La Plataforma por la Defensa del río Castril prepara un recurso para evitar que se reanuden las obras del trasvase

El colectivo basará su recurso en la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la nulidad del Real Decreto de Sequía 2005 que justificaba, entre otras medidas, este trasvase a Baza para corregir los efectos de la escasez de agua en las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

Para el portavoz de la Plataforma, Francisco del Río, "las obras son ilegales y también las expropiaciones forzosas" que se han hecho a los agricultores en base al citado decreto anulado. "Queremos la paralización definitiva de los trabajos, la restitución del espacio natural dañado y que se indemnice al centenar de perjudicados que han visto destrozadas sus explotaciones".

La plataforma mantiene que este trasvase está generando "gran malestar" entre los vecinos porque "supone no sólo la destrucción del patrimonio natural de la zona sino también de los derechos históricos de las comunidades de regantes de la Vega del río Castril".

En contraposición, el colectivo apuesta por que se retome la idea inicial de recoger el agua desde la desembocadura del río en el pantano Negratín y poder usar así infraestructuras ya existentes.

Este cambio en el proyecto "sería posible" porque aún no se ha llegado a ejecutar ni el 50 por ciento de la obra, según el portavoz de la Plataforma en Defensa del Río Castril, quien informó de que, al margen del tramo de tubería que queda por realizar en Cortes de Baza, falta por construir la estación de bombeo que se incluye en el proyecto.

Así las cosas, los integrantes de la Plataforma se reunirán en próximos días para perfilar todos los detalles del recurso y estudiar posibles medidas de presión.

Fue el pasado marzo, y a raíz de la nulidad del Real Decreto de sequía, cuando el Ayuntamiento de Cortes de Baza (Granada) decretó la paralización cautelar de los trabajos de construcción de la conducción subterránea para abastecer a Baza por considerar que contravenían la legalidad.

Esta decisión fue recurrida ante los tribunales por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Abogacía del Estado, y los municipios de Baza, Freila, Zújar y Caniles, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada les ha dado la razón.