de sus alumnos y que supone unos cien euros mensuales.