La instrucción del caso del gurú hinduista de Granada continúa con la declaración de los testigos

Antonio Javier Ruiz Plazas fue denunciado por la Fiscalía de Granada por posibles delitos contra la integridad moral y de asociación ilícita, y declaró ante el juez hace ya más de un año, concretamente el pasado 28 de enero de 2011, fecha en la que pisó por primera vez los juzgados de la Caleta después de que varias de sus supuestas víctimas, que le acusan de técnicas de persuasión abusivas, coercitivas, de imponer a los miembros de su comunidad condiciones laborales que rozan la esclavitud, o de inducir a la práctica de ciertas relaciones sexuales, llevaran su caso ante el Defensor del Ciudadano de Granada, que dio el testigo del asunto al Ministerio Público, dando paso a la investigación judicial a comienzos de 2010.

En su declaración de entonces, Plazas, que dijo haber sido nombrado maestro en 1978 por la Federación Mundial Hinduista y haber estudiado 64 artes para alcanzar la categoría de "maestro", negó ante el juez las acusaciones que se le atribuyen y aclaró que el funcionamiento de la comunidad es similar "al de un convento cristiano", y que todos los monjes y novicios "deben contribuir a la limpieza y al mantenimiento". Negó también que la comunidad gestione la economía de sus integrantes, que se infrinja cualquier tipo de castigo físico por el incumplimiento de las obligaciones religiosas, o que en su comunidad existan miembros menores de edad.

Una vez que la Fiscalía denunció al gurú, ordenó una serie de diligencias que han sido practicadas por la Guardia Civil, entre ellas un informe de las empresas y de los bienes inmuebles vinculados a la comunidad.

Según las pesquisas del Instituto Armado, la comunidad hinduista --el gurú o algunos de sus miembros-- está vinculada a un total de cuatro empresas: Max Crew Group, en Granada, dedicada a la venta de ordenadores y derivados, además de a la venta de productos de herbolario; Yantra Sistemas, en Madrid, que se dedica a la fabricación, importación y comercialización de sensores, resistencias, instrumentos y aparatos de precisión; Urmika Yoga, en Castellón, que se dedica tanto a impartir clases de yoga y similares, así como a la edición y comercio de libros y revistas; e Indar Haizea, en Pamplona, dedicada a la enseñanza de terapias alternativas.

En cuanto a los inmuebles, la Guardia Civil hace constar el que se utiliza como "templo", conocida como Casa Yoga, en Armilla, la academia de yoga que la comunidad posee en la calle Recogidas de la capital granadina, y un domicilio que Plazas utiliza como "consulta" de sus terapias vitales y "psicológicas".

Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, la comunidad que Plazas lidera se financia de varias maneras: mediante los cursos de yoga, por el que se pagan alrededor de 1.000 euros por persona; mediante el cobro de unas tasas por nivel a aquellos que quieren obtener un título de monitor o profesor; con el abono de un canon por el título obtenido, ya que la comunidad ha adquirido el copyright de la marca 'Vyayam Yoga'; los cursos de reciclaje, a 1.000 euros; o por donativos, pero "no como forma de financiación", sino como "fuente de enriquecimiento" del maestro.