Andalucía aprueba la Ley del Olivar

Esta ley, considerada por el Gobierno autonómico como una de las iniciativas parlamentarias más importantes de la legislatura, ha sido criticada por la oposición, que entiende que sólo plantea iniciativas genéricas sobre el futuro del olivar pero no resuelve sus problemas concretos.

La consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha señalado al término del debate parlamentario la importancia de esta ley porque, en su opinión, ayudará "a consolidar el liderazgo mundial" del sector olivarero andaluz, que produce el 40 por ciento del aceite de oliva y el 20 por ciento de la aceituna de mesa del mundo.

Ha recordado que el olivar supone la principal actividad para más de 250.000 familias de más de trescientos pueblos de Andalucía, comunidad autónoma que protagoniza el 70 por ciento de las exportaciones españolas de este producto.

Para Aguilera, la nueva norma "mejorará la competitividad del sector" olivarero, "favorecerá la cohesión territorial" de las zonas rurales andaluzas" y constituirá "un potente instrumento" para que este sector afronte con garantías su futuro.

Felipe Sicilia, portavoz del Grupo Socialista, ha admitido que esta ley "no es una varita mágica" que incrementará automáticamente el precio del aceite pero sí ha destacado que "ayudará a consolidar un sector más competitivo, con más fuerza y más músculo" y permitirá que Andalucía mantenga el liderazgo mundial en esta producción.

Ha acusado al portavoz popular de criticar este proyecto con "demagogia" porque sabe que la Junta de Andalucía carece de competencias para regular los precios oleícolas y ha explicado que el nuevo texto legislativo ayudará a modificar la actual realidad del sector, en el que "mil (cooperativas) que venden y cinco (grandes distribuidoras) que compran y que saben cuáles son las debilidades del sector".

También ha señalado que la ley "reequilibrará" la actual situación que permite que 6.800 grandes productores se lleven la mitad de las subvenciones comunitarias al sector mientras que la otra mitad se debe de distribuir entre 90.000 pequeños olivareros.

Para Enrique Fernández de Moya, portavoz del PP y alcalde de Jaén -"la capital mundial del aceite de oliva", ha subrayado- esta ley es "un brindis al sol" pues carece de dotación presupuestaria o memoria financiera, deja sus principales iniciativas pendientes a futuros reglamentos y carece del respaldo del sector olivarero.

Ha añadido que el nuevo texto no aborda el "problema endémico" de los precios del olivar, carece de un plan de promoción institucional del aceite de oliva y adolece de "mucha política y poca participación" del sector.

Se ha preguntado cómo es posible que se apruebe esta ley cuando se desconoce cuál será la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2013-2020 y ha espetado: "¿Para qué sirve esta ley si los olivareros están muy por debajo del umbral de la rentabilidad y establece órganos al servicio del gobierno y no del sector. De qué ley me habla cuando el sector está sumido en la ruina y ustedes se convierten una vez más en el enemigo público número uno del olivar andaluz?".

Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) ha denunciado que esta ley no responde a los problemas reales del olivar, como que el precio de la aceituna ni siquiera cubre los costes de producción, la posición de abuso de los intermediarios, de quienes ha dicho que "parece que tienen licencia para robar", o la falta de mecanismos de defensa, como el almacenamiento privado o la lucha contra el fraude de la venta de mezclas de aceite.

"Presentar hoy y aquí una ley sin dinero es como anunciar su muerte antes de que nazca; esta es una ley cobarde, sumisa y totalmente inútil", ha concluido.