El comité de empresa de Limdeco pide la suspensión cautelar de los gestores ante una deuda acumulada de 8 millones

Fuentes del comité han informado de que la deuda procede en su mayoría de impagos a "Hacienda y a la Seguridad Social" y aunque los trabajadores no han tenido problemas para cobrar sus nóminas "temen" que esta situación acabe por afectarles si no se toman medidas, "ya que cada mes se suman 240.000 euros" a la deuda.

De hecho, las mismas fuentes han asegurado que los gestores de Limdeco, cuyo único accionista es el Ayuntamiento de Motril, "responden con sus bienes" a esta deuda de ocho millones de euros.

La plantilla achaca esta situación a la "aprobación de presupuestos por debajo de los costes del servicio" y a "transferencias que no cumplen con lo aprobado y que no cubren ni el gasto de personal". Afirman que esta gestión está provocando "la descapitalización intencionada de la empresa por parte de los administradores y accionistas", un asunto que a su entender podría ser constitutivo de un supuesto "delito societario" y que los servicios jurídicos de las distintas secciones sindicales que componen el comité están estudiando poner en conocimiento de la Justicia.

"Queremos dejar claro que los trabajadores en ningún momento hemos sido responsables de esta situación y por tanto no se nos puede exigir que paguemos las consecuencias", añaden desde el comité.

También han defendido los "esfuerzos" que de manera voluntaria ha realizado la plantilla para contribuir a mejorar la economía de Limdeco, como una rebaja salarial de más de un 15 por ciento en los últimos tres años --con un ahorro implícito de 800.000 euros-- la destrucción de 30 puestos de trabajo con el consecuente aumento de la carga de trabajo y un ahorro de un millón de euros y la aprobación de una movilidad funcional que supone un ahorro de entre 300.000 y 500.000 euros.

En este contexto, el comité de empresa reclama la suspensión cautelar de los actuales gestores y administradores de Limdeco "para evitar que continúen acentuando esta situación o con el encubrimiento de la misma" y la creación de una Comisión Técnica presidida por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, con representación de agentes sociales y grupos políticos para "afrontar esta situación garantizando el servicio que se presta" y los más de 200 puestos de trabajo que conforman la plantilla.