Zapatero anuncia que la situación del 'Alakrana' «puede estar encauzada»

El debate generado, después de que los extorsionadores dieran el pasado jueves un golpe de efecto y se llevaran a tres de los tripulantes del pesquero a tierra, ha provocado una situación francamente incómoda para el Ejecutivo. El gabinete de crisis, presidido (ahora desde Argentina) por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, siempre creyó que los piratas iban de farol y que su amenaza de cometer una masacre si sus compinches 'Abdu Willy' y 'Rageesey' no eran devueltos a Somalia sólo buscaba incrementar la presión y, por tanto, la cuantía del rescate que el armador negocia con los jefes de los secuestradores, con ayuda de la diplomacia y los servicios secretos españoles.

Las noticias que llegaban desde el barco a las familias y a los medios de comunicación, especialmente en declaraciones del patrón, Ricardo Blach, apuntaban en otra dirección. Blach fue quien anunció, este domingo y tras cuatro días de máxima tensión, que el Gobierno estaba dispuesto a que los dos piratas que permanecen en prisión provisional, a la espera de ser juzgados por la Audiencia Nacional, regresen a su país de origen. El hecho de que cada uno de sus supuestos pasos sea difundido en tiempo real, así como las informaciones que los piratas quieren que los secuestrados difundan, ha terminado por molestar al Ejecutivo. De ahí, el tono severo empleado por Zapatero en su primera y única intervención pública sobre este episodio.

«Pido que se entiendan y se sitúen en su contexto los mensajes que pueden venir desde el barco -reclamó durante su comparecencia en Sopot junto al primer ministro polaco, Donald Tusk-: son personas secuestradas y todo el mundo debe asumir que en sus circunstancias lo que ayuda de verdad es actuar con la máxima prudencia y no dar pábulo a elementos que puedan alentar a los secuestradores». Los somalíes no son piratas desarrapados o sin medios. Tienen acceso a toda la información que se publica sobre el secuestro y el Gobierno sabe que intentarán sacar ventaja de cualquiera de sus declaraciones. Como teme que las críticas lanzadas la pasada semana por el primer partido de la oposición hayan debilitado la posición española frente a los captores. «Es bueno -insistió- que demos una imagen de país». Y por eso, aunque expresó su comprensión ante la angustia que soportan las familias de los apresados, reclamó a los demás «prudencia, discreción y no hacer valoraciones».

Ahora la actitud hostil de los populares parece agua pasada. Zapatero reveló que en la última semana habló dos veces con Rajoy sobre el Alakrana. La última fue este domingo. «Ha habido un cambio de actitud, aunque quede algún rezagado -apuntó quizá en referencia a las recientes críticas de Javier Arenas-; confío en que el apoyo se mantenga porque me ha trasladado que entiende que es lo que el Gobierno necesita para actuar en el menor tiempo posible». De hecho, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, confirmó, ayer en rueda de prensa desde Albacete, que el Gobierno tiene el apoyo de su partido para que haga «todo lo que tenga que hacer para traer a los tripulantes del 'Alakrana' sanos y salvos a España».

Poder judicial

Ahora el jefe del Ejecutivo está implicado de lleno en la resolución de este conflicto. Además, la vía diplomática es la prioritaria en la actuación del Gobierno y, además, se están estudiando cauces legales que permitan extraditar a Somalia a los raptores capturados por la fragata española 'Canarias' cuando abandonaban en un bote el pesquero apresado. Zapatero aseguró que ni el Gobierno ni ninguna «autoridad del Estado» (una fórmula que remite al ámbito judicial) van a «regatear ni un sólo esfuerzo» para que los 16 marineros españoles estén cuanto antes en casa.

Y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño -también presente en la cumbre- explicó que Exteriores trabaja con el Gobierno de Somalia para alcanzar un convenio que permita que los piratas somalíes sean juzgados en su país. Esta vía ofrece no pocas dificultades porque el país africano es un Estado fallido. España tiene las relaciones congeladas desde 1991 porque entendía que no había interlocutores que dieran fiabilidad a los acuerdos. Aún así, el ministro recordó que existen canjes con otros países cuya organización estatal es también dudosa.